Los cambios en el gabinete

Dulce María Sauri Riancho

(Publicado el 4 de marzo en el Diario de Yucatán)

Sucedió lo que distintos observadores de la política pronosticaban que iba a ocurrir desde hace varios meses. El presidente Peña Nieto realizó los primeros cambios en su gabinete: la Sedatu y la PGR. El relevo en la Procuraduría General de la República ha sido de gran complejidad desde hace años. Fue la primera dependencia de la administración pública federal que estuvo bajo la responsabilidad de un militante de la oposición al partido en el gobierno, en ese caso el PRI, cuando el presidente Ernesto Zedillo nombró a Antonio Lozano Gracia, destacado panista, al iniciar su mandato en 1994.

Jesús Murillo le devolvió seriedad a la PGR. Se acabaron los excesos mediáticos, la exhibición de los capos -o de sus cadáveres- con afanes propagandísticos. Se logró negociar con el Congreso de la Unión el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite la homogeneización en todo el país de los pasos legales necesarios para aplicar justicia, bien sea en el ámbito federal o de los estados. Ayotzinapa fue el rayo que violentó la atmósfera de reformas que vivía la institución. Las millones de voces levantadas exigiendo justicia reclamaban una investigación apegada rigurosamente a la legalidad y la utilización de métodos científicos y sofisticados para alcanzar resultados técnicamente sólidos. Así se trató de hacer, pero el ambiente de incredulidad que embarga a la sociedad mexicana hizo imposible que fueran aceptadas las pruebas recabadas de la artera ejecución de los jóvenes normalistas. Pienso que Jesús Murillo se fue con la enorme espina de no haber podido convencer a un amplio sector de la sociedad que continúa preguntándose sobre lo “realmente” sucedido en Iguala.

Algunos comentaristas han intentado minimizar la importancia administrativa y política de la Sedatu, nueva responsabilidad del ex procurador, haciendo a un lado precisamente el conjunto de atribuciones que le concede la ley orgánica de la administración pública federal, que la obliga a participar en forma sustantiva en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de vivienda, así como la ocupación sustentable del espacio urbano y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todo el territorio nacional. Murillo Karam tiene experiencia como organizador de instituciones, pues tuvo a su cargo la complicada tarea de armar la subsecretaría de Seguridad, ahora en Gobernación, y crear la policía federal. Además, como gobernador de Hidalgo, impulsó programas innovadores en la materia propia de la Sedatu. Su experiencia como oficial mayor de la SRA, cuando la encabezó Víctor Cervera en 1989, también le será muy útil para intervenir en los problemas de tenencia de la tierra, que con Procede o no, subsisten en algunas partes del país.

Arely Gómez González fue designada por el presidente de la república como nueva titular de la PGR. Es quizá el último nombramiento sujeto a las reglas todavía vigentes que requiere la ratificación del Senado. A finales de 2013, en el marco de la reforma político electoral se estableció la Fiscalía General de la República, como un órgano constitucional autónomo. Pero hay un requisito establecido en el artículo décimo sexto transitorio de dicha reforma, el cual exige que entre en vigor “… en la misma fecha que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión…”, que son varias y muy complejas. Es tan importante la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, que el mismo transitorio establece un requisito inédito: la exigencia de una declaratoria expresa de entrada en vigor de su autonomía por parte del Congreso de la Unión, es decir, de ambas cámaras, a diferencia de todos los demás cuerpos normativos que cobran vigencia al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

¿Será Arely Gómez González, nieta de Salomón González Blanco, gobernador de Chiapas y legendario secretario del Trabajo y Previsión Social con tres presidentes de la república (1957-1970), procuradora? ¿Será la hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo, la primera fiscal general por nueve años, como lo establecen las nuevas reglas? Creo que Arely Gómez será ratificada sin contratiempo alguno por quienes hasta la semana pasada eran sus compañeros de escaño. Goza de buena reputación como legisladora seria y entregada a su trabajo, aún dentro de las bancadas de la oposición. Veremos si su experiencia en el Poder Judicial federal, donde fue secretaria de Estudio y Cuenta del ministro Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte, es suficiente. O si su paso por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de 2006 a 2010, embarneció su conocimiento sobre la procuración de justicia.

El camino hacia la Fiscalía General, sin embargo, no lo veo tan llano. Primero, porque todavía falta un buen trecho para que ambas cámaras legislativas concluyan con las reformas exigidas por la propia Constitución. Después, por la jornada electoral del 7 de junio con todas sus tensiones y desacuerdos. Pasados estos próximos meses, entonces habrá condiciones para culminar el proceso y dar ese trascendental paso hacia la autonomía constitucional de la Fiscalía.

No estoy de acuerdo en descalificar a priori a Arely Gómez por sus relaciones familiares o filiales. Si es esposa o hermana, no por ello necesariamente habrá de compartir opiniones y criterios o, más aún, de obedecer a sus parientes. Eso es menospreciar a la persona, a su capacidad de juicio y a su propia autonomía. Por el país, por el gobierno de Peña Nieto y por la justicia, espero que le vaya bien a la nueva procuradora.- Mérida, Yucatán.