miércoles, 28 de junio de 2017

Nuevo sistema de justicia penal, señales de alerta

Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días, el Diario de Yucatán dio cuenta de dos robos cometidos en un exclusivo fraccionamiento del norte de la ciudad. Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los domicilios lograron captar imágenes de uno de los ladrones. Era el mismo personaje que, meses atrás, cometió un asalto similar en Quintana Roo. En esa ocasión fue detenido y llevado a juicio en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Admitió su culpa; aceptó reparar el daño y devolvió a la víctima del robo dos tantos más de lo que supuestamente había sustraído. Una vez conseguido el perdón por esta vía, salió a la calle para continuar sus actividades delictivas. La situación narrada es llamativa, pero no es excepcional. Tal parece que existe una puerta giratoria, una especie de rehilete, por el que más tardan los delincuentes en ser detenidos, que en lograr su libertad al amparo de los nuevos procedimientos judiciales.

Un breve repaso a las características del nuevo sistema de justicia penal puede ayudar a normar nuestro criterio sobre sus retos y posibilidades. Primer paso: la denuncia o detención inmediata, si la persona es sorprendida en flagrancia, tal como lamentablemente sucedió con el asesino de la joven mujer en Plaza Fiesta. Si esto último sucede, pasa de inmediato al juez. Segundo paso: la investigación. Corre a cargo de la policía especializada, que en el caso de Yucatán depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Con los elementos recabados, es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determina si se cuenta con suficientes evidencias para acudir al juez de control, que decide si se somete a juicio a la persona imputada. Si es el caso, el juez puede imponer medidas cautelares para asegurar su presencia. Tercer paso: el juez admite las pruebas que se revisarán durante el juicio y que son presentadas tanto por el imputado como por la víctima. En esta etapa del proceso es cuando se dan las llamadas “salidas alternativas”. Significa que el imputado acepte su culpa (como el ladrón de cajas fuertes) y repare el daño ocasionado a la víctima. Si el esfuerzo de mediación fracasa, se sigue juicio. Cuarto paso: el juicio oral. En el nuevo sistema de justicia, implica una audiencia pública en que el ministerio público, que actúa como acusador, y la defensa del imputado debaten ante el juez. Con estos argumentos, el juzgador decide sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado.
 
Desde mi perspectiva, son tres las novedades del recién implantado sistema penal.

1.- La cárcel. En el sistema anterior, cualquier acusado tenía en los hechos que demostrar su inocencia, las más de las veces, desde la cárcel. Si la media de prisión por los delitos presuntamente cometidos era inferior a cinco años, podía enfrentar el proceso en libertad, previo pago de una fianza. Esto hacía que solamente aquellos que contaran con recursos económicos, además de un buen abogado, pudieran evadir la prisión preventiva. Ahora, casi todos los “imputados” pueden hacerlo en libertad, portando un “brazalete”, que permite ubicar al procesado donde quiera que se encuentre; o el convencional sistema de presentarse a firmar con cierta periodicidad.

2.-Soluciones alternativas al juicio. Evitan que la gente vaya a la cárcel por robar desde una gallina hasta una caja fuerte. Sólo funcionan en los delitos que no son considerados “graves”, como son homicidio, secuestro, violación. Tampoco existe mediación para la violencia doméstica, que pone frente a frente a víctima y victimario, aunque muchas veces las mujeres otorgan el perdón a los cónyuges o parejas agresoras. “De lo perdido, lo que aparezca”, “más vale un buen arreglo a un mal pleito”, etc., refranes de la sabiduría popular que abonan a la mediación para evitar ir a juicio.

3.-El juicio. Es público y oral. Todo se graba en video-, para cualquier consulta posterior. De esta manera se pueden conocer con claridad los argumentos de las partes y las razones del juez para condenar o liberar al imputado.

No son pocas las voces de la sociedad que critican severamente los resultados de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. En algunos casos, como sucede en la ciudad de México, sus mismas autoridades atribuyen el aumento de los robos y asaltos a los nuevos mecanismos que, supuestamente, hacen nulos los esfuerzos de la policía y de los ministerios públicos para contener las actividades criminales. Y cuando nos enteramos de sucesos como los de los ladrones de cajas fuertes, también se los atribuimos al nuevo sistema, que no dejó bajo resguardo a los delincuentes.


