Hambre y pobreza en Mérida y Tahdziú


Dulce María Sauri Riancho
Para el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hay dos formas de medir la vulnerabilidad de la población frente a la pobreza: una, por carecer de alguno de los elementos que permita satisfacer necesidades básicas, como son alimentos, medicinas y médico; y dos, por falta de ingresos monetarios suficientes para adquirir los bienes que una familia demanda. Al 75% de la población de México -ocho de cada 10 habitantes de este país- algo les falta: o casa en buenas condiciones, o seguridad social, educación, o servicios de salud, por ejemplo. Sólo existe, de acuerdo con el Coneval, un reducido grupo de mexicanos, dos de cada 10, a los que “no les falta nada”. En contraposición, a los más pobres les falta todo. Son aquellos que se encuentran en situación extrema, uno de cada 10 mexicanos. Se localizan principalmente en las zonas rurales, aunque también los hay en las ciudades.
A estas alturas, amigos lectores, tal vez se estén preguntando sobre los resultados de Oportunidades, Procampo y decenas de programas de los gobiernos estatales y federal destinados a combatir la pobreza y, en consecuencia, el hambre. Las cifras, lamentablemente, hablan de fracaso, pues la población vulnerable aumenta cada año, en vez de disminuir. Las causas de estos malos resultados tenemos que buscarlas en una economía que ha crecido insuficientemente para proveer a todos, pero en particular a los jóvenes, de empleos bien remunerados y a los adultos mayores, de los cuidados propios de su edad. También en las políticas dirigidas a mejorar la distribución del ingreso y elevar el poder de compra de las familias mediante salarios adecuados.
Cambió el gobierno federal el 1 de diciembre. Hace unos días fue presentado el programa denominado “Cruzada nacional contra el hambre” y la organización institucional encargada de aplicarlo, que tiene las sugerentes siglas de SINHAMBRE (Sistema Nacional contra el Hambre). La lectura del decreto de su creación (DOF, 21/01/2013) no permite detectar diferencia alguna con otros programas, como Oportunidades, el de Micro regiones o de Atención a las Zonas Prioritarias. Tampoco es posible distinguir la forma como se seleccionaron las áreas y municipios para trabajar, que no son los de pobreza extrema, de acuerdo con el Coneval, máxima autoridad en la materia. Donde sí hay una diferencia sustantiva es en la cobertura. Tomemos como ejemplo Yucatán. Para la Cruzada, de 106 municipios yucatecos sólo Tahdziú y Mérida califican para ser considerados dentro de esta nueva estrategia. Lo irónico del caso es que en la selección convive el municipio de mayor marginación del estado (Tahdziú), con el único que recibe la calificación del más alto desarrollo: Mérida. Es difícil entender cómo puede ser considerada la capital y dejar afuera a otros nueve municipios clasificados como de “muy alta marginalidad”, igual de pobres que Tahdziú. A lo anterior se añade que en este último municipio, el 90% de sus habitantes ya recibe Oportunidades, además de otros programas sociales como “70 y más”, lo que da una cobertura casi completa. No queda claro cuál será la aportación de SINHAMBRE en Tahdziú. En cuanto a Mérida, sólo el 6% de su población tiene Oportunidades, aunque el programa de Adultos Mayores, “70 y más”, sirve a casi 36,000 ancianos meridanos. Desde luego que en las casi 50 comisarías y subcomisarías de Mérida hay familias que necesitan apoyos de los programas sociales, como también en sus colonias marginadas. Entonces, habrá que asumir que la ampliación de cobertura para combatir la pobreza y el hambre en Yucatán se dará en el municipio con los índices de desarrollo más elevados, no en los más pobres y rezagados.
Como que algo no suena bien. De igual manera, hace ruido que de las 32 capitales estatales y el Distrito Federal, 24 (tres de cada cuatro) hayan sido incluidas en el decreto presidencial, además de grandes ciudades como Tijuana y Juárez en el norte, León, Naucalpan y Ecatepec en el centro y Cancún en el sureste, todas ellas de alta competencia electoral o gobernadas por la oposición al PRI.
En resumen: no queda suficientemente claro si la Cruzada contra el Hambre es un nuevo mecanismo de coordinación interinstitucional para operar los programas sociales en 400 áreas del país; si es una nueva estrategia, cuya prioridad es combatir el hambre y no a la pobreza que la ocasiona; o si estar incluido en el nuevo listado representará ventajas para los beneficiarios o mayores problemas para recibir y ejercer sus apoyos, sobre todo, como en el caso de Tahdziú, municipio que se ha vuelto ejemplo de pobreza y donde una avalancha de programas cubren casi a la totalidad de la población. El Coneval tendrá mucho que decir en los próximos meses. Nosotros, los ciudadanos, también. El tema es demasiado importante para dejarlo en un simple bautizo burocrático o en renovación cosmética por principio de sexenio.- Mérida, Yucatán.

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