La inquietud viaja en camión
No vaya a ser el diablo...
Nadie duda que el transporte pesa considerablemente en los gastos de una familia. Para quienes tienen vehículo propio, la gasolina y su mantenimiento representan una fuerte erogación, acrecentada por el aumento de precios de los combustibles. Sin embargo, para la mayoría de la población, es el boleto de camión o del taxi colectivo lo que vulnera más sus bolsillos.
En agosto el gobierno del Estado autorizó el alza de precio del transporte público urbano en Mérida. Los autobuses de pasajeros aumentaron su tarifa de 5 a 6 pesos. Los argumentos de los concesionarios para solicitar el incremento estuvieron basados en el crecimiento de los precios de los combustibles, del salario de sus operadores y de las piezas y refacciones, además de la adquisición de unidades nuevas. Adicionalmente, hicieron valer ante las autoridades que en casi 3 años, desde noviembre de 2006, no se había registrado aumento alguno al precio de los boletos.
Por otra parte, el 1 de enero entraron en vigor los nuevos salarios mínimos; el general —que se aplica a todos los trabajadores sin calificación— es de 1,634 pesos (54.47 por 30 días). Con estos pocos pesos, miles de familias sobreviven. Y pagan el camión.
Si consideramos que en un hogar hay en promedio tres de sus miembros (padre y/o madre y dos hijos) que diariamente han de trasladarse al trabajo o a la escuela; si éstas se encuentran suficientemente lejos para requerir transporte, al menos gastarán dos terceras partes (36 pesos diarios) del salario mínimo en sus boletos. Si su ingreso es de dos salarios mínimos, un tercio se destina al transporte.
Con estos números es fácil comprender por qué para miles de estudiantes yucatecos, las llamadas “tarifas sociales” del transporte urbano se vuelven fundamentales para poder asistir a la escuela sin colapsar la economía familiar.
Estos datos también nos permiten entender las premuras de las madres de familia para encontrar cupo para sus hijos en una escuela cercana a su domicilio. No sólo se trata de la facilidad del traslado a pie, sino del ahorro que representa. Atrás del sacrificio de las “colas” de madres de familia, de día y noche para cuidar el lugar en la fila de las inscripciones a primaria y preescolar, están la necesidad del ahorro del pasaje y la seguridad de sus hijos.
Desde hace muchos años —más de medio siglo— el transporte en Mérida tiene una tarifa preferencial para estudiantes. Cuando subieron los precios, el boleto se mantuvo en tres pesos para niños y jóvenes escolares de todas las instituciones educativas reconocidas por la SEP, la Uady y el Tecnológico de Mérida. Según el decreto 222 del 20 de agosto de 2009, los adultos mayores de 60 años, los niños (sin precisar edad), las “familias en situación económica crítica” y los jóvenes egresados “en busca de empleo”, también tienen derecho a la tarifa de 3 pesos, aunque para estos dos grupos el descuento sería válido a partir del 1 de enero de este año.
El propio decreto 222 establece la obligación de contar con la “credencial única del servicio de transporte público” para hacer efectivo el descuento. Según las autoridades, 75 por ciento de la matrícula estudiantil de Mérida ha sido registrada. Pero, mientras la Comisión de Transporte considera una matrícula de 70 mil estudiantes, las cifras de la SEP reportan más de 130 mil alumnos de secundaria a universidad, sólo para Mérida. La manera unilateral como se maneja este procedimiento y la falta de transparencia del mismo generó la inconformidad de grupos de estudiantes que se han manifestado reiteradamente.
Ya no fueron las autoridades escolares de cada plantel las responsables de expedir las credenciales de estudiantes, previa promoción activa de las sociedades de alumnos. Ahora, el procedimiento se centralizó en tres lugares y a cada solicitante se le requirió, además de la información escolar (fácil de obtener en cada plantel), información socioeconómica de su núcleo familiar y su copia de la credencial de elector si era mayor de 18 años de edad. ¿A dónde va esa información? ¿Quién la tutela y la resguarda? Cuando proporcionamos nuestros datos al Registro Federal Electoral o al Servicio de Administración Tributaria, sabemos que la ley obliga a las autoridades a cuidarla. En este caso, las bases de datos de los jóvenes estudiantes, quedan desprotegidas porque no hay regulación alguna que las resguarde.
El decreto expresamente señala que “todo estudiante regular” tiene derecho al descuento. No importa su nivel socioeconómico, o si su escuela es pública o privada. Entonces, ¿para qué se necesitan los datos de sus familias? ¿Será que más adelante se les pretende otorgar la credencial sólo a aquellos que las autoridades consideren de familias de “bajos ingresos”? ¿Quién decide a quién sí y a quién no reconocer el acceso a la tarifa preferencial de estudiantes? La modernización no está reñida con la transparencia y la protección de datos personales. Requerimos de una legislación que garantice a la ciudadanía la correcta utilización de la información personal que brinda a las autoridades. No vayamos a encontrarnos esas bases de datos entre los estrategas de algún partido político en campaña. No vaya a ser el diablo…— Mérida, Yucatán
Dulce María Sauri Riancho
Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.