Desconocemos el porcentaje de personas sujetas a proceso que respetan las nuevas medidas cautelares. Parece que sólo uno de cada diez lo hace, en tanto que los demás aprovechan la opción de libertad para poner pies en polvorosa, con todo y brazaletes electrónicos. Los acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército (metralletas, “cuernos de chivo”, morteros, etc.), también pueden rápidamente volver a la calle, porque no es delito grave. Estas aberraciones legales serán seguramente corregidas en breve tiempo. Pero falta el cambio verdadero, que se manifiesta en el terreno de la cultura y las prácticas sociales. ¿Por qué no huyen los acusados en Estados Unidos y aquí sí? Porque conocen el elevado costo que representa hacerlo. Reaprehendidos, los mandan a prisión sin alternativa alguna. La reincidencia delictiva se castiga duramente. Por eso la sociedad confía en un sistema que da oportunidad de rectificación. Pero si la persona no la aprovecha, entonces cae sobre ella el “duro peso de la ley”. Es el siguiente paso que debemos dar. En tanto, démosle oportunidad de madurar al nuevo sistema de justicia penal. Arreglémoslo, mejorémoslo, pero no lo desdibujemos y sobre todo, no caigamos en la nostalgia de extrañar el pasado. dulcesauri@gmail.com

miércoles, 21 de junio de 2017

Continuidad o cambio, dilema político.

Dulce María Sauri Riancho
El ambiente político trae vientos de cambio. En vísperas electorales, el partido en el gobierno -sea PRI, PAN o cualquier otro- insiste en remarcar logros. Las oposiciones de cualquier signo, machacan sobre los errores, deficiencias y vicios de la gestión pública saliente. Unos, los del gobierno, prometen continuar; otros, desde la oposición, dar paso a una nueva etapa. Habrá tiempo para discutir sobre las propuestas de cambio que, supongo, habrán de presentar los partidos y sus candidatos en cuanto sean definidos por las distintas organizaciones. Enfrascados en la barahúnda política, poco se habla sobre lo que se quiere preservar, no por parte del gobierno o de los candidatos, sino por exigencia de la sociedad. Por eso, amigos lectores, quisiera iniciar con ustedes un análisis sobre aquellas políticas y acciones de los actuales gobiernos estatal y municipal que debieran ser mantenidas por quien resulte triunfador@ en la contienda electoral del 1º de julio del año próximo.

No es fácil distinguir lo que vale la pena preservar de la actuación de un gobierno cuando llega su final. Es más fácil prestar atención a los errores, vicios y deficiencias que a los aciertos. En esa estrategia de “cambiar por cambiar”, se han desechado proyectos cuya maduración rebasa los límites de una administración; se han modificado estrategias de largo plazo, sin debatir sobre ellas, simplemente porque correspondían al anterior gobierno. Algunas veces sucede entre militantes de un mismo partido, aunque este fenómeno se ha observado principalmente cuando viene la alternancia.

Considero que hay consenso entre la sociedad yucateca sobre la importancia de mantener la seguridad pública y el ritmo de crecimiento económico. Son los dos temas más visibles, que aún los críticos más acendrados reconocen como logros del actual gobierno. Sin embargo, poco se habla de la cultura como una estrategia fundamental para mejorar y consolidar la calidad de vida de dos millones de yucatecos. Menos aún, de considerar a las políticas públicas y a los programas culturales asociados a la seguridad y al bienestar colectivo. Incluso, periódicamente hay intentos de descalificación sobre la inversión en proyectos vinculados a las artes y al desarrollo de los talentos de la niñez y juventud en estas ramas. El futuro “Palacio de la Música”, erigido en la emblemática esquina de la 58 con 59, parece desdecir esta indiferencia. Sin embargo, necesita tiempo para pasar de ser una construcción a un verdadero centro de desarrollo artístico.

En cinco años, esta administración ha impulsado mucho más que obras materiales en la cultura y las artes de Yucatán. Argumento mi dicho con tres experiencias personales que, a mi juicio, demuestra que vamos en dirección correcta.

El martes 13, tuve ocasión de asistir a un concierto de música de cámara cuyos ejecutantes son alumnos de la Escuela Superior de Música de Yucatán. Piano, flauta, cello, violín, viola, se entremezclaron en un programa que muestra la alta calidad académica que alcanzan los estudiantes que se forman en sus aulas. La ESAY, por formar parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, responde a una estrategia de largo aliento para consolidar a nuestro estado como centro regional de excelencia en investigación y desarrollo científico, en el cual las artes tienen un destacado papel.

