Los órganos reguladores. ¿Quién nos cuida?
Dulce María Sauri Riancho
Tres noticias han ocupado a los medios de comunicación en los últimos días. La primera, el enorme derrame de petróleo en el Golfo de México; la segunda, la crítica situación económica de Grecia, país miembro fundador de la Unión Europea, nueva víctima de una crisis que amenaza con extenderse a otros países, como España, Portugal e Italia. La tercera es la presentación del proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso del incendio de la guardería ABC, donde 49 menores de 4 años perdieron la vida hace poco más de 12 meses.
¿Qué tienen en común estos tres sucesos? En dos de ellos, hay consecuencias trágicas de pérdida de vidas humanas —los niños de la guardería, los trabajadores de la plataforma petrolera hundida en altamar—; en otro —Grecia y los otros miembros de la Unión Europea—, los resultados han impactado la vida de millones de personas que han perdido su trabajo o han visto reducidos sus salarios, como consecuencia de la crisis económica que se inició hace casi dos años en los Estados Unidos. En el derrame, contaminación de flora y fauna; amenaza a las actividades turísticas y pesqueras del extenso litoral norteamericano del Golfo de México, con posible irradiación hasta las costas mexicanas, es decir hasta la Península de Yucatán.
Los tres casos tienen un elemento común que debiera ser objeto de profunda reflexión: una falla monumental en los mecanismos de supervisión y en los órganos reguladores que tendrían que haber estado vigilantes del desempeño de las instituciones y de sus operaciones; esos mismos órganos que hubieran podido prevenir el desastre, la pérdida de vidas que apenas se iniciaban, de los ahorros y del empleo de muchos años.
Conforme avanzó el conocimiento de las causas de la crisis financiera que se inició con la quiebra de una importante compañía de inversiones de Wall Street (Lehman Brothers) en el otoño de 2008, la indignación invadió al pueblo norteamericano y después a su nuevo gobierno. El propio presidente Obama ha denunciado la codicia de los banqueros que ocasionaron con sus manejos irresponsables la incertidumbre financiera que pronto se transformó en crisis económica mundial, que ha afectado a todo el planeta en mayor o menor grado. ¿Dónde estaban las instituciones responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento de los bancos? ¿Dónde quedaron las “sabias” calificadoras de los fondos de inversión? Se había confundido la desregulación y la eliminación de obstáculos burocráticos para los inversionistas y las empresas, con el “dejar hacer, dejar pasar” de los reguladores del gobierno, que mostraron claramente su incompetencia ante la magnitud del problema que no pudieron prever y menos evitar.
Entre las víctimas de la crisis económica mundial no sólo se cuentan gobiernos que han caído —el más reciente, Japón—, sino países enteros como Islandia y, en menor medida, los llamados despectivamente “PIG” (Portugal, Irlanda, Grecia).
La explotación petrolera en aguas profundas entraña riesgos de todo tipo no sólo económicos, sino tecnológicos, ambientales y de seguridad. Producto de un accidente insuficientemente explicado a la opinión pública, una plataforma petrolera propiedad de la poderosa British Petroleum (BPC), se hundió y el pozo que perforaba se salió de control, ocasionando un enorme derrame del hidrocarburo, que ya fue calificado como la peor tragedia ecológica de los EE.UU.
Ahora nos enteramos que las grandes operaciones petroleras norteamericanas de “vanguardia” en el Golfo de México, como una y otra vez las calificaron los panegiristas de la privatización mexicana, estaban supervisadas por una oscura oficina de “Gestión de Minerales”, y que sus funcionarios habían sucumbido al poder de las empresas que supuestamente regulaban, aceptando regalos y viajes. En pocas palabras, se habían corrompido.
La guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, estaba supervisada por el IMSS, por el gobierno del estado y por el gobierno municipal. No funcionó la supervisión de la seguridad del entorno —tabique de por medio funcionaba un almacén gubernamental donde comenzó el incendio—, ni del recinto donde se encontraban los menores ni de los mecanismos de Protección Civil. El Ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, en su proyecto de resolución señala la inobservancia por parte de las autoridades de sus deberes constitucionales, legales “y aun infralegales” de las autoridades del IMSS y de los gobiernos de Sonora y Hermosillo.
El gobierno, sea federal, estatal o municipal, es responsable de regular y supervisar la operación de cualquier local, empresa o actividad que represente un riesgo para el bienestar público. ¿Cuánto delega en sus subordinados quien gobierna? ¿Sólo tareas o también responsabilidades: legales, políticas, morales? El debate en la SCJN sobre la tragedia de la guardería ABC arrojará luces sobre los límites de responsabilidad de las autoridades en éste y en otros casos que pongan en peligro el bienestar colectivo por sus deficiencias y fallas.
Los tres casos —Grecia, derrame petrolero, tragedia del ABC— muestran un grave problema: la debilidad de los órganos supervisores producto de la complacencia, el miedo o la corrupción. ¿Quién vigila a los vigilantes, quién detecta sus fallas, sus errores y vicios oportunamente, a tiempo para evitar las catástrofes? En breve comenzará el debate en el Congreso del estado sobre la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria. Independientemente de la paternidad o maternidad del proyecto, la discusión tendría que estar animada por el propósito de eliminar trámites molestos y burocráticos que obstaculizan las actividades de la sociedad. Autoridades capaces de ejercer a plenitud su función reguladora, de supervisar para que nadie se exceda o aproveche, eso es lo que necesitamos. Que para eso sirva la nueva ley.— Mérida, Yucatán.
