Cambios en el gabinete. Juego de las sillas - I

Dulce María Sauri Riancho

¡Cuántas veces en la infancia jugamos la ronda de las sillas! Sólo necesitábamos sacar al corredor algunos de los desvencijados asientos de la cocina y comenzar a dar vueltas a su alrededor hasta que, sorpresivamente, quien actuaba de árbitro interrumpía el movimiento. Entonces, cada quien trataba de apoderarse del lugar más cercano, aquel que estaba vacío, aunque tuviéramos que desplazar a nuestro mejor amigo. Vencedora, vencedor era el que se quedaba solo/a con aquella silla cuyo encanto consistía en que era única.

Algo así sucedió con los recientes cambios en el gabinete del gobierno del Estado. Desde principios de año, cuando comenzaron las campañas para los ayuntamientos y las cámaras legislativas, varios y distinguidos funcionarios abandonaron su asiento y se fueron a buscar el triunfo electoral, propio o de otros. Sus sillas quedaron vacías, en tanto que el árbitro —el gobernador— seguía moviendo la ronda. Giraban los encargados de despacho, como la Sedesol o Desarrollo Rural, que veían con ojos de posesión definitiva la silla de su oficina, pero seguía sonando la música y nadie podía sentarse. La ronda acabó bruscamente el martes 29. Las sillas vacías las ocuparon 35 demandantes de reacomodo después de las campañas. Dos no encontraron cabida: David Alpizar, en la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), y Enrique Magadán, en la Dirección de Cultur.

Conviene recordar que tanto la Constitución de la república como la estatal establecen que el desempeño —y las responsabilidades— del Poder Ejecutivo son unipersonales, esto es, descansan única y exclusivamente en la persona del Presidente, a nivel federal, del gobernador o del alcalde en el estado. Las personas, hombres o mujeres, que forman parte del llamado “gabinete” son auxiliares del titular del Ejecutivo, de él dependen y es a él a quien deben responder por su desempeño del cargo. Si bien las leyes dejan a los ciudadanos en calidad de espectadores de los aciertos o errores en las designaciones en la administración estatal, la política en cambio nos confiere una posición privilegiada por ser quienes calificamos los resultados que las instituciones y sus responsables obtengan, para bien o para mal. Así que la primera pregunta que nos vemos obligados a formular ante tantos y tan relevantes cambios es: ¿qué es lo que funcionaba mal o insuficientemente para hacerlos necesarios?

Si consideramos el total de movimientos, sólo en dos casos se decidió “prescindir de los servicios”, o sea, removerlos de sus posiciones, sin contar al ex titular de Educación, para quien parece haber una secretaría de nueva creación en su futuro. Hay argumentos para pensar que no fue el mal desempeño lo que motivó al gobernador a decidir los cambios de su gabinete. Esta explicación se refuerza al constatar que en el relevo en la Secretaría de Fomento Económico, por citar un caso concreto, el gobernador sacrificó a dos de sus mejores colaboradores, al desprenderse de David Alpizar, conocedor como pocos del campo de las inversiones productivas, y obligar a Ernesto Herrera a cobrar distancia de lo que es su fuerte: la operación jurídica del gobierno en su conjunto.

Tampoco el prurito de alcanzar mejores resultados parece haber sido el objetivo al que respondió el cambio en Desarrollo Rural. Para fines operativos, Carlos Carrillo Maldonado había logrado mantener el rumbo y la dinámica impuesta a la dependencia por Felipe Cervera. Si se le relevó, debió ser para enmendar el rumbo o para redoblar el paso, objetivos que aparecen lejanos al perfil de la persona escogida para ocupar el cargo: Juan José Canul. Parece que no hubo un salto cualitativo en las capacidades, en la especialización o la experiencia de los involucrados en los cambios de gabinete. Tal vez el factor que se buscó alimentar con estos nombramientos haya sido la mayor integración del equipo de gobierno, asegurar mejores resultados por la cohesión del grupo y por su afinidad al proyecto gubernamental.

Hubo dos vacíos muy importantes, graves si se consideran los criterios de inclusión y de respeto a los derechos humanos que imperan en las políticas públicas a nivel mundial. Uno tiene que ver con la igualdad de género. Me refiero al hecho lamentable de que ninguna mujer sea titular en las secretarías de la administración centralizada; que sea necesario escudriñar hasta las entidades o administración descentralizada, en el Indemaya y en el Instituto de Equidad y Género (Iegy) para encontrarlas. Omisión que se acrecienta al cumplirse 100 años del Congreso Feminista; por haber sido Yucatán la primera entidad donde hubo mujeres en cargos de elección popular y el único estado del país que ha tenido dos gobernadoras. La otra omisión se encuentra en el Indemaya: después de Abigail Uc, que fue su primera directora hace varias administraciones, bajo el gobierno de Rolando Zapata ha sido dirigido por dos mujeres, valiosas, sí, pero que no tienen origen maya ni dominan la lengua, cuando existen jóvenes profesionales mayas de uno u otro sexo con plena capacidad para desempeñar el cargo exitosamente.

Más allá de los elogios o las reprobaciones que haya levantado Rolando Zapata, lo cierto es que fue él quien decidió con toda libertad; que empleó la legitimidad que supo ganarse en los tres primeros años de gobierno para detener la música, sacar a unos y meter a otros en este juego de las sillas que en 2018 sólo tendrá una disponible, en el estado y en la federación.