miércoles, 14 de junio de 2017

Segunda vuelta electoral: Pensarlo dos veces

Dulce María Sauri Riancho
En medio del ruido mediático de las recientes elecciones en cuatro entidades, se retoma la propuesta de la segunda vuelta electoral como un camino para superar la situación de un Ejecutivo federal electo por menos de un tercio de los votantes. Si gobernar cada vez es más difícil, señalan sus promotores, hacerlo sin la voluntad mayoritaria y con un Congreso dominado por las fuerzas opositoras sólo se traduce en parálisis institucional y fragilidad en el ejercicio de gobierno. El remedio sería que, a semejanza de Francia, hubiera una segunda votación en la que participaran sólo los dos candidatos más votados en la primera. De esta manera se tendría la certeza de que al menos inicialmente el Ejecutivo federal tendría el apoyo de más de la mitad del electorado.

Impecable planteamiento, sí, pero con tres asegunes. Son la oportunidad de la medida; si existe viabilidad para adoptarla y el más importante, si verdaderamente contribuiría a la solución del déficit de legitimidad que parece acompañar ineludiblemente el destino de los gobiernos de minoría.

Tres elementos

Tres elementos que es necesario explorar antes de tomar partido a favor o en contra de la segunda vuelta.

Por ejemplo, si hubiese habido segunda vuelta en 2012, Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador, entonces por el PRD, se hubiesen enfrentado. Es muy probable que el tercer lugar del PAN se hubiese traducido en apoyo al candidato priista. O no. Sin embargo, no se hubiera resuelto el tema de un Congreso dividido entre siete partidos políticos. El Pacto por México fue un esfuerzo inédito de suma política que mostró rápidamente sus límites. Con base en esta experiencia, desde la reforma político-electoral de 2014, la Constitución contempla la figura del “gobierno de coalición”. Es la vía para que el presidente electo pueda conformar un acuerdo de largo alcance con alguna de las fuerzas opositoras, de tal manera que garantice la ejecución de su programa y la actuación eficaz de su administración. En 2018 se podrá aplicar por primera vez, si quien resulte triunfador@ así lo decide. Parecería suficiente para enfrentarse a la incertidumbre de un gobierno dividido.

Sin embargo, esta reforma no resuelve el problema de un presidente electo sólo por un tercio de los votantes, es decir, de una mayoría que se opuso a que llegara a gobernar.

Con la segunda vuelta electoral no sólo se trata de votar dos veces para la Presidencia, sino también de garantizar la gobernabilidad a partir de una mayoría en el legislativo. ¿Daría el sistema electoral, los recursos, la paciencia y la participación del pueblo mexicano para que hubiese cuatro elecciones en un lapso de 45 días? La respuesta sería un rotundo no. Entonces, ¿qué hacer? Caben dos posibilidades. Una, que la elección presidencial de la primera ronda se realice un mes antes. Significaría que el 5 de junio del año próximo emitiéramos nuestro voto y que los dos candidat@s más votad@s fueran a la segunda vuelta el 1 de julio, junto con las elecciones de diputados y senadores, así como los comicios locales concurrentes. Como factor en contra, se puede aducir que los candidatos a legisladores de los dos partidos o coaliciones participantes en la segunda vuelta de la elección presidencial concentrarían la votación, en detrimento de las otras fuerzas políticas.

La alternativa

La alternativa sería hacer un mes después la segunda ronda presidencial. Con esta opción se tendría un presidente con más del 50%, pero no se resolvería la cuestión de un gobierno dividido.

La ley vigente impone “veda” de reformas electorales tres meses antes de que se inicie el proceso. En este caso, la prohibición comienza en junio de este año. Se argumenta que “ya no hay tiempo” para cambios mayores. Pero el Constituyente Permanente está por encima de esta norma. Sí se puede reformar la Constitución y mediante artículos transitorios, dar viabilidad a su aplicación en 2018.

El dinero tampoco sería argumento. El escenario de dos votaciones no implica necesariamente cuantiosas erogaciones adicionales para el proceso electoral. Los candidatos presidenciales tendrían un mes menos de campaña electoral y el ahorro presupuestal podría aplicarse en la primera jornada, la de junio. Serían otros los problemas, por ejemplo, la impugnación de resultados y el desahogo oportuno de los recursos de revisión en menos de 30 días.

