Transparencia, ¿vacuna contra la impunidad?
Dulce María Sauri Riancho
La serie de tres reportajes sobre el gasto de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del estado realizada por la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia muestra con claridad la utilidad social de las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para dar seguimiento a la actuación de nuestras autoridades. Quién, cuánto y en qué se gastaron muchos millones de pesos del presupuesto público pasa a ser un asunto documentado que demanda aclaraciones y precisiones por parte de los involucrados: gobierno, empresas y empresarios.
La CGCS es, de acuerdo con el artículo 47 del Código de la Administración Pública yucateca, la dependencia del Ejecutivo estatal responsable de formular, dirigir y ejecutar planes y políticas de comunicación social. La Ley establece puntualmente sus 17 atribuciones. En ese aspecto no debería haber confusión.
La lista de 17 proveedores analizados de la CGCS entre empresas (9) y personas físicas (8) muestra una especie de "mil usos" de los negocios, pues lo mismo hacen limpieza de inmuebles y hospitales, que "estudios de mercado", venden productos químicos y maderas preciosas o realizan labores de vigilancia. Sólo una tiene que ver con la imprenta y las artes gráficas.
Las nueve empresas proveedoras fueron constituidas entre 2008 y 2009. Una elabora y vende gorras y camisetas (desde luego, con un criterio amplio se les podría considerar como vehículos de difusión de las políticas del gobierno del Estado). La mayoría carece de oficinas para recibir la visita de los inspectores de Hacienda, no está "localizable" y sus teléfonos están desconectados.
Cinco personas recibieron una "iguala" mensual de ¡$403,500! (casi cinco millones de pesos al año), lo que significa que sea cual fuere su carga de trabajo reciben esa cantidad. Uno de los contratados por estos altos honorarios estuvo en el Programa de Empleo Temporal hace cinco años, que otorga un subsidio de supervivencia a las personas desempleadas; otra más era hace 10, chofer de tráiler; otra tiene un cibercafé con seis computadoras. No hace falta conocer mucho sobre la conformación o el desempeño de las pequeñas empresas para sospechar, con bases, que "hay gato encerrado".
Se impone considerar la posibilidad de que esta operación, que significó más de 35 millones de pesos en los primeros seis meses de 2010, esté vinculada al llamado "lavado de dinero". Los recursos "lavados" saldrían de las arcas públicas para solventar gastos que no pueden ser cubiertos de otra manera, por las reglas que tiene la administración pública. El modo consistiría en realizar un contrato ficticio, del cual descuenta el proveedor de la factura el IVA de 16% que paga a Hacienda y una "comisión" por el servicio y procede a entregar el resto -alrededor del 70%- al funcionario que le ofreció el negocio. Estos fondos se podrían emplear para liquidar gastos realizados que no pueden ser comprobados en la contabilidad gubernamental, como regalos, atenciones a diversos personajes, "ayudas" a correligionarios políticos durante las campañas, entre otros.
¿Qué autoridad tendría que investigar? La Auditoría Superior del Estado cuando el Ejecutivo presente la Cuenta Pública 2010, más o menos en junio de este año. Sin embargo, los resultados de su labor de fiscalización no han sido hasta ahora nada alentadores en la lucha contra la corrupción. Por la parte empresarial, Hacienda estatal podría abrirles una auditoría. Aunque dada la naturaleza del caso, lo pertinente sería que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal se hiciese cargo de auditar el IVA, el IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única) y el ISR (Impuesto sobre la Renta) de las declaraciones fiscales de las nueve empresas y las ocho personas proveedoras de bienes y servicios a la CGCS del gobierno del Estado. Pero eso sería posible hasta después de marzo o abril, cuando se presenta la declaración anual de 2010.
La legislación de transparencia dio las armas para conocer la información pública gubernamental, analizarla y criticarla. Pero el gran pendiente está en el desarrollo de los mecanismos efectivos para la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ni los baños de Hunucmá ni las facturas de Comunicación Social. Si conocemos, nos indignamos y no actuamos estaríamos ante el peligro real de volvernos una sociedad que, impotente, asiste a su deterioro y asume que nada puede hacer contra el gobierno o los funcionarios que violan la ley y traicionan la confianza ciudadana. Los yucatecos no somos así.- Mérida, Yucatán
La serie de tres reportajes sobre el gasto de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del estado realizada por la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia muestra con claridad la utilidad social de las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para dar seguimiento a la actuación de nuestras autoridades. Quién, cuánto y en qué se gastaron muchos millones de pesos del presupuesto público pasa a ser un asunto documentado que demanda aclaraciones y precisiones por parte de los involucrados: gobierno, empresas y empresarios.
