miércoles, 31 de mayo de 2017

Elecciones 2017. Lo local es nacional

Dulce María Sauri Riancho
Este miércoles, día último de mayo, cierran las campañas electorales en cuatro entidades del país. Son quizá los comicios estatales que más interés han despertado en los últimos años, en parte por su proximidad con los procesos de 2018 y porque en dos de los estados, México y Veracruz, se concentra más del 20% de los votantes de todo el país. Se dice —y con razón— que estas elecciones son un indicador de lo que nos espera el año próximo, no sólo en cuanto a los resultados, sino a la forma como se ha organizado el proceso por parte de los órganos electorales, el comportamiento de los partidos políticos y de sus candidatos, la conducción de las autoridades gubernamentales y, sobre todo, por la aceptación o no de los resultados por parte de las fuerzas políticas en pugna. Tres estados elegirán gobernador/a el 4 de junio. Se trata de dos gubernaturas, México y Coahuila, donde sólo ha ganado el PRI desde su fundación como PNR hace más de 88 años. Nayarit ya ha registrado gobierno de oposición al PRI, cuando en 1999 triunfó el padre del actual candidato de la alianza PAN-PRD.

En el Estado de México se votará exclusivamente para elegir a su gobernante por seis años. En Coahuila, la elección comprenderá también a 38 ayuntamientos y a 25 diputados al Congreso del Estado. En el caso de Coahuila, el periodo es sexenal para la gubernatura, pero los ganadores de las contiendas municipales sólo se desempeñarán por un año, lo que significa que en 2018 habrá otra vez elecciones. En Nayarit, quien gane la contienda por la gubernatura lo hará por cuatro años, mismo plazo que desempeñarán los alcaldes electos, que no podrán reelegirse en 2021. En Veracruz no se elige gobernador, sólo 212 ayuntamientos. Ellas y ellos durarán cuatro años en sus cargos municipales, también sin posibilidad de reelección inmediata.

Como podrá desprenderse con la lectura de esta abigarrada información, en cuanto a plazos hay de todo: gubernaturas cortas, alcaldías largas y otras brevísimas. Lo cierto es que, al menos en Coahuila y Estado de México, en el futuro se seguirán realizando elecciones de gobernador en vísperas de las presidenciales.

Las encuestas previas a la elección han sido escasas, al menos en los medios impresos nacionales. Como dice el refrán: “El que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla”. Esto parece haberles sucedido a los encuestadores en los casos de Coahuila y del Estado de México. Han sido tan sonoros los fracasos en sus pronósticos de resultados en elecciones anteriores, que varias casas de encuestas han optado por callar. Es cierto que el horno no está para bollos. Imagínense ustedes el ánimo para recibir a un entrevistador desconocido en aquellos lugares del Estado de México azotados por la inseguridad, o de Coahuila, en especial en su zona fronteriza. Además, la gente que ha decidido votar por una opción contraria al partido en el gobierno calla su intención y sólo la manifestará en su boleta, entre las mamparas de las urnas. Hasta ahora, ninguna empresa televisora ha comprometido encuestas de salida de casilla para pronosticar un ganador. El panorama es tan incierto, que incluso analistas políticos avezados en estas lides se han negado a dar una opinión en cuanto a posibles triunfadores, conscientes de lo apretado de la contienda. Además, está el tema de las impugnaciones legales a los procesos. Existe el antecedente de anulación de elecciones locales por irregularidades. Estas determinaciones han afectado al PRI, como en Colima en 2015 ó en Tabasco, en 2000, aunque en ambos casos, el mismo partido que ganó la elección ordinaria se impuso en la extraordinaria. Lo mismo puede ocurrir en el Estado de México. Las acusaciones mutuas han menudeado. Un resultado apretado a favor del PRI puede judicializar el proceso. Si se llegase a presentar un escenario de anulación —improbable pero posible— el Congreso, con mayoría priista, elegiría un gobernador interino y se repetiría la elección, tal vez en forma simultánea con la presidencial del año próximo. Este escenario vale también para Coahuila y Nayarit.