Si no es el dinero, si no es el tiempo, ¿dónde está el principal obstáculo para la implantación de una segunda vuelta electoral para la presidencia de la república? Se encuentra en la lectura política de la medida, que se asumiría como concertada contra Andrés Manuel López Obrador.

Yo matizaría esta afirmación, después de los resultados del Estado de México. Más cuando la alianza de las fuerzas de izquierda hacia 2018 parece extraviarse entre intereses y descalificaciones de sus personajes más importantes. En cuanto al PAN, su exigencia de anular la elección en Coahuila puede dar al traste con cualquier intento de lograr la mayoría calificada que requiere esta reforma.

El escenario más probable es que no haya segunda vuelta para la elección presidencial de 2018. Pero ¿si pensamos más allá y se legislara ahora, con aplicación hasta el proceso de 2024?

Habría tiempo para organizarse, para utilizar la opción de gobierno de coalición y probar su eficacia. Y a los ciudadanos, nos darían una segunda oportunidad de pensar nuestro voto y de manifestarnos en consecuencia.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 7 de junio de 2017

Espejo a mirar en comicios de 2018. Ecos electorales 2017: Segunda vuelta

Dulce María Sauri Riancho
Culminó la jornada electoral sin contratiempos mayores. Una vez más la ciudadanía estuvo muy por encima de los partidos políticos y de sus gobiernos. Votaron, en algunos casos, en porcentajes de participación inéditos, y definieron ganadores por márgenes estrechos en el Estado de México y Coahuila (en este estado, con un avance del PREP relativamente bajo, 73%), no así en Nayarit donde triunfó el candidato de la coalición PAN-PRD con un porcentaje holgado. No hubo sorpresas por el avance del PAN-PRD en Veracruz, otrora bastión de votos priístas. En la noche del domingo, dirigentes partidistas y candidatos se proclamaban triunfadores, sin más información que sus ardientes deseos y algunas aventuradas encuestas de salida de casilla. En este sentido, nada nuevo bajo el sol electoral. Lo cierto y evidente es que quien se imponga en la elección de gobernador del estado más poblado del país, México, y del norteño Coahuila, lo hará con el voto de menos de una tercera parte de los electores que votaron, pues las otras dos sufragaron por opciones distintas.

Todavía falta un largo postelectoral, donde partidos y candidatos tratarán de hacer valer diversos argumentos jurídicos y legales para lograr la anulación de suficiente número de casillas para revertir el resultado. El PAN adelantó que procederá contra lo que calificó como “elección de Estado” en la gubernatura del Estado de México. Coahuila puede convertirse en bastión de la resistencia opositora contra el triunfo del PRI, que ha unido al PAN, Morena y a un candidato independiente en un frente común.

Las declaraciones de Margarita Zavala, responsabilizando al dirigente nacional de su partido y también precandidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya, del descalabro electoral de Acción Nacional, muestran la gran tensión que se vive en el interior del PAN. Vale recordar el refrán: “del plato a la boca, se cae la sopa”, pues hace un año el PAN y su joven presidente se “comían” el mundo, y aceleraban los relojes políticos en su marcha triunfal a 2018. Estas elecciones los han devuelto a la realidad de contiendas competidas y de la indispensable cohesión interna para enfrentar a sus adversarios políticos. Y tal vez, a vacunarse contra el “síndrome Madrazo”, ese que afectó al PRI en 2005 cuando su presidente nacional decidió abandonar su papel de árbitro del proceso interno y postularse para la candidatura presidencial, sin obstáculo alguno que pudiera impedírselo. El resultado se conoce muy bien: el PRI se fue hasta el tercer lugar en el resultado de las urnas.

Morena recibió asimismo una dosis de realidad. Solos pueden volverse el partido del “ya merito”. Un poco de modestia a la hora de negociar con otras fuerzas de izquierda en el Estado de México le hubiera valido los puntos para hacer la diferencia. Pero los pleitos internos, convenientemente acicateados por quienes sabían del peligro de una coalición con el PRD, lograron descarrilar su propósito de ganar la elección más importante antes de la presidencial. Su dirigente histórico está entrampado entre una estrategia de resistencia civil al más fiel estilo de 2006, o de inaugurar una nueva etapa de utilización de las instancias judiciales para hacer valer sus argumentos de nulidad. Si Morena se decide a luchar en los tribunales electorales, tal vez logre en alianza con el PAN un resultado favorable a sus intereses. O si sus argumentos no dan para revertir el resultado, tendrá la oportunidad de mostrarse ante la ciudadanía del país como una fuerza respetuosa de las instituciones electorales que, con todos sus defectos, nos ha costado tanto construir.

