Nuevo botín electoral
Los programas de atención a los adultos mayores
Dulce María Sauri Riancho (Diario de Yucatán, 9 de diciembre de 2009)
La ciudad de Mérida ha sido recientemente centro de atención de dos importantes programas de desarrollo social. Por una parte, la ampliación de “Reconocer Urbano” hasta la capital del estado, y por otra, el anuncio del inicio de operaciones del programa estrella del gobierno federal, Oportunidades, que hasta ahora sólo incluía las comisarías del municipio.
Se aproximan las elecciones y no sólo son los partidos los que velan sus armas, sino también los gobiernos que de ellos surgieron para tratar mediante sus acciones, de reforzar las posibilidades electorales de sus candidatos. En otra ocasión abordaré el tema de Oportunidades, que ahora llega a más de 135,000 familias y que con la ampliación anunciada, atenderá a 166,000, con alrededor de 600,000 personas, un tercio de la población del estado.
Ahora quisiera resaltar las acciones comprometidas para atender a un grupo social que muchas veces es ignorado en las políticas públicas, pero que en fechas relativamente recientes ha sido revalorado por los partidos políticos como de “alta prioridad electoral”: los adultos mayores.
En 2001, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, comenzó la entrega de 700 pesos mensuales a todos los habitantes de la capital del país de más de 70 años, sin otro requisito más que la comprobación de su residencia. Condenado por populista en una primera etapa, pronto fue imitado por otros gobiernos, incluido el federal. En Yucatán operan desde hace varios años dos programas federales que brindan apoyo económico a los adultos mayores. Uno, “70 y más”, tiene más de 40,000 beneficiarios que reciben 500 pesos mensuales. El otro, forma parte de Oportunidades, destinado a mejorar la calidad de vida de casi 5,000 ancianos a quienes se les entregan 295 pesos mensuales.
Casi 80,000 yucatecos tienen más de 70 años. En Mérida son más de 33,000, de los cuales seis de cada diez son mujeres. La mayoría carece de pensión o jubilación; nunca cotizaron ni en el IMSS o en el ISSSTE, por lo que al llegar a la ancianidad tienen que vivir de los casi inexistentes ahorros; continuar trabajando, si se puede, o sujetarse a lo que los hijos quieran o puedan proporcionarles.
Esta situación es aún más aguda en el caso de las mujeres. La actual generación de ancianas escasamente participó en el mercado laboral, excepto algunas maestras y enfermeras; sus maridos no les dejaron pensiones de viudez; su trabajo estuvo concentrado en el hogar y la atención a la familia; por tanto, carecen de ingresos propios. En promedio viven más que los hombres y, por tanto, necesitan ir más seguido al doctor, comprar medicamentos cada vez más caros y rogar por la ayuda de sus hijos, que muchas veces se les regatea.
Creo que lo más grave en las personas mayores es la percepción de exclusión, de ser una carga económica y afectiva para la familia; sentirse y saberse vulnerables; depender de la buena voluntad de los suyos para vivir con dignidad. Por eso son tan importantes las políticas públicas y los programas dirigidos hacia los ancianos. No sólo por ser una obligación del gobierno y de la sociedad para que ellas y ellos puedan ejercer su derecho a una vida digna, sino también por la dinámica demográfica del país, que marca claramente la tendencia hacia el envejecimiento de la población.
Recibir 295, 550 ó 1,000 pesos mensuales, para gastarlos en lo que más necesiten, es alentar la recuperación del ánimo y del sentido de pertenencia a una comunidad. Quizá a algún lector le parecerá una cantidad irrisoria, sobre todo si la compara con los precios de los alimentos y las medicinas; pero la certeza de disponer de ella en los plazos acordados, completa y fácilmente, le pone una luz a la vida de muchos ancianos (y ayuda a pagar el recibo de la CFE).
El compromiso del gobierno, sea federal, estatal o municipal, es hacer sustentables los programas. Que no sólo se anuncien y se realice la primera entrega y después de las elecciones, pasen al olvido. Esa responsabilidad obliga a sacar cuentas.
A la fecha, ya están atendidos seis de cada diez adultos mayores yucatecos por los programas federales (45,221). En Mérida, donde viven más de 33,000, el programa 70 y más reporta 1,804 beneficiarios (Secretaría de Desarrollo Social. Tercer Informe Trimestral. www.sedesol.gob.mx) en sus comisarías. Quedan, por tanto, más de 30,000 meridanos que podrían tener acceso al apoyo de Reconocer o de Oportunidades.
El gobierno del estado anunció que habrá 13.4 millones de pesos para Reconocer Urbano en Mérida. Si es una cifra anual, significa que habrá 2,000 personas que recibirán cada mes 550 pesos. Si es mensual, quiere decir que serán 25,000 los beneficiados y que el gobierno gastará 165 millones cuando menos en 2010, más de la mitad de lo que espera recaudar por tenencia vehicular. Para evitar malos entendidos, propongo que el gobierno del estado realice el mismo ejercicio de transparencia que el gobierno federal. En el sitio Web de Sedesol se puede encontrar el padrón de beneficiarios, los presupuestos aprobados y ejercidos, además de la aplicación de las reglas de operación y los resultados de las evaluaciones externas. Así podríamos conocer quiénes fueron los que resultaron favorecidos por el sorteo, en qué colonias viven. Se podría realizar una saludable contraloría social que fortalezca esta importante iniciativa. En esta era de la informática, la transparencia está al alcance de un clic.— Mérida, Yucatán dulcesauri@gmail.com