Reforma de justicia, entre necesidad y demanda
Dulce María Sauri Riancho
La reforma de justicia es la más amplia y de mayor calado emprendida por la actual administración. Comprende tanto al poder Judicial del estado como a las instituciones del Ejecutivo responsabilizadas de su procuración. Los efectos directos más llamativos para la sociedad se comenzaron a percibir recientemente con la liberación de un número considerable de personas sujetas a proceso en las cárceles del estado.
Hay razones para la preocupación ciudadana sobre las consecuencias de este mandato de ley sobre los jueces. ¿Qué pasará? ¿Aumentará la delincuencia por la sensación de impunidad que representa violar la ley y quedar libre? ¿Tendrán capacidad las autoridades para dar seguimiento a los presuntos responsables, mientras se desahoga su proceso?
El gran eje de la reforma es la presunción de inocencia. No es otra cosa que hacer valer la condición de inocente ante cualquier imputación, mientras no se demuestre la culpabilidad en un juicio y se reciba una sentencia. Es una garantía constitucional. Por tanto, se tiene derecho a un proceso ágil, justo y en libertad para la mayoría de los casos.
Para aplicar este conjunto de nuevas normas, el Poder Judicial del Estado ha tenido que transformarse. No es sólo el incremento del número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (de 6 a 11), sino también los cambios en los procedimientos, tanto de la forma de juzgar y de las atribuciones de los jueces. Una reforma de esta magnitud tendrá que llevarse a cabo antes de 2013. Por eso ha habido un gran número de acciones legislativas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso.
¿Qué quieren los ciudadanos? Que quien viole la ley pague. Queremos sentirnos seguros y protegidos por un sistema de justicia eficaz. En Yucatán, el número de denuncias de presuntos delitos es alto. Es una muestra tradicional de confianza en las autoridades. Pero ¿qué sentirá el vecino que se armó de valor y denunció al pandillero que le robó la soguilla a su esposa, que fue detenido por la policía y liberado por el juez? ¿Se arriesgará otra vez a reportarlo o preferirá sobrellevar los abusos en silencio, con la creciente convicción de que sólo existe la justicia de propia mano? Pensemos en la sensación de impotencia de la víctima de abuso sexual, violencia doméstica o robo en sus propiedades cuando es notificada que su victimario enfrentará el proceso en libertad, que puede ir a amenazarle para desistirse de su denuncia, si es que el delito no se persigue de oficio como el homicidio o lesiones graves.
¿Qué quieren las autoridades? Menos personas en las cárceles sujetas a procesos que se prolongan por muchos meses. Las prisiones se llaman pomposamente "centros de rehabilitación social", aunque son reconocidas sus limitaciones para lograr la integración de quienes han pasado por sus celdas. Más bien son lugares de aprendizaje y perfeccionamiento de prácticas delictivas, donde quien llega por primera vez, sujeto a proceso, puede recibir la influencia nociva de los sentenciados a largas condenas. Además, los fenómenos de violencia y organización criminal en el interior de las prisiones se repiten en varias ciudades del país -afortunadamente no en Yucatán-, donde los presos han llegado a mandar sobre los funcionarios y celadores.
Cualquiera de nosotros es susceptible de cometer un error e ir a prisión por ello. Todos tenemos derecho a permanecer como inocentes mientras los jueces deciden y sentencian. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Pero, ¿está el sistema de justicia y la sociedad preparada para brindarla, sin vulnerar la tranquilidad y seguridad de los demás? Hace unos días, a las tres horas de salir de la cárcel un sujeto fue denunciado por su esposa por haberla golpeado. ¿Qué pasará con los reincidentes de delitos menores: será una especie de "carrusel penitenciario", dando y dando vueltas con la obligación de los jueces de liberarlos una y otra vez?
