Gobierno de Coalición. Acuerdos transparentes

Dulce María Sauri Riancho

Las urgencias cotidianas impiden muchas veces reflexionar sobre aquellas cuestiones que, lejos de nuestro entorno, tienen un importante impacto en nuestras vidas. Así sucede en los asuntos políticos, en los que ganar las elecciones aparece como lo más importante. La calidad del gobierno y la capacidad del gobernante electo para desempeñarse en el cargo son consideradas cuestiones secundarias por los partidos políticos, pero también para muchos electores. Desgraciadamente, malos ejemplos abundan. Y luego nos decimos sorprendidos cuando más de dos terceras partes de los ciudadanos declaran estar decepcionados de la democracia y sus resultados. La Filey me dio la oportunidad de prestar atención a una vía alternativa para enfrentar ese escepticismo de la sociedad y organizar el gobierno de una manera que, en vez de rechazar la pluralidad, la reconozca y la transforme en fortaleza.

Desde finales del anterior siglo, las coaliciones electorales han dominado las contiendas estatales y muchas municipales. Difícilmente se encuentra un partido que se presente por sí mismo ante el electorado, excepto aquellos obligados por la Ley por ser su primera participación en la boleta. Las coaliciones electorales han tenido una vida efímera que se extingue tanto si fracasan en su intento de llegar al poder, como si obtienen éxito. Varios ejemplos en distintas partes del país muestran la velocidad del incumplimiento de los compromisos de incorporación al gobierno de propuestas y personas provenientes de las distintas fuerzas políticas coaligadas. En buen castellano, el cumplimiento de los compromisos de la coalición electoral en materia de planes y programas, así como de políticas públicas derivadas de éstos depende estrictamente de la buena voluntad del titular del ejecutivo, sea federal o estatal. Nada hay que obligue a respetar los acuerdos y la plataforma que les sirvió para promover el voto a su favor.

La política de coalición, contenida exclusivamente en la esfera electoral hasta 2012, tuvo un notable avance en el “Pacto por México”, al pasar al campo de las acciones de gobierno mediante la aprobación de reformas legislativas. Pero el ambiente positivo que generó el acuerdo entre fuerzas políticas antagónicas fue frágil y de carácter pasajero. El “Pacto” fue una “ventana de oportunidad” que difícilmente podría volver a abrirse en 2018. Había que buscar nuevos caminos ante una pluralidad política que llegó para quedarse.

Hace más de dos años se realizó una profunda reforma constitucional en materia política. Otra vez fueron las elecciones y sus instituciones las que concentraron los reflectores de la atención pública. Casi ocultos quedaron dos relevantes cambios. Se estableció la Fiscalía General de la Nación, como órgano autónomo del Estado mexicano y se introdujo en la Constitución la figura de “Gobierno de Coalición”. El objetivo primordial de esta última consiste en vincular al presidente estrechamente con el Congreso, ahora bajo las reglas de la pluralidad política existente. Las reformas a los artículos 76 y 89 constitucionales lo hacen posible. El presidente de la república podrá optar “en cualquier momento” de su gestión por una alianza con distintas fuerzas políticas. En eso consiste un gobierno de coalición.

Si hubiera existido esa figura en 2003, en la segunda mitad de su mandato, tal vez Vicente Fox se hubiera coaligado con el PRD; o en la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, mediante convenio claro, de cara a la nación, el PRI hubiese apoyado su entrada al gobierno con un programa acordado. No sé si el “Pacto por México” hubiese aportado más de lo que dio, pero sin duda hubiese excluido la cuestión energética, si la coalición la hubiese realizado el Presidente con el PRD, o la reforma fiscal hubiese tenido otra orientación, si el programa hubiese sido convenido con el PAN.

A partir del 1 de diciembre de 2018 el presidente de la república tendrá la opción de integrar un gobierno de coalición. De ahí la urgencia para que en los próximos meses, señaladamente antes de finalizar el próximo año, se haya discutido y aprobado la Ley reglamentaria del Gobierno de Coalición. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (Cedip), han elaborado un anteproyecto de Ley al respecto. Existe en poder del Senado de la república una minuta conteniendo reformas a los artículos 116 y 122 de la Constitución para abrir esta opción a los gobernadores de los estados y del Distrito Federal (10 diciembre 2014).

La elección presidencial de 2018 estará rodeada de tensiones e incertidumbre propias de los procesos democráticos. Habrá incluso la posibilidad del triunfo de una candidatura sin partido político. Si así fuera, el gobierno de coalición sería el único camino para garantizar el funcionamiento de un presidente de la república sin representación partidista en el Congreso de la Unión. Por eso la urgencia de que los legisladores elaboren la Ley reglamentaria.

La democracia exige negociaciones transparentes, de cara a la ciudadanía, entre las fuerzas políticas. A la vez, la sociedad demanda con mayor insistencia gobiernos de resultados. Convenio o contrato de coalición; programa de gobierno convenido, aprobado y registrado; gabinete de coalición, donde los titulares de las secretarías respondan ante todo, al programa de coalición y no exclusivamente al presidente de la república. De ese tamaño es la opción que se abrirá en menos de tres años.— Mérida, Yucatán.