La CGCS es, de acuerdo con el artículo 47 del Código de la Administración Pública yucateca, la dependencia del Ejecutivo estatal responsable de formular, dirigir y ejecutar planes y políticas de comunicación social. La Ley establece puntualmente sus 17 atribuciones. En ese aspecto no debería haber confusión.
La lista de 17 proveedores analizados de la CGCS entre empresas (9) y personas físicas (8) muestra una especie de "mil usos" de los negocios, pues lo mismo hacen limpieza de inmuebles y hospitales, que "estudios de mercado", venden productos químicos y maderas preciosas o realizan labores de vigilancia. Sólo una tiene que ver con la imprenta y las artes gráficas.
Las nueve empresas proveedoras fueron constituidas entre 2008 y 2009. Una elabora y vende gorras y camisetas (desde luego, con un criterio amplio se les podría considerar como vehículos de difusión de las políticas del gobierno del Estado). La mayoría carece de oficinas para recibir la visita de los inspectores de Hacienda, no está "localizable" y sus teléfonos están desconectados.
Cinco personas recibieron una "iguala" mensual de ¡$403,500! (casi cinco millones de pesos al año), lo que significa que sea cual fuere su carga de trabajo reciben esa cantidad. Uno de los contratados por estos altos honorarios estuvo en el Programa de Empleo Temporal hace cinco años, que otorga un subsidio de supervivencia a las personas desempleadas; otra más era hace 10, chofer de tráiler; otra tiene un cibercafé con seis computadoras. No hace falta conocer mucho sobre la conformación o el desempeño de las pequeñas empresas para sospechar, con bases, que "hay gato encerrado".
Se impone considerar la posibilidad de que esta operación, que significó más de 35 millones de pesos en los primeros seis meses de 2010, esté vinculada al llamado "lavado de dinero". Los recursos "lavados" saldrían de las arcas públicas para solventar gastos que no pueden ser cubiertos de otra manera, por las reglas que tiene la administración pública. El modo consistiría en realizar un contrato ficticio, del cual descuenta el proveedor de la factura el IVA de 16% que paga a Hacienda y una "comisión" por el servicio y procede a entregar el resto -alrededor del 70%- al funcionario que le ofreció el negocio. Estos fondos se podrían emplear para liquidar gastos realizados que no pueden ser comprobados en la contabilidad gubernamental, como regalos, atenciones a diversos personajes, "ayudas" a correligionarios políticos durante las campañas, entre otros.
¿Qué autoridad tendría que investigar? La Auditoría Superior del Estado cuando el Ejecutivo presente la Cuenta Pública 2010, más o menos en junio de este año. Sin embargo, los resultados de su labor de fiscalización no han sido hasta ahora nada alentadores en la lucha contra la corrupción. Por la parte empresarial, Hacienda estatal podría abrirles una auditoría. Aunque dada la naturaleza del caso, lo pertinente sería que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal se hiciese cargo de auditar el IVA, el IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única) y el ISR (Impuesto sobre la Renta) de las declaraciones fiscales de las nueve empresas y las ocho personas proveedoras de bienes y servicios a la CGCS del gobierno del Estado. Pero eso sería posible hasta después de marzo o abril, cuando se presenta la declaración anual de 2010.
La legislación de transparencia dio las armas para conocer la información pública gubernamental, analizarla y criticarla. Pero el gran pendiente está en el desarrollo de los mecanismos efectivos para la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ni los baños de Hunucmá ni las facturas de Comunicación Social. Si conocemos, nos indignamos y no actuamos estaríamos ante el peligro real de volvernos una sociedad que, impotente, asiste a su deterioro y asume que nada puede hacer contra el gobierno o los funcionarios que violan la ley y traicionan la confianza ciudadana. Los yucatecos no somos así.- Mérida, Yucatán