El domingo anterior acudí a la representación de la ópera “Pagliacci” de R. Leoncavallo. Fue el cierre de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, después de trece magníficos conciertos. El esfuerzo desplegado en el escenario, no sólo fue de las figuras principales y la orquesta, sino también del Taller de Ópera de Yucatán dependiente de la Secretaría de Cultura, cuyos integrantes formaron los excepcionales coros de esta producción.

Este lunes acudí a la presentación de resultados del Taller de composición musical de la ESAY. Con el provocador título de “Clásicos del Futuro”, tres jóvenes estudiantes presentaron sus obras ejecutadas por músicos titulares de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que pusieron su virtuosismo a las órdenes de los noveles compositores. Si formar intérpretes de excelencia es un enorme reto, generar condiciones para el desarrollo de la creatividad que implica la composición musical, es todavía más complejo. Y está sucediendo en Yucatán, quizá sin que muchos de nosotros nos demos por enterados.

El denominador común de estas tres manifestaciones artísticas es la Continuidad. Arraigar una orquesta sinfónica en la sociedad yucateca ha tomado más de trece años, mismo periodo ´que lleva el Taller de Ópera. Coincidentemente, la ESAY fue fundada también en 2004. En ese emblemático año para las instituciones culturales yucatecas, gobernaba el PAN. Se desarrollaron en una administración priísta y están dando frutos en otra del mismo partido. Ha sido posible por las mujeres y los hombres que han dedicado su energía, su tiempo y su voluntad a librar toda clase de obstáculos para salir adelante. También porque el gobierno les ha brindado apoyo. Un fideicomiso garantiza una aportación anual gubernamental a la Sinfónica, que se combina con las donaciones de cientos de personas. Las secretarías de Cultura y de Investigación, Innovación y Educación Superior tienen un destacado papel en la formación de creadores, ejecutantes, críticos y docentes especializados en todas las disciplinas relacionadas con la actividad artística.


En el dilema de “continuidad o cambio”, bien vale luchar por las instituciones culturales de nuestro estado. Que se profundice el compromiso gubernamental con sus programas y acciones. Que los funcionarios sepan que la sociedad así se los exige. Y que los candidatos, ¡lo pongan en sus radares políticos!. dulcesauri@gmail.com

miércoles, 14 de junio de 2017

Segunda vuelta electoral: Pensarlo dos veces

Dulce María Sauri Riancho
En medio del ruido mediático de las recientes elecciones en cuatro entidades, se retoma la propuesta de la segunda vuelta electoral como un camino para superar la situación de un Ejecutivo federal electo por menos de un tercio de los votantes. Si gobernar cada vez es más difícil, señalan sus promotores, hacerlo sin la voluntad mayoritaria y con un Congreso dominado por las fuerzas opositoras sólo se traduce en parálisis institucional y fragilidad en el ejercicio de gobierno. El remedio sería que, a semejanza de Francia, hubiera una segunda votación en la que participaran sólo los dos candidatos más votados en la primera. De esta manera se tendría la certeza de que al menos inicialmente el Ejecutivo federal tendría el apoyo de más de la mitad del electorado.

Impecable planteamiento, sí, pero con tres asegunes. Son la oportunidad de la medida; si existe viabilidad para adoptarla y el más importante, si verdaderamente contribuiría a la solución del déficit de legitimidad que parece acompañar ineludiblemente el destino de los gobiernos de minoría.

Tres elementos

Tres elementos que es necesario explorar antes de tomar partido a favor o en contra de la segunda vuelta.

Por ejemplo, si hubiese habido segunda vuelta en 2012, Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador, entonces por el PRD, se hubiesen enfrentado. Es muy probable que el tercer lugar del PAN se hubiese traducido en apoyo al candidato priista. O no. Sin embargo, no se hubiera resuelto el tema de un Congreso dividido entre siete partidos políticos. El Pacto por México fue un esfuerzo inédito de suma política que mostró rápidamente sus límites. Con base en esta experiencia, desde la reforma político-electoral de 2014, la Constitución contempla la figura del “gobierno de coalición”. Es la vía para que el presidente electo pueda conformar un acuerdo de largo alcance con alguna de las fuerzas opositoras, de tal manera que garantice la ejecución de su programa y la actuación eficaz de su administración. En 2018 se podrá aplicar por primera vez, si quien resulte triunfador@ así lo decide. Parecería suficiente para enfrentarse a la incertidumbre de un gobierno dividido.