En Veracruz, el PRI parece haber optado por una retirada estratégica. Su estructura electoral se encuentra virtualmente desmantelada y sus candidatos navegan en solitario. Lo lamento, porque fue justamente en ese estado, en septiembre de 2001, cuando los resultados obtenidos en la elección local mostraron que era posible recuperar el terreno perdido en las elecciones federales de 2000. En el Estado de México ganar es condición necesaria para el partido en el gobierno, para competir en la elección presidencial de 2018. Pero no resulta suficiente, como se demostró en 1999 y 2005, cuando a pesar el triunfo, el PRI perdió la presidencia de la República. Son tres gubernaturas en manos del PRI las que estarán en juego el próximo domingo. ¿Cómo afectará a los partidos un triunfo o una derrota en la postulación de candidaturas a la presidencia de la República y a las gubernaturas de 2018? Lo veremos y comentaremos con ustedes la próxima semana.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 17 de mayo de 2017

Paridad y reelección, urgen reglas.

Dulce María Sauri Riancho
El pasado 8 de mayo, las páginas del Diario Oficial del gobierno de Yucatán dieron a conocer dos importantes decretos en materia de Paridad. El primero, una reforma al artículo 16 de la Constitución del Estado (apartado A), que obligará a todos los partidos políticos a registrar igual número de mujeres y hombres en las candidaturas a las presidencias municipales y a las regidurías de los ayuntamientos. El segundo decreto incluye las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 214 y 221) y a la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán (artículos 3, 25 f. XXVI, 34). La denominada coloquialmente “ley electoral” establece el mecanismo para asegurar la paridad horizontal: “Cada uno de los géneros encabezará el 50% de las planillas de candidatos a regidores que contenderán en los municipios del estado”. Mitad y mitad no sólo en las candidaturas a presidente/as municipales, sino también en la integración de las planillas de regidor/as.

Por su parte, la Ley de Partidos los obliga a observar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la postulación de candidaturas. Lo más interesante de esta nueva disposición es que los partidos políticos tendrán que determinar y hacer públicos “los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y a regidores”. Además, éstos “deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros”. Por primera vez una norma yucateca aborda el tema de la violencia política contra las mujeres, pues la reforma a la Ley de Partidos los hace responsables de garantizar que las militantes de su organización “que contiendan o ejerzan un cargo de elección popular” no sean objeto de violencia política en su contra. También los obliga a sancionar internamente a quienes la ejerzan.

Varias e importantes noticias derivan de las reformas en materia de Paridad. La primera es la obligación legal de respetarla de todos los partidos políticos, sin excepción alguna. En 2015, sin la obligación de paridad, las presidentas municipales disminuyeron significativamente en número, pues sólo ocho de 106 ayuntamientos están encabezados actualmente por una mujer, cuando tres años antes, en 2012, fueron electas 16. En cambio, gracias a la paridad, la actual legislatura local tiene un número récord de diputadas, nueve (36%), que contrasta con las poquísimas alcaldesas (7.5% del total). Algunas voces interesadas señalan la imposibilidad de los partidos políticos de encontrar “suficientes” mujeres interesadas en las candidaturas y dispuestas a presentarse como candidatas. Otro argumento engañoso: “no hay mujeres capaces” para ser alcaldesas, diputadas, etcétera, como si en el sexo opuesto abundaran los ejemplares sabios, conocedores y, sobre todo, incorruptibles. Cuando escucho estos “razonamientos”, no puedo menos que remitirme a los estereotipos de género, que niegan capacidades a las mujeres para desempeñarse en la vida pública.

Pero ¿qué sucede si un partido político no respeta la paridad en las candidaturas? Sencilla respuesta: el Instituto Electoral le negará el registro de sus candidato/as y le dará un periodo para enmendar la deficiencia. Y si persiste, ni su emblema ni sus contendientes aparecerían en las boletas electorales.

