Primer año de Peña Nieto. ¿Desatar para tejer?

Dulce María Sauri Riancho

“El Congreso tiene la culpa”: tanto Fox como Calderón usaron el argumento de la mayoría opositora en el Poder Legislativo para tratar de justificar su incapacidad de llevar a cabo las transformaciones a las que se habían comprometido. Para reformar la Constitución, entonces y ahora, se necesita lo que se llama “mayoría calificada”, esto es, que dos terceras partes de los diputados y senadores, así como de los Congresos de los estados, la aprueben. Quiere decir que ningún partido, por sí mismo, puede imponerse, sino que necesita construir acuerdos con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso. No es cierto que no se haya conseguido este “número mágico” en los sexenios panistas. Por ejemplo, lo alcanzaron para introducir la reforma en materia de derechos y cultura indígenas, en el sexenio de Vicente Fox, y para los trascendentales cambios sobre Derechos Humanos, en el de Felipe Calderón. En esa última administración, ya a punto de concluir, se aprobó la reforma laboral que desde inicios de la década de 2000 se había venido anunciando.

Peña Nieto inició su gobierno en condiciones similares a las de Fox y Calderón en cuanto a la oposición en el Congreso. La enorme diferencia fue el Pacto por México, suscrito por los dirigentes de los tres principales partidos: PRI, PAN, PRD, con el nuevo Ejecutivo federal. Su anuncio cayó como una fresca lluvia en el caldeado ambiente político que dificultaba la construcción de acuerdos. A este buen comienzo se sumó una lista de trece acciones a realizar en el primer año de gobierno, casi todas sólo en manos del Presidente porque no implicaban cambios a las leyes. El Pacto hizo posible la obtención de la mayoría calificada. Así se desgranaron las reformas constitucionales en materia de Educación, Telecomunicaciones y de Transparencia, varias de las cuales se habían quedado atoradas en los pasados sexenios. Sin embargo, bien se dice que “el diablo está en los detalles”. En estos casos, el atorón fuerte se está dando en el proceso de aprobación de las leyes secundarias, las que permiten transitar a las reformas constitucionales de los buenos propósitos a su cabal aplicación. En síntesis, los hilos del entramado político y social se han desamarrado y apenas comienzan a entretejerse con un nuevo diseño.

En este primer año de gobierno, Peña Nieto ha logrado mostrar eficacia política para construir acuerdos y reunir mayorías. Sacó adelante sin mayores turbulencias, la reforma financiera, de extraordinaria importancia para el funcionamiento del sistema bancario y crediticio. No le fue muy bien con el “paquete económico”, que no alcanzó la calificación de “estructural”, aunque trajo consigo a la prometedora institución de la Pensión Universal.

Pero nada es eterno, menos en la política. El mecanismo del Pacto, superada la sorpresa inicial, ha sufrido un acelerado desgaste, proveniente de la inicial segregación de los diputados y senadores. Se quedaron “sólo mirando”, para actuar como obedientes correas de transmisión de las decisiones que se tomaban fuera del recinto legislativo. Pero, a mi juicio, lo que acabó de erosionar al Pacto fueron los problemas internos de las dirigencias del PAN y del PRD, puesto que sus actuales presidentes han visto en la interlocución con el gobierno priísta su “tabla salvadora” frente a las impugnaciones de sus correligionarios. Por su parte, éstos tratan de acabar con un mecanismo que no les satisface, por razones de divergencias políticas, pero también de intereses personales.

Las aguas agitadas del primer año de gobierno continuarán en las próximas semanas. Falta ver qué sucederá en los once días que le resta al actual periodo de sesiones del Congreso. El gran pendiente del PRI y de la administración de Peña Nieto es la apertura a la inversión privada en materia petrolera. El PAN ha puesto como condición al gobierno priista que primero pase la reforma político-electoral para darle la mayoría calificada para la reforma constitucional en materia energética. Tal parece que el PRI está dispuesto a poner en riesgo la precaria estabilidad del sistema electoral con tal de lograr que parte del PAN sume sus votos para alcanzar lo que verdaderamente le importa: el petróleo.

Hasta la fecha, Peña Nieto y el PRI han sido eficaces en el corto plazo para hacer avanzar la agenda política de su interés. Se ha reformado la Constitución y se han expedido algunas leyes secundarias. Era necesario, pero de manera alguna es suficiente. Además de los largos y complicados tramos legislativos que todavía restan, falta aplicar esas reformas, observar si verdaderamente se traducen en un mejoramiento de la vida de las personas y de las familias. O si por el contrario, el afán modernizador se agotará en el proceso mismo, teniendo en mente que, al fin y al cabo, otro será el gobierno que lidie con las consecuencias de los errores y los apresurados “toma y daca” de la negociación política de estos días.- Mérida, Yucatán.