Sin embargo, esta reforma no resuelve el problema de un presidente electo sólo por un tercio de los votantes, es decir, de una mayoría que se opuso a que llegara a gobernar.

Con la segunda vuelta electoral no sólo se trata de votar dos veces para la Presidencia, sino también de garantizar la gobernabilidad a partir de una mayoría en el legislativo. ¿Daría el sistema electoral, los recursos, la paciencia y la participación del pueblo mexicano para que hubiese cuatro elecciones en un lapso de 45 días? La respuesta sería un rotundo no. Entonces, ¿qué hacer? Caben dos posibilidades. Una, que la elección presidencial de la primera ronda se realice un mes antes. Significaría que el 5 de junio del año próximo emitiéramos nuestro voto y que los dos candidat@s más votad@s fueran a la segunda vuelta el 1 de julio, junto con las elecciones de diputados y senadores, así como los comicios locales concurrentes. Como factor en contra, se puede aducir que los candidatos a legisladores de los dos partidos o coaliciones participantes en la segunda vuelta de la elección presidencial concentrarían la votación, en detrimento de las otras fuerzas políticas.

La alternativa

La alternativa sería hacer un mes después la segunda ronda presidencial. Con esta opción se tendría un presidente con más del 50%, pero no se resolvería la cuestión de un gobierno dividido.

La ley vigente impone “veda” de reformas electorales tres meses antes de que se inicie el proceso. En este caso, la prohibición comienza en junio de este año. Se argumenta que “ya no hay tiempo” para cambios mayores. Pero el Constituyente Permanente está por encima de esta norma. Sí se puede reformar la Constitución y mediante artículos transitorios, dar viabilidad a su aplicación en 2018.

El dinero tampoco sería argumento. El escenario de dos votaciones no implica necesariamente cuantiosas erogaciones adicionales para el proceso electoral. Los candidatos presidenciales tendrían un mes menos de campaña electoral y el ahorro presupuestal podría aplicarse en la primera jornada, la de junio. Serían otros los problemas, por ejemplo, la impugnación de resultados y el desahogo oportuno de los recursos de revisión en menos de 30 días.

Si no es el dinero, si no es el tiempo, ¿dónde está el principal obstáculo para la implantación de una segunda vuelta electoral para la presidencia de la república? Se encuentra en la lectura política de la medida, que se asumiría como concertada contra Andrés Manuel López Obrador.

Yo matizaría esta afirmación, después de los resultados del Estado de México. Más cuando la alianza de las fuerzas de izquierda hacia 2018 parece extraviarse entre intereses y descalificaciones de sus personajes más importantes. En cuanto al PAN, su exigencia de anular la elección en Coahuila puede dar al traste con cualquier intento de lograr la mayoría calificada que requiere esta reforma.

El escenario más probable es que no haya segunda vuelta para la elección presidencial de 2018. Pero ¿si pensamos más allá y se legislara ahora, con aplicación hasta el proceso de 2024?

Habría tiempo para organizarse, para utilizar la opción de gobierno de coalición y probar su eficacia. Y a los ciudadanos, nos darían una segunda oportunidad de pensar nuestro voto y de manifestarnos en consecuencia.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 7 de junio de 2017

Espejo a mirar en comicios de 2018. Ecos electorales 2017: Segunda vuelta

Dulce María Sauri Riancho
Culminó la jornada electoral sin contratiempos mayores. Una vez más la ciudadanía estuvo muy por encima de los partidos políticos y de sus gobiernos. Votaron, en algunos casos, en porcentajes de participación inéditos, y definieron ganadores por márgenes estrechos en el Estado de México y Coahuila (en este estado, con un avance del PREP relativamente bajo, 73%), no así en Nayarit donde triunfó el candidato de la coalición PAN-PRD con un porcentaje holgado. No hubo sorpresas por el avance del PAN-PRD en Veracruz, otrora bastión de votos priístas. En la noche del domingo, dirigentes partidistas y candidatos se proclamaban triunfadores, sin más información que sus ardientes deseos y algunas aventuradas encuestas de salida de casilla. En este sentido, nada nuevo bajo el sol electoral. Lo cierto y evidente es que quien se imponga en la elección de gobernador del estado más poblado del país, México, y del norteño Coahuila, lo hará con el voto de menos de una tercera parte de los electores que votaron, pues las otras dos sufragaron por opciones distintas.