La paridad de género no será la única novedad en las elecciones del 1 de julio de 2018. También se aplicará por primera vez la reelección consecutiva para diputado/as y alcaldías. En el caso del Congreso, el asunto será menos difícil en cuanto a la paridad, al menos para el PRI, pues de sus 13 legisladores, más de la mitad (54%) son mujeres. No es el caso del PAN, con la solitaria presencia de Beatriz Zavala. En cambio, el PRI y el PAN tendrán problemas con la reelección consecutiva de sus alcaldes y la aplicación del principio de la paridad. El PRI, que gobierna en 69 municipios, tendría que postular puras mujeres como candidatas a las alcaldías donde es oposición (37), bajo el supuesto de que todo/as las actuales autoridades buscaran la reelección. Y esto sin considerar la composición de las planillas de regidor/as, pues tendría que prescindir de varios actuales ediles para ser sustituidos por personas del sexo femenino. El PAN, como gobierna menos municipios, 24, tendría aparentemente menores dificultades. En el caso del cabildo de Mérida, si Mauricio Vila desoye las voces de sirena y busca la reelección, el PAN tendría que sustituir a uno de los actuales regidores por una mujer. Lo mismo sucedería en todas las planillas que no ajustaran el número mágico de 50-50.

La paridad es sólo uno de los retos de la organización del proceso 2018. Las normas que rigen el desarrollo de las campañas también tendrán que ser revisadas y adaptadas a las nuevas disposiciones de las autoridades electorales. Por ejemplo, ¿cuándo se debe separar de su encargo un alcalde que aspire a ser reelecto? ¿Sólo él/ella, o todos los regidores propietarios que formen la planilla de candidatos? ¿Y los diputados en ejercicio de su encargo? La verdad es que me da pesadillas imaginar enero con ¿100? ¿50? ayuntamientos descabezados y un congreso con puros suplentes. Las autoridades tendrán que garantizar la equidad entre candidatos: unos, tras su reelección, otros, la “retadora”, sin antecedentes institucionales. No hay mucho tiempo para analizar, debatir y fijar las reglas. Ahora sí, se nos queman las habas.

A los partidos, a los órganos electorales, a las posibles candidatas y candidatos. Y sobre todo, a una ciudadanía expectante del cumplimiento de la Ley.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 10 de mayo de 2017

Ley de Aviación Civil. Luces en el cielo

Dulce María Sauri Riancho
En vísperas de Semana Santa, justo cuando comienza el turismo nacional a llenar las playas y los centros vacacionales, hubo dos noticias procedentes de la Cámara de Diputados. Una de ellas, muy alentadora, vino del aire; la otra, proveniente de las carreteras, hizo menguar el optimismo de quienes consideramos que el gobierno tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos a la vida y a la seguridad.
 Comienzo con las reformas a la Ley de Aviación Civil destinadas a regresar al “buen camino” a las aerolíneas que prestan sus servicios a millones de pasajeros en México. Durante muchos años, viajar en avión era privilegio de unos cuantos, por lo caro que resultaba y por razones de seguridad. Al comenzar la década de 1990 la situación comenzó a cambiar aceleradamente. A las dos grandes y tradicionales líneas aéreas, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se sumaron otras de paso fugaz, pero que abrieron camino a las aerolíneas de bajo costo. La primera ley en la materia data de 1993, cuando comenzó a popularizarse el transporte aéreo. Fue al inicio de este siglo cuando surgieron varias líneas que volaban al aeropuerto de Toluca para evadir los problemas y los costos de Ciudad de México. Eran los tiempos de boletos baratos de Volaris, luego de Interjet. Casi simultáneamente, Viva Aerobús mostró en territorio nacional que era posible enlazar ciudades sin pasar necesariamente por el saturado aeropuerto de la capital del país. Por ejemplo, sacando cuentas, era más barato comprar boleto de avión Mérida-México, que ir en el ADO. La libre competencia parecía funcionar a favor de los pasajeros. Mexicana de Aviación se declaró en quiebra en 2010 y la sobreviviente Aeroméxico tuvo que procesar la competencia de las nuevas aerolíneas, más económicas, con equipo más nuevo y con contratos laborales menos onerosos. Las líneas de bajo costo abandonaron el aeropuerto de Toluca y se abalanzaron sobre las posiciones y espacios de aterrizaje que la aerolínea más antigua del país dejó libres en Ciudad de México. Si antes de esta explosión de compañías el aeropuerto de Ciudad de México ya estaba rebasado, ahora opera al filo del caos, tanto en el área de atención a los pasajeros como en la capacidad operativa de las pistas. Al inicio de esta administración federal se tomó la determinación de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, para dar servicio a la capital del país y conectarnos más eficazmente con el mundo por vía aérea.

