Tráfico de influencias. Red de mariposas

Dulce María Sauri Riancho

¿Por qué me viene la imagen de un joven retozón con una red para atrapar mariposas cuando pienso en el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade? Hace poco más de una semana, en un mensaje a la nación, el presidente Peña Nieto anunció nueve “acciones ejecutivas” para combatir la corrupción, al mismo tiempo que daba a conocer la designación del titular de una dependencia -la Secretaría de la Función Pública (SFP)- que supuestamente había desaparecido del organigrama gubernamental, de acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013.

Quiero pensar que Peña Nieto se cansó de esperar a que los legisladores se pusieran de acuerdo con el diseño del nuevo sistema anticorrupción, pendiente desde noviembre de 2012, cuando en su calidad de presidente electo influyó en los diputados del PRI para que presentaran una iniciativa en ese sentido. Por eso, cuando anunció que su gabinete dejó vacía la silla del secretario de la Función Pública ya eran más de dos años en “stand by” para una dependencia que tiene como propósito fundamental el correcto funcionamiento del aparato de gobierno y, supuestamente, fiscalizar su actuación. Sin embargo, la renovación repentina del interés presidencial por la casi difunta SFP está estrechamente vinculado a las reiteradas acusaciones de tráfico de influencias en los más altos niveles de la administración pública, a raíz de la develación de la compra de elegantes residencias de la familia Peña-Rivera y del propio secretario de Hacienda. Desde hace muchos años tal parece que la única crítica que logra penetrar la pétrea coraza de la sensibilidad política presidencial proviene de la prensa extranjera. Así sucedió en este caso, tras duros artículos publicados en periódicos norteamericanos y en una revista inglesa gurú de los economistas.

La atención pública se focalizó al asunto inmobiliario de la familia presidencial, desvaneciendo otras importantes cuestiones que ese mismo día se dieron a conocer. Tiene que ver con las reglas para detectar conflictos de interés entre los funcionarios cuando toman decisiones que pueden afectar o beneficiar a alguna empresa. Destaca el anuncio que desde el próximo mes de mayo todos los servidores públicos del Ejecutivo federal que por ley están sujetos a realizar su declaración patrimonial tendrán la obligación de presentar una relación sobre sus actividades profesionales, participación en empresas o cualquier otro elemento que nutra un potencial conflicto de interés. Asimismo, se dio a conocer la elaboración de un protocolo de contacto entre funcionarios que deciden sobre la adjudicación de contratos de adquisición y de obra pública, con los particulares y empresas participantes. Además, la SFP conformará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de esta naturaleza. Para insuflarle la energía necesaria a la desfalleciente SFP se contará con la asesoría técnica de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Me interesó particularmente el tema de la declaración sobre potenciales conflictos de interés que deriven en tráfico de influencias. Recordé una anécdota atribuida a un presidente de la era dorada del desarrollo estabilizador, que al tomar posesión de su elevado cargo preguntó a un viejo y querido amigo qué posición deseaba dentro de su naciente administración. La respuesta le sorprendió: “Ninguna, sólo te pido que una vez a la semana, en cualquier lugar visible, me abraces y me llames, ‘querido amigo’. De lo demás, me encargo yo”. Cumplió el primer mandatario su promesa. Los abrazos presidenciales y las palabras de amistad repercutieron en muchos y suculentos contratos de todos aquellos que presumían la existencia de una relación cercana, de mucho afecto entre quien mandaba y esa persona. Que al favorecer al amigo quedaban bien con el presidente, quien los consideraría para otras recompensas. Esas percepciones no están inscritas más que en el código social de una moral pública que abrevó de “el árbol que da moras”. Quizá los consejos de la OCDE para elaborar el formato de la declaración de potenciales conflictos de interés lleven a diseñar un apartado donde se consignen a los compadres, padrinos, ahijados y ex compañeros de aulas. Tal vez haya algún titubeo antes de solicitar la relación de “desinteresadas” invitaciones aceptadas para utilizar el avión, el yate o el helicóptero del empresario amigo para cumplir las prisas oficiales o los descansos de fin de semana. Y así podemos seguir alimentando la imaginación hacia el infinito, mientras no se erija como principio básico del servicio público el interés social por encima de la conveniencia o la satisfacción personal.

Mientras, el nuevo secretario de los rizos alborotados tratará de atrapar pequeñas mariposas en una selva poblada por los enormes paquidermos de la corrupción. Al fin y al cabo, mientras no cambien las reglas culturales de la seducción política, sólo las pequeñas especies caerán en las redes de la Función Pública. Los grandes negocios y sus poderosos dueños seguirán encantando con sus “regalos” y paseando a la vista de todos, las jugosas concesiones y prebendas obtenidas.- Mérida, Yucatán