Municipios intervenidos. Contra la infiltración del crimen
Dulce María Sauri Riancho
El
pasado jueves (27 de noviembre) el presidente Peña Nieto presentó una batería
de diez puntos como parte de una estrategia integral para combatir la
violencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad, así como
las desigualdades sociales más lacerantes, localizadas en el sur-sureste de
México. De esta manera, plantea una primera respuesta articulada ante las
intensas manifestaciones de descontento que se han dado a lo largo y ancho del
país desde el pasado 26 de septiembre, cuando ocurrieron los reprobables hechos
en Iguala.
La
agenda presidencial incluye lo mismo acciones concretas, de resultados
inmediatos, que el diseño y aplicación de políticas públicas, con efectos en el
mediano y largo plazo, como es el combate a la pobreza en Chiapas, Oaxaca y
Guerrero. Independientemente de los tiempos de ejecución o de los mecanismos de
coordinación intergubernamental considerados, los diez temas merecen ser
analizados y discutidos ya que tocan campos de interés muy cercanos a la vida
de los ciudadanos y de las familias. Es el caso de las propuestas dirigidas a
la organización y el funcionamiento de los municipios.
Con
mucho ingenio, Denise Maerker escribió a finales de mayo, en ocasión del
nombramiento del comisionado federal para Michoacán: “Estados intervenidos, la
verdadera novedad en materia de seguridad”. Algo así parece haber sucedido con
el primer punto del decálogo presidencial. Municipios intervenidos, cuando se
considere que han sido infiltrados por el crimen organizado. Municipios
despojados de su policía, porque no funciona, porque se ha corrompido. Cuando
se trata de cualquier iniciativa legal o propuesta de cambio para el régimen
municipal vigente, es indispensable tomar en cuenta que el gobierno municipal
es la instancia más cercana a los ciudadanos, a las familias y a las
comunidades. Las alcaldías son las encargadas de brindar directamente los
servicios públicos fundamentales o, en su defecto, de interceder ante otros
niveles de gobierno para asegurar la dotación de los mismos.
Con el
paso de los años y dada la centralización de recursos y facultades que impera
en México, los ayuntamientos hacen las veces de trinchera contra el
autoritarismo y contra los excesos, provengan éstos del gobernador de la
entidad de la que son parte o de las incontables agencias del gobierno federal.
La elevada cohesión demostrada por las redes municipales ha sido factor
determinante en el largo y complejo proceso de descentralización del poder
(recursos y atribuciones) que se ha vivido en México, sobre todo en los últimos
30 años cuando se tuvieron señales evidentes de que el sistema presidencialista
se agotaba.
El
proceso de descentralización que ha fortalecido a las estructuras municipales y
a sus funciones no ha sido lineal ni siempre ascendente, sino de altas y bajas,
de avances y retrocesos. En contrapartida, las propuestas presidenciales sobre
la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado y el establecimiento de
Policías Estatales Únicas, dejan sentir mayor intervención federal a expensas
de los ayuntamientos y sus atribuciones.
En el
renglón municipal, me parece que las medidas propuestas son “invasivas”, en el
mismo sentido que se le da a este término en el lenguaje médico. Tras haberse
diagnosticado que la debilidad estructural de los municipios es “campo de
cultivo” de la corrupción y la impunidad que benefician a la delincuencia
organizada, el remedio que se propone es “extirpar” el órgano enfermo -las
policías municipales o el cabildo en pleno, en los casos comprobados de
infiltración de la delincuencia- sin intentar siquiera la terapia curativa.
La
propuesta presidencial descansa en un supuesto peligroso: al anular los órganos
factibles de infiltrar se anulará cualquier posibilidad de inserción al crimen
organizado. Habría que empezar por preguntarse si las partidas de la policía
estatal o de los contingentes federales que actualmente están en los municipios
y comunidades son refractarios naturales a la corrupción y a la influencia de
la delincuencia organizada. Y en caso de resultar inmunes, ¿lo seguirán siendo
una vez que desaparezcan los cuerpos municipales y sean ellos “cabeza de ratón”
en materia de seguridad municipal?
Pero de
mayor gravedad y con efectos muy profundos es la vulneración de facultades que
sufren los ayuntamientos, más allá de la desaparición de sus policías. La
amenaza latente de desaparecer a cualquier cabildo con el argumento de la
infiltración golpea en la “línea de flotación” al municipio libre, lo degrada
en su autonomía, ya que no sólo será objeto de supervisión, de control y de
sanción por parte de los poderes legislativo (del estatal y del federal) y
judicial (del orden estatal o del federal) sino ahora también de los mandos y
de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas.
Me
pregunto sobre la conveniencia de encontrar otros caminos para combatir la
asociación perversa autoridades municipales-delincuencia organizada. Uno de
ellos podría consistir en una reforma radical a los alcances del fuero
constitucional del que están investidas las autoridades de los tres niveles.
Que si un funcionario es presunto responsable de cometer delito, que se le
pueda detener y poner a disposición de los jueces. Pero que la misma vara sirva
para medir a los gobernadores y los funcionarios estatales y federales,
incluyendo a todas las fuerzas de seguridad. Considero que ésta sí sería una
respuesta directa y efectiva a los reclamos de la ciudadanía, porque lo que
tiene harta a la sociedad son los privilegios.- Mérida, Yucatán.