Novedades electorales: Paridad, reelección, candidaturas independientes

Dulce María Sauri Riancho

La Democracia mexicana tendrá su “domingo 7″ en junio de 2015. Ese día se realizará la elección de la nueva Cámara de Diputados, con cinco diputados federales yucatecos “de mayoría”, de los veinticinco legisladores del Congreso del estado y de los 106 ayuntamientos. La novedad se encuentra no sólo en el cambio del mes tradicional -de julio a junio–, sino en la aplicación de las nuevas reglas que regirán en todo el país en lo federal, y en diecisiete estados de la república donde se votará por nueve gobernadores, diputados y presidencias municipales.

En los cambios realizados a nivel federal, el Congreso local perdió atribuciones. Por ejemplo, no elegirá a los consejeros electorales que en número de siete integrarán el Organismo Público Local Electoral (OPLE), como lo hacía en el caso de los consejeros del IPEPAC; ahora será responsabilidad del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE). Tampoco conservará la facultad de designar a los integrantes del Tribunal Electoral, que serán nombrados por el Senado de la República. El péndulo político se acerca cada vez más hacia la centralización de las decisiones en las instituciones nacionales: INE, Senado. Los partidos políticos de oposición al PRI argumentan que sólo quitando poder a las instancias locales se les pueden “amarrar las manos” a los gobernadores, es decir, acotar su influencia en la designación de consejeros o de magistrados electorales. En consecuencia, dotaron a las autoridades nacionales -¡ojo!, no federales- de una serie de atribuciones para decidir sobre la integración de los órganos electorales locales, e incluso, si se dan circunstancias consideradas como de gravedad en alguna entidad federativa, de plano tomar en sus manos la organización del proceso electoral completo, haciendo a un lado a las instancias estatales. Tal parece que se están tomando precauciones por si la situación que viven estados como Michoacán y Tamaulipas continúa hasta el próximo año.

Los cambios devolvieron a Yucatán la opción de las candidaturas ciudadanas, independientes de los partidos políticos. Habiendo sido aprobadas en 2006, tuvieron una vida fugaz, pues sólo se aplicaron en la elección de 2007, cuando por primera vez ganó un candidato independiente en Yobaín. Después, la reforma federal de ese mismo año las prohibió, pero en la legislación yucateca quedó establecido que en cuanto se levantara la restricción constitucional, volverían a entrar en vigor. Eso sucedió ahora, por lo que en 2015 podrá acudirse al registro de estas candidaturas, tanto por ciudadanos que no pertenecen a partido político alguno pero quieren participar, o por los excluidos en los procesos internos de su organización política, que decidan hacerlo de todas maneras, ahora sin necesidad de “mendigar” registros de algún partido político. Claro que falta conocer las reglas bajo las cuales se podrán registrar candidaturas independientes; el financiamiento público con el que habrán de contar; el acceso a los medios de comunicación, a la representación en los órganos electorales, entre otros asuntos que pueden hacer transitable esta vía, o quedar simplemente como un espejismo por su dificultad para hacerlas realidad. Otra modificación de relevancia, acorde con la reforma a la Constitución federal, es la relativa a la paridad de género en las candidaturas al poder Legislativo. Significa que todos los partidos tendrán que postular la mitad de candidaturas para hombres y la otra mitad para mujeres, sin subterfugios y trampas, cuando menos en esa etapa del proceso.

Sin embargo, el papel estelar de las reformas electorales se reserva para la reelección consecutiva de presidentes municipales y diputados. Mucho se ha hablado de que es la panacea, el remedio a los problemas de la falta de rendición de cuentas por parte de los legisladores. Se dice que ahora sí tendrá poder la ciudadanía para premiar a los buenos y castigar a los malos representantes, entre otras expectativas que ha desatado esta reforma. Los legisladores yucatecos adoptaron la propuesta nacional de una reelección para el caso de las alcaldías pero aumentaron a cuatro las reelecciones a las que puede acceder un legislador. Acostumbrados a que en México de legisla “a la medida”, en la próxima elección podríamos estar eligiendo a diputados que se mantendrán en el cargo quince largos años.

Tengo profundo escepticismo sobre los resultados de esta “innovación”, que no lo es tanto, pues la reelección existió hasta 1932. Entonces se derogó para impedir que los gobernadores “controlaran” a los legisladores de sus estados, formando bloques. No deja de ser irónico que la supuesta intención de la reforma electoral de 2014 sea la centralización purificadora de los intereses locales, cuando la reelección consecutiva bien puede abonar en la reproducción de los vicios atribuidos a los ejecutivos estatales. Respecto al poder ciudadano que otorga la reelección, tengo serias reservas. Son los partidos políticos los que decidirán sobre quiénes merecen ser postulados nuevamente; si algún diputado, por ejemplo, se lleva mejor con sus electores que con su partido, éste podrá eliminarlo de sus listas de candidatos para la siguiente ronda, simplemente porque es “incómodo” o no sigue las instrucciones de la dirigencia. ¿Y la ciudadanía? Sólo mirando…

La posibilidad de la reelección consecutiva tendrá consecuencias en la dinámica interna de los partidos de cara a la sucesión gubernamental de 2018. Quien gane la presidencia municipal de Mérida en 2015, por ejemplo, podrá estar más interesado en reelegirse que en buscar la candidatura a la gubernatura, por aquello de “Más vale pájaro en mano, que ciento volando”. Esas y otras cuestiones seducen para ser comentadas más adelante. ¿Verdad?- Mérida, Yucatán.