En el PRI, ¡cuidado con las campanas al vuelo! Dos de tres gubernaturas no serían malas cuentas, pero puede ser un espejismo si no se dimensionan adecuadamente: en los estados en los que ganaron, el PRI y sus aliados electorales apenas rebasaron el 30% de la votación. Coahuila sigue en ascuas. En el Estado de México ganó, pero de panzazo. Una revisión de los resultados de la votación muestra que, además del “voto duro”, pudieron captar el “voto útil” de panistas que vieron perdida la causa de su candidata. En Veracruz no logró remontar la crisis que lo llevó a perder la gubernatura. Perdió Nayarit por la máxima diferencia de esta jornada, 12 puntos, con la coalición PAN-PRD. Aun así, el PRI podrá llegar a su asamblea de agosto mucho más tranquilo que si hubiera sido derrotado en este proceso. El proceso interno de postulación de candidat@ a la presidencia de la república es el “salto de la muerte”, sobre todo si se pretende operar a un viejo estilo, que el tiempo se ha encargado de demostrar inoperante.

No es aventurado señalar que el domingo pasado es espejo para mirar el 1 de julio de 2018. Sobre todo en los resultados con diferencias mínimas. Viene entonces la pregunta sobre la pertinencia de la “segunda vuelta” electoral. Hasta hace muy poco la hubiera desechado sin más. No sé si haya tiempo político para discutirla, diseñarla y aplicarla el año próximo. Por ejemplo, si existiera ahora en el Estado de México, en un lapso breve, un mes quizá, Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, los dos candidatos más votados, se enfrentarían nuevamente en las urnas. Son dos partidos, dos proyectos políticos y dos visiones distintas y contrastantes. Quizá valga la pena intentarlo para la elección del próximo año. Sobre esta cuestión profundizaré la próxima semana.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 31 de mayo de 2017

Elecciones 2017. Lo local es nacional

Dulce María Sauri Riancho
Este miércoles, día último de mayo, cierran las campañas electorales en cuatro entidades del país. Son quizá los comicios estatales que más interés han despertado en los últimos años, en parte por su proximidad con los procesos de 2018 y porque en dos de los estados, México y Veracruz, se concentra más del 20% de los votantes de todo el país. Se dice —y con razón— que estas elecciones son un indicador de lo que nos espera el año próximo, no sólo en cuanto a los resultados, sino a la forma como se ha organizado el proceso por parte de los órganos electorales, el comportamiento de los partidos políticos y de sus candidatos, la conducción de las autoridades gubernamentales y, sobre todo, por la aceptación o no de los resultados por parte de las fuerzas políticas en pugna. Tres estados elegirán gobernador/a el 4 de junio. Se trata de dos gubernaturas, México y Coahuila, donde sólo ha ganado el PRI desde su fundación como PNR hace más de 88 años. Nayarit ya ha registrado gobierno de oposición al PRI, cuando en 1999 triunfó el padre del actual candidato de la alianza PAN-PRD.

En el Estado de México se votará exclusivamente para elegir a su gobernante por seis años. En Coahuila, la elección comprenderá también a 38 ayuntamientos y a 25 diputados al Congreso del Estado. En el caso de Coahuila, el periodo es sexenal para la gubernatura, pero los ganadores de las contiendas municipales sólo se desempeñarán por un año, lo que significa que en 2018 habrá otra vez elecciones. En Nayarit, quien gane la contienda por la gubernatura lo hará por cuatro años, mismo plazo que desempeñarán los alcaldes electos, que no podrán reelegirse en 2021. En Veracruz no se elige gobernador, sólo 212 ayuntamientos. Ellas y ellos durarán cuatro años en sus cargos municipales, también sin posibilidad de reelección inmediata.

Como podrá desprenderse con la lectura de esta abigarrada información, en cuanto a plazos hay de todo: gubernaturas cortas, alcaldías largas y otras brevísimas. Lo cierto es que, al menos en Coahuila y Estado de México, en el futuro se seguirán realizando elecciones de gobernador en vísperas de las presidenciales.

