Nueva relación entre el gobierno y el ayuntamiento
Shakira y los baches
Dulce María Sauri Riancho
Shakira no sería la primera artista de relieve internacional que se presenta en Yucatán. Tampoco sería el primer concierto de acceso gratuito cuya figura central sea un artista destacado. Muchos miles de yucatecos han tenido la oportunidad de estar en conciertos de clase mundial de manera gratuita, lo que no hubiera sido posible de haber tenido que pagar su boleto, debido a la precaria situación en que se encuentra la mayor parte de las familias yucatecas.
Si consideramos que la actuación de Shakira tendrá un costo similar a la de Plácido Domingo, estaremos en condición de aceptar que no es el elevado monto del evento lo que polariza y divide a la opinión de los yucatecos. Es la oportunidad y las razones de tal gasto.
La actuación de Shakira no se enmarca en la promoción turística de la ciudad o del estado; tampoco es un evento de distinción cultural; ni hay un excedente en el presupuesto del Ayuntamiento que le permita financiar lo que, en más de un sentido, es una aventura económica.
La falta de razones de peso para justificar el costo del entretenimiento popular obliga a la reflexión sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida. A partir del triunfo del PRI en Mérida, ha habido un cambio significativo en el tipo de relación política y administrativa entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio. La cercanía política entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de la ciudad de Mérida es lógica: por primera vez en veinte años son del mismo partido. La afinidad y simpatía entre la alcaldesa y la gobernadora es manifiesta.
Sin embargo, estas buenas relaciones personales, la proximidad administrativa y la excelente relación política comienzan a afectar las decisiones del ayuntamiento de Mérida y la buena marcha de sus finanzas públicas. Me atrevo a afirmar que antes del 1º de julio del año pasado, fecha de inicio de la gestión de las actuales autoridades, si hubiese habido un concierto gratuito en Mérida, los gastos íntegramente hubieran corrido a cargo del gobierno del estado.
La actual administración estatal sistemáticamente ha incurrido en erogaciones muy por encima del presupuesto autorizado por el Congreso, en particular en aquellas partidas destinadas a la publicidad y la propaganda de las actividades de la titular del Ejecutivo y a la atención y agasajo de visitantes. Las "eternas primeras piedras" abundan, tanto en las obras grandes como en las más pequeñas. La efectividad gubernamental medida por los resultados en la construcción de obras es reducida, a pesar de las declaraciones de los funcionarios responsables. Comenzar a tiempo, terminar a tiempo y respetar el presupuesto autorizado son verdaderas excepciones en el día a día de la administración estatal.
Y cuando el dinero del presupuesto escasea, se ha recurrido a los créditos por multimillonarias sumas, cuya aplicación todavía es incierta.
El ayuntamiento de Mérida está en grave riesgo de contagiarse de los males que afectan a la administración pública estatal. Por lo pronto, ya solicitó y obtuvo un crédito por cien millones de pesos. Ha realizado erogaciones que se ignora de cuál partida presupuestal autorizada habrán de tomarse, como la aportación de diez millones de pesos para la realización de la Olimpiada Juvenil del próximo mes.
Ahora, se anuncia una especie de "crédito-puente" para la contratación de Shakira de millón y medio de dólares (casi 19 millones de pesos), que habrá de recuperarse cuando los diversos patrocinadores se hagan cargo del evento. ¿Y si no? ¿Quién pagará?
Esa y otras preguntas surgen cuando se observa la nueva relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. A partir de julio de 2010:
¿Quién paga el alumbrado público de los 52 kilómetros del periférico de Mérida: el gobierno estatal como antes, o el municipio de Mérida?
¿A cargo de quién corre el subsidio al precio de los boletos de camión: del estado, como antes o del ayuntamiento de Mérida?
¿Cuáles son los criterios para entregar diversas aportaciones al gobierno del estado para la realización de eventos como las Olimpiadas nacionales de abril?
¿Qué va a pasar con el presupuesto de la policía municipal, ahora a cargo del caballeroso comandante Cuesy: ampliará su radio de responsabilidad o será subsidiaria -presupuestalmente hablando- de la Secretaría de Seguridad Pública?
En materia de presupuesto vale la sana distancia: cada quien en su casa y con sus propios gastos. No se valdría cargarle al presupuesto de Mérida lo que, hasta hace muy poco tiempo, corría a cargo de las finanzas estatales. Mucho menos, transferirle las consecuencias de una política presupuestal y administrativa poco eficiente, por decir lo menos.
Mientras, en tres meses estaremos con Shakira y en temporada de lluvias. ¿Vale una noche de gozo el sufrimiento de transitar por las calles llenas de baches que no se pudieron tapar por falta de recursos? Creo que no. Mérida, Yucatán.