Tres noticias han ocupado a los medios de comunicación en los últimos días. La primera, el enorme derrame de petróleo en el Golfo de México; la segunda, la crítica situación económica de Grecia, país miembro fundador de la Unión Europea, nueva víctima de una crisis que amenaza con extenderse a otros países, como España, Portugal e Italia. La tercera es la presentación del proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso del incendio de la guardería ABC, donde 49 menores de 4 años perdieron la vida hace poco más de 12 meses.
¿Qué tienen en común estos tres sucesos? En dos de ellos, hay consecuencias trágicas de pérdida de vidas humanas —los niños de la guardería, los trabajadores de la plataforma petrolera hundida en altamar—; en otro —Grecia y los otros miembros de la Unión Europea—, los resultados han impactado la vida de millones de personas que han perdido su trabajo o han visto reducidos sus salarios, como consecuencia de la crisis económica que se inició hace casi dos años en los Estados Unidos. En el derrame, contaminación de flora y fauna; amenaza a las actividades turísticas y pesqueras del extenso litoral norteamericano del Golfo de México, con posible irradiación hasta las costas mexicanas, es decir hasta la Península de Yucatán.
Los tres casos tienen un elemento común que debiera ser objeto de profunda reflexión: una falla monumental en los mecanismos de supervisión y en los órganos reguladores que tendrían que haber estado vigilantes del desempeño de las instituciones y de sus operaciones; esos mismos órganos que hubieran podido prevenir el desastre, la pérdida de vidas que apenas se iniciaban, de los ahorros y del empleo de muchos años.
Conforme avanzó el conocimiento de las causas de la crisis financiera que se inició con la quiebra de una importante compañía de inversiones de Wall Street (Lehman Brothers) en el otoño de 2008, la indignación invadió al pueblo norteamericano y después a su nuevo gobierno. El propio presidente Obama ha denunciado la codicia de los banqueros que ocasionaron con sus manejos irresponsables la incertidumbre financiera que pronto se transformó en crisis económica mundial, que ha afectado a todo el planeta en mayor o menor grado. ¿Dónde estaban las instituciones responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento de los bancos? ¿Dónde quedaron las “sabias” calificadoras de los fondos de inversión? Se había confundido la desregulación y la eliminación de obstáculos burocráticos para los inversionistas y las empresas, con el “dejar hacer, dejar pasar” de los reguladores del gobierno, que mostraron claramente su incompetencia ante la magnitud del problema que no pudieron prever y menos evitar.
Entre las víctimas de la crisis económica mundial no sólo se cuentan gobiernos que han caído —el más reciente, Japón—, sino países enteros como Islandia y, en menor medida, los llamados despectivamente “PIG” (Portugal, Irlanda, Grecia).
La explotación petrolera en aguas profundas entraña riesgos de todo tipo no sólo económicos, sino tecnológicos, ambientales y de seguridad. Producto de un accidente insuficientemente explicado a la opinión pública, una plataforma petrolera propiedad de la poderosa British Petroleum (BPC), se hundió y el pozo que perforaba se salió de control, ocasionando un enorme derrame del hidrocarburo, que ya fue calificado como la peor tragedia ecológica de los EE.UU.
Ahora nos enteramos que las grandes operaciones petroleras norteamericanas de “vanguardia” en el Golfo de México, como una y otra vez las calificaron los panegiristas de la privatización mexicana, estaban supervisadas por una oscura oficina de “Gestión de Minerales”, y que sus funcionarios habían sucumbido al poder de las empresas que supuestamente regulaban, aceptando regalos y viajes. En pocas palabras, se habían corrompido.
La guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, estaba supervisada por el IMSS, por el gobierno del estado y por el gobierno municipal. No funcionó la supervisión de la seguridad del entorno —tabique de por medio funcionaba un almacén gubernamental donde comenzó el incendio—, ni del recinto donde se encontraban los menores ni de los mecanismos de Protección Civil. El Ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, en su proyecto de resolución señala la inobservancia por parte de las autoridades de sus deberes constitucionales, legales “y aun infralegales” de las autoridades del IMSS y de los gobiernos de Sonora y Hermosillo.
El gobierno, sea federal, estatal o municipal, es responsable de regular y supervisar la operación de cualquier local, empresa o actividad que represente un riesgo para el bienestar público. ¿Cuánto delega en sus subordinados quien gobierna? ¿Sólo tareas o también responsabilidades: legales, políticas, morales? El debate en la SCJN sobre la tragedia de la guardería ABC arrojará luces sobre los límites de responsabilidad de las autoridades en éste y en otros casos que pongan en peligro el bienestar colectivo por sus deficiencias y fallas.
Los tres casos —Grecia, derrame petrolero, tragedia del ABC— muestran un grave problema: la debilidad de los órganos supervisores producto de la complacencia, el miedo o la corrupción. ¿Quién vigila a los vigilantes, quién detecta sus fallas, sus errores y vicios oportunamente, a tiempo para evitar las catástrofes? En breve comenzará el debate en el Congreso del estado sobre la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria. Independientemente de la paternidad o maternidad del proyecto, la discusión tendría que estar animada por el propósito de eliminar trámites molestos y burocráticos que obstaculizan las actividades de la sociedad. Autoridades capaces de ejercer a plenitud su función reguladora, de supervisar para que nadie se exceda o aproveche, eso es lo que necesitamos. Que para eso sirva la nueva ley.— Mérida, Yucatán.