Las encuestas previas a la elección han sido escasas, al menos en los medios impresos nacionales. Como dice el refrán: “El que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla”. Esto parece haberles sucedido a los encuestadores en los casos de Coahuila y del Estado de México. Han sido tan sonoros los fracasos en sus pronósticos de resultados en elecciones anteriores, que varias casas de encuestas han optado por callar. Es cierto que el horno no está para bollos. Imagínense ustedes el ánimo para recibir a un entrevistador desconocido en aquellos lugares del Estado de México azotados por la inseguridad, o de Coahuila, en especial en su zona fronteriza. Además, la gente que ha decidido votar por una opción contraria al partido en el gobierno calla su intención y sólo la manifestará en su boleta, entre las mamparas de las urnas. Hasta ahora, ninguna empresa televisora ha comprometido encuestas de salida de casilla para pronosticar un ganador. El panorama es tan incierto, que incluso analistas políticos avezados en estas lides se han negado a dar una opinión en cuanto a posibles triunfadores, conscientes de lo apretado de la contienda. Además, está el tema de las impugnaciones legales a los procesos. Existe el antecedente de anulación de elecciones locales por irregularidades. Estas determinaciones han afectado al PRI, como en Colima en 2015 ó en Tabasco, en 2000, aunque en ambos casos, el mismo partido que ganó la elección ordinaria se impuso en la extraordinaria. Lo mismo puede ocurrir en el Estado de México. Las acusaciones mutuas han menudeado. Un resultado apretado a favor del PRI puede judicializar el proceso. Si se llegase a presentar un escenario de anulación —improbable pero posible— el Congreso, con mayoría priista, elegiría un gobernador interino y se repetiría la elección, tal vez en forma simultánea con la presidencial del año próximo. Este escenario vale también para Coahuila y Nayarit.

En Veracruz, el PRI parece haber optado por una retirada estratégica. Su estructura electoral se encuentra virtualmente desmantelada y sus candidatos navegan en solitario. Lo lamento, porque fue justamente en ese estado, en septiembre de 2001, cuando los resultados obtenidos en la elección local mostraron que era posible recuperar el terreno perdido en las elecciones federales de 2000. En el Estado de México ganar es condición necesaria para el partido en el gobierno, para competir en la elección presidencial de 2018. Pero no resulta suficiente, como se demostró en 1999 y 2005, cuando a pesar el triunfo, el PRI perdió la presidencia de la República. Son tres gubernaturas en manos del PRI las que estarán en juego el próximo domingo. ¿Cómo afectará a los partidos un triunfo o una derrota en la postulación de candidaturas a la presidencia de la República y a las gubernaturas de 2018? Lo veremos y comentaremos con ustedes la próxima semana.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 17 de mayo de 2017

Paridad y reelección, urgen reglas.

Dulce María Sauri Riancho
El pasado 8 de mayo, las páginas del Diario Oficial del gobierno de Yucatán dieron a conocer dos importantes decretos en materia de Paridad. El primero, una reforma al artículo 16 de la Constitución del Estado (apartado A), que obligará a todos los partidos políticos a registrar igual número de mujeres y hombres en las candidaturas a las presidencias municipales y a las regidurías de los ayuntamientos. El segundo decreto incluye las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 214 y 221) y a la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán (artículos 3, 25 f. XXVI, 34). La denominada coloquialmente “ley electoral” establece el mecanismo para asegurar la paridad horizontal: “Cada uno de los géneros encabezará el 50% de las planillas de candidatos a regidores que contenderán en los municipios del estado”. Mitad y mitad no sólo en las candidaturas a presidente/as municipales, sino también en la integración de las planillas de regidor/as.

Por su parte, la Ley de Partidos los obliga a observar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la postulación de candidaturas. Lo más interesante de esta nueva disposición es que los partidos políticos tendrán que determinar y hacer públicos “los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y a regidores”. Además, éstos “deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros”. Por primera vez una norma yucateca aborda el tema de la violencia política contra las mujeres, pues la reforma a la Ley de Partidos los hace responsables de garantizar que las militantes de su organización “que contiendan o ejerzan un cargo de elección popular” no sean objeto de violencia política en su contra. También los obliga a sancionar internamente a quienes la ejerzan.