Todavía falta un largo postelectoral, donde partidos y candidatos tratarán de hacer valer diversos argumentos jurídicos y legales para lograr la anulación de suficiente número de casillas para revertir el resultado. El PAN adelantó que procederá contra lo que calificó como “elección de Estado” en la gubernatura del Estado de México. Coahuila puede convertirse en bastión de la resistencia opositora contra el triunfo del PRI, que ha unido al PAN, Morena y a un candidato independiente en un frente común.

Las declaraciones de Margarita Zavala, responsabilizando al dirigente nacional de su partido y también precandidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya, del descalabro electoral de Acción Nacional, muestran la gran tensión que se vive en el interior del PAN. Vale recordar el refrán: “del plato a la boca, se cae la sopa”, pues hace un año el PAN y su joven presidente se “comían” el mundo, y aceleraban los relojes políticos en su marcha triunfal a 2018. Estas elecciones los han devuelto a la realidad de contiendas competidas y de la indispensable cohesión interna para enfrentar a sus adversarios políticos. Y tal vez, a vacunarse contra el “síndrome Madrazo”, ese que afectó al PRI en 2005 cuando su presidente nacional decidió abandonar su papel de árbitro del proceso interno y postularse para la candidatura presidencial, sin obstáculo alguno que pudiera impedírselo. El resultado se conoce muy bien: el PRI se fue hasta el tercer lugar en el resultado de las urnas.

Morena recibió asimismo una dosis de realidad. Solos pueden volverse el partido del “ya merito”. Un poco de modestia a la hora de negociar con otras fuerzas de izquierda en el Estado de México le hubiera valido los puntos para hacer la diferencia. Pero los pleitos internos, convenientemente acicateados por quienes sabían del peligro de una coalición con el PRD, lograron descarrilar su propósito de ganar la elección más importante antes de la presidencial. Su dirigente histórico está entrampado entre una estrategia de resistencia civil al más fiel estilo de 2006, o de inaugurar una nueva etapa de utilización de las instancias judiciales para hacer valer sus argumentos de nulidad. Si Morena se decide a luchar en los tribunales electorales, tal vez logre en alianza con el PAN un resultado favorable a sus intereses. O si sus argumentos no dan para revertir el resultado, tendrá la oportunidad de mostrarse ante la ciudadanía del país como una fuerza respetuosa de las instituciones electorales que, con todos sus defectos, nos ha costado tanto construir.

En el PRI, ¡cuidado con las campanas al vuelo! Dos de tres gubernaturas no serían malas cuentas, pero puede ser un espejismo si no se dimensionan adecuadamente: en los estados en los que ganaron, el PRI y sus aliados electorales apenas rebasaron el 30% de la votación. Coahuila sigue en ascuas. En el Estado de México ganó, pero de panzazo. Una revisión de los resultados de la votación muestra que, además del “voto duro”, pudieron captar el “voto útil” de panistas que vieron perdida la causa de su candidata. En Veracruz no logró remontar la crisis que lo llevó a perder la gubernatura. Perdió Nayarit por la máxima diferencia de esta jornada, 12 puntos, con la coalición PAN-PRD. Aun así, el PRI podrá llegar a su asamblea de agosto mucho más tranquilo que si hubiera sido derrotado en este proceso. El proceso interno de postulación de candidat@ a la presidencia de la república es el “salto de la muerte”, sobre todo si se pretende operar a un viejo estilo, que el tiempo se ha encargado de demostrar inoperante.

No es aventurado señalar que el domingo pasado es espejo para mirar el 1 de julio de 2018. Sobre todo en los resultados con diferencias mínimas. Viene entonces la pregunta sobre la pertinencia de la “segunda vuelta” electoral. Hasta hace muy poco la hubiera desechado sin más. No sé si haya tiempo político para discutirla, diseñarla y aplicarla el año próximo. Por ejemplo, si existiera ahora en el Estado de México, en un lapso breve, un mes quizá, Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, los dos candidatos más votados, se enfrentarían nuevamente en las urnas. Son dos partidos, dos proyectos políticos y dos visiones distintas y contrastantes. Quizá valga la pena intentarlo para la elección del próximo año. Sobre esta cuestión profundizaré la próxima semana.— Mérida, Yucatán.