Mientras se concursaban las obras multimillonarias del nuevo aeropuerto y empezaba su edificación, concluyó el “veranillo” de los pasajeros-clientes. Inexorablemente, las condiciones comenzaron a modificarse en su contra. Las líneas de “bajo costo” empezaron a aumentar sus precios a través de mecanismos imaginativos, pero no por ellos menos gravosos. Oferta de tarifas sin incluir el IVA ni impuestos de uso de aeropuerto; cuota para combustible y, desde luego, costo adicional por el asiento (mientras más cerca del piloto, más caro), y lo último, pago desde la primera maleta. Las demoras, con la excusa o razón de “saturación del espacio aéreo” de Ciudad de México, se volvieron costumbre; la pérdida de equipajes, cada vez más frecuente. La sobreventa de boletos, supuestamente autorizada, hizo que familias enteras se quedaran en tierra, complicando enormemente concluir su viaje.

Las reformas a la Ley de Aviación Civil recién aprobadas buscan poner un “hasta aquí” al deterioro en la calidad de los servicios aéreos. Reconozco los estándares de seguridad que mantienen las aerolíneas. Les confiamos nuestras vidas cuando nos subimos a un avión. Pero ello no es razón para pagar por todo, hasta por el vaso de agua que se reparte a bordo. Ahora habrá penas pecuniarias por retrasos, por sobreventas; premios a quienes decidan libremente dejar sus lugares; atención a las necesidades especiales de los viajeros con discapacidad; maletas de mano de una sola dimensión.

Veinticuatro horas para cancelar tu boleto recién comprado, si se equivocó en la fecha o cambió de idea. Indemnización decorosa por pérdida o daño al equipaje.

Es absolutamente posible conciliar los intereses económicos de las líneas aéreas, la libre competencia y la calidad en el servicio, si existe regulación y voluntad política de aplicarla. Eso demostró la Cámara de Diputados. Todavía falta el tránsito por el Senado para que estas reformas sean publicadas y causen efecto. Pero ya se dio un gran paso.

En otra ocasión abordaré el tema de los dobles-remolques en las carreteras federales. Sigue sin solución un tema de lógica elemental, entrampado en la red de intereses que privilegian los grandes tonelajes a la vida de las personas. Me pone el pelo de punta leer que para no pagar las cuotas de la autopista a Cancún, el transporte de carga prefiere utilizar los angostos caminos de Tizimín-Colonia Yucatán que, además, ofrecen la ventaja del poco tráfico. No se vale.

Luces en el cielo. Sombras en la tierra. Este fue el saldo de este periodo ordinario de sesiones en relación con el transporte moderno, confortable, digno y de precio razonable que exige el desarrollo del país.