Varias e importantes noticias derivan de las reformas en materia de Paridad. La primera es la obligación legal de respetarla de todos los partidos políticos, sin excepción alguna. En 2015, sin la obligación de paridad, las presidentas municipales disminuyeron significativamente en número, pues sólo ocho de 106 ayuntamientos están encabezados actualmente por una mujer, cuando tres años antes, en 2012, fueron electas 16. En cambio, gracias a la paridad, la actual legislatura local tiene un número récord de diputadas, nueve (36%), que contrasta con las poquísimas alcaldesas (7.5% del total). Algunas voces interesadas señalan la imposibilidad de los partidos políticos de encontrar “suficientes” mujeres interesadas en las candidaturas y dispuestas a presentarse como candidatas. Otro argumento engañoso: “no hay mujeres capaces” para ser alcaldesas, diputadas, etcétera, como si en el sexo opuesto abundaran los ejemplares sabios, conocedores y, sobre todo, incorruptibles. Cuando escucho estos “razonamientos”, no puedo menos que remitirme a los estereotipos de género, que niegan capacidades a las mujeres para desempeñarse en la vida pública.

Pero ¿qué sucede si un partido político no respeta la paridad en las candidaturas? Sencilla respuesta: el Instituto Electoral le negará el registro de sus candidato/as y le dará un periodo para enmendar la deficiencia. Y si persiste, ni su emblema ni sus contendientes aparecerían en las boletas electorales.

La paridad de género no será la única novedad en las elecciones del 1 de julio de 2018. También se aplicará por primera vez la reelección consecutiva para diputado/as y alcaldías. En el caso del Congreso, el asunto será menos difícil en cuanto a la paridad, al menos para el PRI, pues de sus 13 legisladores, más de la mitad (54%) son mujeres. No es el caso del PAN, con la solitaria presencia de Beatriz Zavala. En cambio, el PRI y el PAN tendrán problemas con la reelección consecutiva de sus alcaldes y la aplicación del principio de la paridad. El PRI, que gobierna en 69 municipios, tendría que postular puras mujeres como candidatas a las alcaldías donde es oposición (37), bajo el supuesto de que todo/as las actuales autoridades buscaran la reelección. Y esto sin considerar la composición de las planillas de regidor/as, pues tendría que prescindir de varios actuales ediles para ser sustituidos por personas del sexo femenino. El PAN, como gobierna menos municipios, 24, tendría aparentemente menores dificultades. En el caso del cabildo de Mérida, si Mauricio Vila desoye las voces de sirena y busca la reelección, el PAN tendría que sustituir a uno de los actuales regidores por una mujer. Lo mismo sucedería en todas las planillas que no ajustaran el número mágico de 50-50.

La paridad es sólo uno de los retos de la organización del proceso 2018. Las normas que rigen el desarrollo de las campañas también tendrán que ser revisadas y adaptadas a las nuevas disposiciones de las autoridades electorales. Por ejemplo, ¿cuándo se debe separar de su encargo un alcalde que aspire a ser reelecto? ¿Sólo él/ella, o todos los regidores propietarios que formen la planilla de candidatos? ¿Y los diputados en ejercicio de su encargo? La verdad es que me da pesadillas imaginar enero con ¿100? ¿50? ayuntamientos descabezados y un congreso con puros suplentes. Las autoridades tendrán que garantizar la equidad entre candidatos: unos, tras su reelección, otros, la “retadora”, sin antecedentes institucionales. No hay mucho tiempo para analizar, debatir y fijar las reglas. Ahora sí, se nos queman las habas.

A los partidos, a los órganos electorales, a las posibles candidatas y candidatos. Y sobre todo, a una ciudadanía expectante del cumplimiento de la Ley.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 10 de mayo de 2017

