Giro radical a la política social

Dulce María Sauri Riancho

Recibí por correo electrónico una comunicación de Guillermo Mendicuti, presidente de la recién creada Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac), con una serie de interesantes precisiones sobre el trabajo que se propone realizar esta organización recién constituida. Convencida como estoy del desarrollo social como una tarea de envergadura colectiva que debe sumar las fuerzas de la sociedad y del gobierno, comparto con ustedes algunas reflexiones ante la afortunada coincidencia del inicio de los gobiernos municipales y estatal, del muy próximo de la administración federal y los loables propósitos de este grupo de empresarios yucatecos.

Sin duda se requiere dar un giro radical al conjunto de políticas públicas y programas que integran la política social de la administración estatal, tan maltrecha en los últimos cinco años. El gran reto consiste en alejarla del asistencialismo y acercarla a la sostenibilidad, es decir, que en un futuro determinado las personas beneficiadas puedan mantenerse por sí mismas, sin necesidad de la continua inyección de recursos presupuestales. Un postulado de esta naturaleza de ninguna manera implica que el gobierno se desatienda una responsabilidad fundamental para el bienestar de la mayoría, sino que aplique correctamente los recursos y consiga motivar a los grupos que atiende para propiciar su participación en las decisiones y en la aplicación y vigilancia de los programas.

En el mediano plazo, nada sustituye al “trabajo decente”, concepto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acuñó y aplica desde hace años para describir al empleo digno y bien remunerado que, además de ingreso adecuado y seguridad laboral, genera satisfacción personal y estima individual y familiar. Esto no sucede en Yucatán, donde una tercera parte de la población trabajadora se desempeña en la economía “informal” y tres de cada cinco desempleados son jóvenes mujeres y hombres a quienes poco les sirvió haber completado el ciclo obligatorio de 10 años en la escuela. Sí, Yucatán es el quinto estado con menor desempleo en el país pero, desgraciadamente, es también la cuarta entidad con los ingresos más bajos.

Por eso, la primera acción gubernamental tendrá que ser el fomento del empleo, la productividad y la competitividad de las empresas y negocios yucatecos. Los frutos de una estrategia de este tipo no se ven en lo inmediato, por lo que el gobierno tiene que continuar atendiendo las urgencias de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, que integran un importante grupo de la población de Yucatán. La enorme complejidad administrativa que implica la correcta utilización del presupuesto asignado a los programas sociales federales se puede detectar en los trabajos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que enlista 273 programas y acciones por derechos sociales y bienestar económico. Desde luego que no todos operan en Yucatán, pero sí uno de los principales, “Oportunidades”, que atiende a tres de cada 10 familias yucatecas con becas, ayuda alimentaria y atención a la salud, por un monto en promedio de dos mil pesos mensuales para cada una.

Si el gobierno local se conforma con repartir cosas que sólo amortiguan por un corto tiempo una necesidad -despensa, cobijas, zapatos-, no estará conduciendo la política social sino practicando el asistencialismo, que tal vez le proporcione popularidad entre los beneficiados, pero no repercute en la solución definitiva de su pobreza. El gobierno tiene que ayudar a las familias pobres, particularmente a la población campesina, tan olvidada en los últimos años. Pero si la “política comunitaria” se queda en esas acciones, no habrá “desarrollo social” ni habrá dinero que alcance, a pesar de la austeridad y el ahorro.

Éste es el nicho de oportunidad para abrir la participación por parte del gobierno a las organizaciones de la sociedad. Ellas no han necesitado permiso para servir de múltiples formas a los más desamparados: albergues para ancianos y enfermos, comedores populares, centros de capacitación y atención a personas con discapacidad, entre múltiples acciones que reproducen cotidianamente el milagro de los panes y los peces. Pero una renovada actitud de apertura por parte del gobierno y la sociedad mucho ayudará. Por eso me gustó la expresión del presidente de la Feyac que, dice, ni agremia ni afilia organizaciones, sino que aspira a atender a todas en su camino hacia la institucionalización, lo que significará informar y capacitar para utilizar mejor las facilidades que otorga el actual régimen legal, que permite hacer deducibles fiscalmente las aportaciones que reciben, para utilizar íntegramente el régimen de donaciones que tiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, para elaborar proyectos dirigidos a las agencias donantes de México o del extranjero, entre otras.

Si además la Feyac cuenta con la experiencia de Adolfo Patrón y el Patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y con la de Armando Palma y el Centro de Educación Chilero que lleva su nombre, habrán avanzado un buen trecho. Ahora, ¡a sacudir la modorra del asistencialismo!, y a integrar una verdadera política social.- Mérida, Yucatán.