Se requiere una intensa y permanente vigilancia de la sociedad sobre la aplicación de la reforma en materia de justicia. Que las autoridades -Congreso, en especial- no tengan temor a corregir si las cosas no funcionan adecuadamente. En cualquier área de la vida pública la simulación es costosa: en el sistema de justicia es mortal no sólo para los individuos, sino para la sociedad. En ese tema tan delicado, prevenir implica participar.- Mérida, Yucatán.
Hay razones para la preocupación ciudadana sobre las consecuencias de este mandato de ley sobre los jueces. ¿Qué pasará? ¿Aumentará la delincuencia por la sensación de impunidad que representa violar la ley y quedar libre? ¿Tendrán capacidad las autoridades para dar seguimiento a los presuntos responsables, mientras se desahoga su proceso?
El gran eje de la reforma es la presunción de inocencia. No es otra cosa que hacer valer la condición de inocente ante cualquier imputación, mientras no se demuestre la culpabilidad en un juicio y se reciba una sentencia. Es una garantía constitucional. Por tanto, se tiene derecho a un proceso ágil, justo y en libertad para la mayoría de los casos.
Para aplicar este conjunto de nuevas normas, el Poder Judicial del Estado ha tenido que transformarse. No es sólo el incremento del número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (de 6 a 11), sino también los cambios en los procedimientos, tanto de la forma de juzgar y de las atribuciones de los jueces. Una reforma de esta magnitud tendrá que llevarse a cabo antes de 2013. Por eso ha habido un gran número de acciones legislativas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso.
¿Qué quieren los ciudadanos? Que quien viole la ley pague. Queremos sentirnos seguros y protegidos por un sistema de justicia eficaz. En Yucatán, el número de denuncias de presuntos delitos es alto. Es una muestra tradicional de confianza en las autoridades. Pero ¿qué sentirá el vecino que se armó de valor y denunció al pandillero que le robó la soguilla a su esposa, que fue detenido por la policía y liberado por el juez? ¿Se arriesgará otra vez a reportarlo o preferirá sobrellevar los abusos en silencio, con la creciente convicción de que sólo existe la justicia de propia mano? Pensemos en la sensación de impotencia de la víctima de abuso sexual, violencia doméstica o robo en sus propiedades cuando es notificada que su victimario enfrentará el proceso en libertad, que puede ir a amenazarle para desistirse de su denuncia, si es que el delito no se persigue de oficio como el homicidio o lesiones graves.
¿Qué quieren las autoridades? Menos personas en las cárceles sujetas a procesos que se prolongan por muchos meses. Las prisiones se llaman pomposamente "centros de rehabilitación social", aunque son reconocidas sus limitaciones para lograr la integración de quienes han pasado por sus celdas. Más bien son lugares de aprendizaje y perfeccionamiento de prácticas delictivas, donde quien llega por primera vez, sujeto a proceso, puede recibir la influencia nociva de los sentenciados a largas condenas. Además, los fenómenos de violencia y organización criminal en el interior de las prisiones se repiten en varias ciudades del país -afortunadamente no en Yucatán-, donde los presos han llegado a mandar sobre los funcionarios y celadores.
Cualquiera de nosotros es susceptible de cometer un error e ir a prisión por ello. Todos tenemos derecho a permanecer como inocentes mientras los jueces deciden y sentencian. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Pero, ¿está el sistema de justicia y la sociedad preparada para brindarla, sin vulnerar la tranquilidad y seguridad de los demás? Hace unos días, a las tres horas de salir de la cárcel un sujeto fue denunciado por su esposa por haberla golpeado. ¿Qué pasará con los reincidentes de delitos menores: será una especie de "carrusel penitenciario", dando y dando vueltas con la obligación de los jueces de liberarlos una y otra vez?
Se requiere una intensa y permanente vigilancia de la sociedad sobre la aplicación de la reforma en materia de justicia. Que las autoridades -Congreso, en especial- no tengan temor a corregir si las cosas no funcionan adecuadamente. En cualquier área de la vida pública la simulación es costosa: en el sistema de justicia es mortal no sólo para los individuos, sino para la sociedad. En ese tema tan delicado, prevenir implica participar.- Mérida, Yucatán.