Dulce María Sauri Riancho
Shakira no sería la primera artista de relieve internacional que se presenta en Yucatán. Tampoco sería el primer concierto de acceso gratuito cuya figura central sea un artista destacado. Muchos miles de yucatecos han tenido la oportunidad de estar en conciertos de clase mundial de manera gratuita, lo que no hubiera sido posible de haber tenido que pagar su boleto, debido a la precaria situación en que se encuentra la mayor parte de las familias yucatecas.
Si consideramos que la actuación de Shakira tendrá un costo similar a la de Plácido Domingo, estaremos en condición de aceptar que no es el elevado monto del evento lo que polariza y divide a la opinión de los yucatecos. Es la oportunidad y las razones de tal gasto.
La actuación de Shakira no se enmarca en la promoción turística de la ciudad o del estado; tampoco es un evento de distinción cultural; ni hay un excedente en el presupuesto del Ayuntamiento que le permita financiar lo que, en más de un sentido, es una aventura económica.
La falta de razones de peso para justificar el costo del entretenimiento popular obliga a la reflexión sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida. A partir del triunfo del PRI en Mérida, ha habido un cambio significativo en el tipo de relación política y administrativa entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio. La cercanía política entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de la ciudad de Mérida es lógica: por primera vez en veinte años son del mismo partido. La afinidad y simpatía entre la alcaldesa y la gobernadora es manifiesta.
Sin embargo, estas buenas relaciones personales, la proximidad administrativa y la excelente relación política comienzan a afectar las decisiones del ayuntamiento de Mérida y la buena marcha de sus finanzas públicas. Me atrevo a afirmar que antes del 1º de julio del año pasado, fecha de inicio de la gestión de las actuales autoridades, si hubiese habido un concierto gratuito en Mérida, los gastos íntegramente hubieran corrido a cargo del gobierno del estado.
La actual administración estatal sistemáticamente ha incurrido en erogaciones muy por encima del presupuesto autorizado por el Congreso, en particular en aquellas partidas destinadas a la publicidad y la propaganda de las actividades de la titular del Ejecutivo y a la atención y agasajo de visitantes. Las "eternas primeras piedras" abundan, tanto en las obras grandes como en las más pequeñas. La efectividad gubernamental medida por los resultados en la construcción de obras es reducida, a pesar de las declaraciones de los funcionarios responsables. Comenzar a tiempo, terminar a tiempo y respetar el presupuesto autorizado son verdaderas excepciones en el día a día de la administración estatal.
Y cuando el dinero del presupuesto escasea, se ha recurrido a los créditos por multimillonarias sumas, cuya aplicación todavía es incierta.
El ayuntamiento de Mérida está en grave riesgo de contagiarse de los males que afectan a la administración pública estatal. Por lo pronto, ya solicitó y obtuvo un crédito por cien millones de pesos. Ha realizado erogaciones que se ignora de cuál partida presupuestal autorizada habrán de tomarse, como la aportación de diez millones de pesos para la realización de la Olimpiada Juvenil del próximo mes.
Ahora, se anuncia una especie de "crédito-puente" para la contratación de Shakira de millón y medio de dólares (casi 19 millones de pesos), que habrá de recuperarse cuando los diversos patrocinadores se hagan cargo del evento. ¿Y si no? ¿Quién pagará?
Esa y otras preguntas surgen cuando se observa la nueva relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. A partir de julio de 2010:
¿Quién paga el alumbrado público de los 52 kilómetros del periférico de Mérida: el gobierno estatal como antes, o el municipio de Mérida?
¿A cargo de quién corre el subsidio al precio de los boletos de camión: del estado, como antes o del ayuntamiento de Mérida?
¿Cuáles son los criterios para entregar diversas aportaciones al gobierno del estado para la realización de eventos como las Olimpiadas nacionales de abril?
¿Qué va a pasar con el presupuesto de la policía municipal, ahora a cargo del caballeroso comandante Cuesy: ampliará su radio de responsabilidad o será subsidiaria -presupuestalmente hablando- de la Secretaría de Seguridad Pública?
En materia de presupuesto vale la sana distancia: cada quien en su casa y con sus propios gastos. No se valdría cargarle al presupuesto de Mérida lo que, hasta hace muy poco tiempo, corría a cargo de las finanzas estatales. Mucho menos, transferirle las consecuencias de una política presupuestal y administrativa poco eficiente, por decir lo menos.
Mientras, en tres meses estaremos con Shakira y en temporada de lluvias. ¿Vale una noche de gozo el sufrimiento de transitar por las calles llenas de baches que no se pudieron tapar por falta de recursos? Creo que no. Mérida, Yucatán.