Marchas y manifestaciones. Entre la frustración y la esperanza

Dulce María Sauri Riancho

Las marchas y concentraciones del domingo pasado en la ciudad de México y otras 17 entidades del país y el mitin matutino en la plaza de San Juan, en Mérida, muestran con claridad que nos encontramos en una situación de emergencia social.

El combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado está derivando en la instauración de un Estado policiaco, en que las prioridades parecen haberse trastocado. Lo más importante para el gobierno se ha vuelto el número de jefes de cárteles que han salido de la circulación (aprehendidos o muertos), ya ni siquiera la cantidad de droga decomisada. Las ejecuciones y las balaceras forman parte de la vida cotidiana de varias ciudades y regiones de México, sin que ocupen más que unos cuantos renglones de los medios impresos y unos breves segundos en los noticieros televisivos.

La propaganda oficial intenta convencernos de que "vamos ganando" la guerra; que todos los esfuerzos son ".para que la droga no llegue a tus hijos.". Sin embargo, la sensación general es de frustración. Peor aún, no se vislumbra la luz al final del túnel de violencia e inseguridad. Por eso es muy importante registrar lo sucedido en las marchas y el mitin dominical meridano.

Lo trascendente no es el número de personas que se manifestaron y sus motivos para asistir y expresar la indignación por la violencia que azota a la sociedad mexicana. Lo que importa no es cuántos seguidores tiene López Obrador y el movimiento de regeneración nacional (MORENA) que encabeza. Lo que conviene rescatar es la mezcla de sentimientos de frustración y de esperanza que se proyectaron ese día: la indignación por lo sucedido y la esperanza de que las cosas pueden cambiar, que todavía es posible construir, en paz, espacios de convivencia social distintos al ambiente de inseguridad e incertidumbre en que vive la mayoría de la población.

En el corto plazo es necesario combatir frontalmente toda forma de delincuencia. Pero no podemos permitir que el gobierno agote su compromiso en una guerra perdida de antemano si no se atacan las raíces del mal. Las causas de fondo de la situación que nos aflige están en la profunda desigualdad y en la falta de oportunidades para la mayoría.

Se dice con razón que las bandas de narcotraficantes están integradas principalmente por jóvenes que no encontraron opción para satisfacer sus expectativas de mejoramiento material en una actividad lícita, es decir, no hallaron trabajo y si lo hicieron, el sueldo era tan reducido que difícilmente les permitía vivir el día, mucho menos construir su futuro.

Hasta hace algún tiempo, con una economía boyante en los Estados Unidos, la emigración era el destino de numerosos contingentes juveniles de muchas partes del país. Esa etapa terminó con la crisis económica de 2008. Ahora la oportunidad aparece en el reclutamiento para la delincuencia organizada, sea para el narcotráfico o para actividades menos perseguidas, como el tráfico de personas, la venta de mercancía pirata y otras formas irregulares de ganarse la vida.

Si sabemos cuál es el origen del mal, como sociedad tenemos derecho a exigir al gobierno la aplicación de remedios eficaces. Requerimos de un verdadero Programa de Emergencia del Empleo Juvenil. Hay antecedentes: en 1983 se estableció un programa para dar trabajo a miles de personas en el campo que habían quedado sin ingresos como consecuencia de la crisis de entonces. En otras partes del mundo, como en Estados Unidos cuando la Gran Depresión y en Taiwán cuando el bloqueo de China, se crearon mecanismos institucionales para asegurar un ingreso mínimo a su población mientras se generaban las condiciones de superación de la emergencia.

En esta emergencia social, el compromiso debe ser con los jóvenes. No se trata de hacerlos policías ni de darles entrenamiento militar que propicie después su "salto" al crimen organizado. El compromiso estaría en proporcionar efectivamente medios para la creación de empresas juveniles, para estimular la contratación y permanencia en los negocios establecidos, para ampliar sus oportunidades de becas de estudio de postgrado y de inserción en los sistemas de investigación y enseñanza superior del país.

Así habría esperanza. Y si la hay, también habrá futuro para todos.- Mérida, Yucatán.

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