jueves, 4 de mayo de 2017

Mérida en 2040. Nuevo programa municipal

Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días se dio a conocer el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para Mérida. Tiene la pretensión de orientar el desenvolvimiento de la ciudad capital y sus comisarías hasta el 2040. El procedimiento seguido para formular el documento de 435 páginas y numerosos anexos con detallada información, se prolongó por más de un año. Hay mucha miga para desmenuzar en un estudio tan extenso y detallado. Decidí comenzar con los temas relacionados con la vivienda de los meridanos, pieza central de cualquier iniciativa que aspire a crear condiciones de bienestar para la población. La ciudad de Mérida es el eje de un sistema constituido por 47 comisarías y sub-comisarías, donde se hallan registradas 328,000 mil viviendas, de las cuales el 70% están ocupadas. En el capítulo de Antecedentes, los autores remarcan una y otra vez que la superficie urbana de Mérida ha crecido incontroladamente desde la década de 1980, pero muy en especial en lo que va del siglo XXI. Que por esta razón existen colonias y fraccionamientos alejados del centro de la ciudad de Mérida, mientras las comisarías y sus pobladores están sujetos a la presión de las inmobiliarias. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! Esta situación no ha sido generada por el crecimiento de la población. Ni han nacido más niño/as de los aproximadamente 15,000, ni tampoco han fallecido más de 8,000 personas en promedio cada año. Aunque nos parezca extraño, de acuerdo a los datos del Programa, tampoco ha habido una llegada masiva de habitantes de otras partes del país y del extranjero. Oficialmente, el municipio de Mérida no llegará al millón hasta después de 2020, (en 2015 éramos 892,363 habitantes, de acuerdo al Conteo oficial) es decir, dentro de 3 años, aunque por el tráfico vehicular pensemos otra cosa. Relativamente pocos pobladores distribuidos en el territorio municipal de 883.4 kilómetros cuadrados, ocasionan lo que el Programa denomina “desarrollo urbano expansivo y disperso” en más de 26,000 hectáreas. En consecuencia, uno de los propósitos centrales del PROMUDUR (el acrónimo es mío) es la “densificación” de la mancha urbana con la finalidad de aprovechar la infraestructura de agua, luz, calles pavimentadas, etc., en vez de andar abriendo nuevos desarrollos fuera de los límites del Periférico. Puestos en el banquillo de los acusados, los meridanos somos culpables de estar muy por debajo de las densidades habitacionales recomendadas por el Programa Nacional de Vivienda (PRONAVI), de 60 a 80 viviendas por hectárea, en vez de las 20 que registra el promedio municipal. A estos datos se suman los índices de hacinamiento. Una vez más, Mérida está abajo del promedio, pues registra menos de un habitante por cuarto, cuando debería consignar, por lo menos, 1.5. Vivimos pues, en terrenos amplios y sin estar “achocados”. Aunque las estadísticas suenen bonito, no es la realidad de algunas comisarías ni tampoco de todos los rumbos de la ciudad de Mérida, donde el hacinamiento familiar y el mal estado de la vivienda son todavía una lacerante realidad, aunque los terrenos en los que se ubican sean relativamente extensos.
Volvamos a las políticas del PROMUDUR para densificar el Área Urbanizada por los Asentamientos Humanos de Mérida. La solución, impulsada desde las instituciones del gobierno federal, ha sido el desarrollo de vivienda vertical, léase edificios multifamiliares. Después de leer el documento, reafirmé la idea de que los lotes relativamente amplios que exige el Reglamento de Construcción del Ayuntamiento, son una necesidad y no un lujo; una posibilidad real y no una utopía. Por razones climáticas pero, esencialmente, culturales, ¿qué sentido tiene inducir a las familias de las clases populares a ocupar un pequeño departamento, donde no habrá esperanza de construir un cuarto, o un segundo piso “apenas mejoren las cosas”? ¿Vale la pena en Mérida cercenar las expectativas? El PROMUDU muestra claramente que es innecesario.

Pero también existe otra amenaza: la incertidumbre sobre los usos del suelo, cuyos continuos cambios afectan la vida de las familias. Por ejemplo, cuando después de muchos sacrificios se logra adquirir una casa, y al cabo de pocos años se instala al lado un taller mecánico, con su eterno golpeteo. O el escándalo de los antros que perturba el descanso de los habitantes del recién repoblado centro histórico de Mérida. O los feos edificios introducidos como cuñas en pequeños espacios, como enfrente de la T-1. Fuera de los fraccionamientos de nueva construcción, donde los giros comerciales están autorizados exclusivamente sobre avenidas o se encuentran completamente excluidos, como en los residenciales, no hay certidumbre alguna respecto a la vivienda-habitación justamente en la zona dentro del Periférico, la que el Programa pretende densificar.

Es posible conciliar una política de estímulos para construir los numerosos lotes baldíos que existen en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Mérida, y por ejemplo, la determinación de una joven pareja de adquirir una casita que crezca con el tiempo, tal como lo hicieron sus padres en el pasado. Las herramientas de las autoridades van desde los incentivos para edificar viviendas en los baldíos –propias o como negocio-, hasta una política fiscal en que el predial sea más elevado para aquellos terrenos que permanecen desocupados. De esta manera, las autoridades contarían con recursos para ampliar la infraestructura en aquellos lugares donde se ofrezcan casas con espacio al menos, para el árbol de naranja agria y el limón en el patio.