Acción y omisiones. Escuelas, moscos y policía

Dulce María Sauri Riancho

El desempeño de las autoridades tiene impacto mayúsculo en la vida de los ciudadanos: lo que hagan o dejen de hacer marca profundamente su futuro y puede incluso afectar su existencia misma.

En la madrugada del miércoles 1 de febrero pasado, Álvaro Oswaldo Cervera Peraza fue abatido a tiros por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, después de una persecución de más de 50 kilómetros por las carreteras rumbo a Progreso. Esa misma corporación acababa de recibir nuevo equipo: camionetas (54), carro patrullas (22), veloces motocicletas (42) y 70 móviles para consulta de placas y licencias de manejo en línea.

"Error" o "tiro perdido" de un grupo de agentes que se extralimitaron en su función, el saldo trágico fue la pérdida de la vida de un ciudadano respetable, parte de una extensa y querida familia de la sociedad yucateca. Sin embargo, las consecuencias no se agotan en el dudoso procedimiento legal iniciado para sancionar a los culpables. Este hecho muestra la gran vulnerabilidad de los destacamentos responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía yucateca. Las explicaciones de las autoridades generan más dudas que certezas. Preocupa imaginar la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad pública de Yucatán ante una situación como las que enfrentan cotidianamente sus pares en otras partes de la república, donde grupos de la delincuencia organizada han demostrado "poder de fuego" suficiente para anular a las policías locales y responder con lujo de violencia al mismo Ejército.

Esas primeras horas de la mañana del día 1 registraron el desenlace de la batalla de cientos de madres de familia por alcanzar cupo en las escuelas de preescolar y primaria en distintos puntos de la ciudad de Mérida. Según las cuentas de la Secretaría de Educación, hay lugar para todos los niños en edad de ingresar al kínder o a primero de primaria. Si los pequeños y sus padres pudieran trasladarse todos los días, por ejemplo, del sur al centro o norte de la ciudad, así sería. Pero la realidad es muy distinta a las "cuentas alegres" de las autoridades. Extensas áreas como Ciudad Caucel, con 15,000 casas construidas, 9,000 ocupadas, ¡sólo cuenta con dos escuelas primarias! Otro tanto podría mencionarse de los fraccionamientos de Kanasín o de otras colonias del sur de la ciudad, como Villa Magna del Sur, cuya escuela con cupo para 78 niños en primer grado, sólo ofreció 26 lugares porque los demás estaban ya reservados para los hermanitos de sus alumnos.

En el terreno de la Educación es posible realizar una planeación a nivel de detalle para estimar la demanda educativa por secciones de la ciudad. Hay que considerar que los nuevos fraccionamientos son habitados, en su mayoría, por familias jóvenes, con hijos pequeños que demandan escuelas. Resulta inconcebible, entonces, que las autorizaciones de proyectos de esa magnitud no sean acompañadas de las previsiones en materia de escuelas, mercados públicos y áreas recreativas en cantidad suficiente y de calidad para las familias que ahí habitarán. Las mamás, además de carecer de vehículo particular para trasladar a sus pequeños a una escuela lejana, trabajan fuera de casa, por lo que los turnos matutinos son insustituibles. Muchas familias no cuentan con dinero para pagar el camión o la combi todos los días. Por eso es obligación de las autoridades solucionar oportunamente esta situación. Cuentan con los datos estadísticos de la demanda potencial.

Febrero también se inició con datos preocupantes sobre el dengue. En los primeros 20 días del año se reportaron 218 casos, 77 de ellos de dengue hemorrágico. La estimación para este año indica que podría ser incluso más grave que 2011, con miles de infectados y decenas de muertos. Los cálculos de los especialistas deberían de ser suficientes para que las autoridades abandonaran la estrategia que tan malos resultados dejó. Nada se gana con culpar a la sociedad o escabullir toda responsabilidad culpando ¡al régimen de lluvias! la proliferación del Aedes Aegypti en este húmedo invierno.

Una acción equivocada y abusiva de las autoridades privó de la vida a un ciudadano. Dos omisiones graves -espacios educativos suficientes y combate eficaz al dengue- ponen en riesgo la salud y la vida de las personas y el futuro de muchos niños. Es factible corregir, en materia de seguridad: con humildad, revisar la aplicación de los protocolos, la capacitación de los agentes que portan armas de grueso calibre, la misma función de los "retenes". Se puede también realizar una construcción de emergencia en las escuelas localizadas en los enormes asentamientos de la periferia de Mérida: salones para que abran el próximo septiembre, los grupos que se requieran del primer grado de primaria. En el renglón sanitario se impone recuperar la experiencia de muchos años en la prevención del dengue, los programas de descacharrización, deshierbe y abatización. Hay que actuar ahora, porque se sabe lo que hay que hacer: que cumplan, ahora sí en tiempo y forma.

Pocos meses le quedan a las autoridades para reencauzar sus actos. Pero aún hay tiempo.- Mérida, Yucatán.

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