Ley de Aviación Civil. Luces en el cielo

Dulce María Sauri Riancho
En vísperas de Semana Santa, justo cuando comienza el turismo nacional a llenar las playas y los centros vacacionales, hubo dos noticias procedentes de la Cámara de Diputados. Una de ellas, muy alentadora, vino del aire; la otra, proveniente de las carreteras, hizo menguar el optimismo de quienes consideramos que el gobierno tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos a la vida y a la seguridad.
 Comienzo con las reformas a la Ley de Aviación Civil destinadas a regresar al “buen camino” a las aerolíneas que prestan sus servicios a millones de pasajeros en México. Durante muchos años, viajar en avión era privilegio de unos cuantos, por lo caro que resultaba y por razones de seguridad. Al comenzar la década de 1990 la situación comenzó a cambiar aceleradamente. A las dos grandes y tradicionales líneas aéreas, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se sumaron otras de paso fugaz, pero que abrieron camino a las aerolíneas de bajo costo. La primera ley en la materia data de 1993, cuando comenzó a popularizarse el transporte aéreo. Fue al inicio de este siglo cuando surgieron varias líneas que volaban al aeropuerto de Toluca para evadir los problemas y los costos de Ciudad de México. Eran los tiempos de boletos baratos de Volaris, luego de Interjet. Casi simultáneamente, Viva Aerobús mostró en territorio nacional que era posible enlazar ciudades sin pasar necesariamente por el saturado aeropuerto de la capital del país. Por ejemplo, sacando cuentas, era más barato comprar boleto de avión Mérida-México, que ir en el ADO. La libre competencia parecía funcionar a favor de los pasajeros. Mexicana de Aviación se declaró en quiebra en 2010 y la sobreviviente Aeroméxico tuvo que procesar la competencia de las nuevas aerolíneas, más económicas, con equipo más nuevo y con contratos laborales menos onerosos. Las líneas de bajo costo abandonaron el aeropuerto de Toluca y se abalanzaron sobre las posiciones y espacios de aterrizaje que la aerolínea más antigua del país dejó libres en Ciudad de México. Si antes de esta explosión de compañías el aeropuerto de Ciudad de México ya estaba rebasado, ahora opera al filo del caos, tanto en el área de atención a los pasajeros como en la capacidad operativa de las pistas. Al inicio de esta administración federal se tomó la determinación de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, para dar servicio a la capital del país y conectarnos más eficazmente con el mundo por vía aérea.

Mientras se concursaban las obras multimillonarias del nuevo aeropuerto y empezaba su edificación, concluyó el “veranillo” de los pasajeros-clientes. Inexorablemente, las condiciones comenzaron a modificarse en su contra. Las líneas de “bajo costo” empezaron a aumentar sus precios a través de mecanismos imaginativos, pero no por ellos menos gravosos. Oferta de tarifas sin incluir el IVA ni impuestos de uso de aeropuerto; cuota para combustible y, desde luego, costo adicional por el asiento (mientras más cerca del piloto, más caro), y lo último, pago desde la primera maleta. Las demoras, con la excusa o razón de “saturación del espacio aéreo” de Ciudad de México, se volvieron costumbre; la pérdida de equipajes, cada vez más frecuente. La sobreventa de boletos, supuestamente autorizada, hizo que familias enteras se quedaran en tierra, complicando enormemente concluir su viaje.

Las reformas a la Ley de Aviación Civil recién aprobadas buscan poner un “hasta aquí” al deterioro en la calidad de los servicios aéreos. Reconozco los estándares de seguridad que mantienen las aerolíneas. Les confiamos nuestras vidas cuando nos subimos a un avión. Pero ello no es razón para pagar por todo, hasta por el vaso de agua que se reparte a bordo. Ahora habrá penas pecuniarias por retrasos, por sobreventas; premios a quienes decidan libremente dejar sus lugares; atención a las necesidades especiales de los viajeros con discapacidad; maletas de mano de una sola dimensión.

Veinticuatro horas para cancelar tu boleto recién comprado, si se equivocó en la fecha o cambió de idea. Indemnización decorosa por pérdida o daño al equipaje.

Es absolutamente posible conciliar los intereses económicos de las líneas aéreas, la libre competencia y la calidad en el servicio, si existe regulación y voluntad política de aplicarla. Eso demostró la Cámara de Diputados. Todavía falta el tránsito por el Senado para que estas reformas sean publicadas y causen efecto. Pero ya se dio un gran paso.

En otra ocasión abordaré el tema de los dobles-remolques en las carreteras federales. Sigue sin solución un tema de lógica elemental, entrampado en la red de intereses que privilegian los grandes tonelajes a la vida de las personas. Me pone el pelo de punta leer que para no pagar las cuotas de la autopista a Cancún, el transporte de carga prefiere utilizar los angostos caminos de Tizimín-Colonia Yucatán que, además, ofrecen la ventaja del poco tráfico. No se vale.

Luces en el cielo. Sombras en la tierra. Este fue el saldo de este periodo ordinario de sesiones en relación con el transporte moderno, confortable, digno y de precio razonable que exige el desarrollo del país.