Nadie duda que el transporte pesa considerablemente en los gastos de una familia. Para quienes tienen vehículo propio, la gasolina y su mantenimiento representan una fuerte erogación, acrecentada por el aumento de precios de los combustibles. Sin embargo, para la mayoría de la población, es el boleto de camión o del taxi colectivo lo que vulnera más sus bolsillos.
En agosto el gobierno del Estado autorizó el alza de precio del transporte público urbano en Mérida. Los autobuses de pasajeros aumentaron su tarifa de 5 a 6 pesos. Los argumentos de los concesionarios para solicitar el incremento estuvieron basados en el crecimiento de los precios de los combustibles, del salario de sus operadores y de las piezas y refacciones, además de la adquisición de unidades nuevas. Adicionalmente, hicieron valer ante las autoridades que en casi 3 años, desde noviembre de 2006, no se había registrado aumento alguno al precio de los boletos.
Por otra parte, el 1 de enero entraron en vigor los nuevos salarios mínimos; el general —que se aplica a todos los trabajadores sin calificación— es de 1,634 pesos (54.47 por 30 días). Con estos pocos pesos, miles de familias sobreviven. Y pagan el camión.
Si consideramos que en un hogar hay en promedio tres de sus miembros (padre y/o madre y dos hijos) que diariamente han de trasladarse al trabajo o a la escuela; si éstas se encuentran suficientemente lejos para requerir transporte, al menos gastarán dos terceras partes (36 pesos diarios) del salario mínimo en sus boletos. Si su ingreso es de dos salarios mínimos, un tercio se destina al transporte.
Con estos números es fácil comprender por qué para miles de estudiantes yucatecos, las llamadas “tarifas sociales” del transporte urbano se vuelven fundamentales para poder asistir a la escuela sin colapsar la economía familiar.
Estos datos también nos permiten entender las premuras de las madres de familia para encontrar cupo para sus hijos en una escuela cercana a su domicilio. No sólo se trata de la facilidad del traslado a pie, sino del ahorro que representa. Atrás del sacrificio de las “colas” de madres de familia, de día y noche para cuidar el lugar en la fila de las inscripciones a primaria y preescolar, están la necesidad del ahorro del pasaje y la seguridad de sus hijos.
Desde hace muchos años —más de medio siglo— el transporte en Mérida tiene una tarifa preferencial para estudiantes. Cuando subieron los precios, el boleto se mantuvo en tres pesos para niños y jóvenes escolares de todas las instituciones educativas reconocidas por la SEP, la Uady y el Tecnológico de Mérida. Según el decreto 222 del 20 de agosto de 2009, los adultos mayores de 60 años, los niños (sin precisar edad), las “familias en situación económica crítica” y los jóvenes egresados “en busca de empleo”, también tienen derecho a la tarifa de 3 pesos, aunque para estos dos grupos el descuento sería válido a partir del 1 de enero de este año.
El propio decreto 222 establece la obligación de contar con la “credencial única del servicio de transporte público” para hacer efectivo el descuento. Según las autoridades, 75 por ciento de la matrícula estudiantil de Mérida ha sido registrada. Pero, mientras la Comisión de Transporte considera una matrícula de 70 mil estudiantes, las cifras de la SEP reportan más de 130 mil alumnos de secundaria a universidad, sólo para Mérida. La manera unilateral como se maneja este procedimiento y la falta de transparencia del mismo generó la inconformidad de grupos de estudiantes que se han manifestado reiteradamente.
Ya no fueron las autoridades escolares de cada plantel las responsables de expedir las credenciales de estudiantes, previa promoción activa de las sociedades de alumnos. Ahora, el procedimiento se centralizó en tres lugares y a cada solicitante se le requirió, además de la información escolar (fácil de obtener en cada plantel), información socioeconómica de su núcleo familiar y su copia de la credencial de elector si era mayor de 18 años de edad. ¿A dónde va esa información? ¿Quién la tutela y la resguarda? Cuando proporcionamos nuestros datos al Registro Federal Electoral o al Servicio de Administración Tributaria, sabemos que la ley obliga a las autoridades a cuidarla. En este caso, las bases de datos de los jóvenes estudiantes, quedan desprotegidas porque no hay regulación alguna que las resguarde.
El decreto expresamente señala que “todo estudiante regular” tiene derecho al descuento. No importa su nivel socioeconómico, o si su escuela es pública o privada. Entonces, ¿para qué se necesitan los datos de sus familias? ¿Será que más adelante se les pretende otorgar la credencial sólo a aquellos que las autoridades consideren de familias de “bajos ingresos”? ¿Quién decide a quién sí y a quién no reconocer el acceso a la tarifa preferencial de estudiantes? La modernización no está reñida con la transparencia y la protección de datos personales. Requerimos de una legislación que garantice a la ciudadanía la correcta utilización de la información personal que brinda a las autoridades. No vayamos a encontrarnos esas bases de datos entre los estrategas de algún partido político en campaña. No vaya a ser el diablo…— Mérida, Yucatán
Dulce María Sauri Riancho