¿Fiesta o informe?
Un asunto de división de poderes
Dulce María Sauri
(Editorial publicada el día 5 de agosto en el Diario de Yucatán)
Hace un año recibí una invitación como ex gobernadora para asistir, el 1 de agosto, al “informe ciudadano” del primer año de gestión de Ivonne Ortega. Aunque me extrañó la anticipación de la fecha, puesto que el Informe institucional tendría que ser en octubre, entendí la razón política de la convocatoria para celebrar los primeros 12 meses del regreso del PRI al gobierno, habiendo vencido con la fuerza de los votos al PAN ensoberbecido.
Fue sin duda una bonita fiesta en la que se recuperó uno de los aspectos más sobresalientes de la cultura popular yucateca: la vaquería y la jarana bailada por miles de yucatecos de todas las edades.
Llegó el domingo 17 de octubre. Sin pena ni gloria la gobernadora cumplió el ritual de enviar por escrito el I Informe de Gobierno al Congreso del Estado.
Genera confusión Para los ciudadanos que se enteraron hubo más confusión que interés en lo que tendría que informar la Titular del Ejecutivo, menos aún en lo que expresarían los diputados como resultado del análisis de un año de trabajo ya que, para la mayoría de los ciudadanos, el Informe “ya había pasado”.
Otra vez llegó agosto. Ahora a la palabra “Informe” se le antepuso un II romano, lo que significa que habrá cinco hasta 2012. La fiesta fue mayor que la del año anterior; los invitados de fuera, más numerosos; la propaganda y la publicidad con la voz e imagen de la gobernadora, más intensa que nunca; el gasto público, ostensiblemente más cuantioso.
No abundaré en la presunta violación al artículo 134 Constitucional ni en lo que permite el Cofipe (artículo 228) a los servidores públicos para publicitar sus informes de gestión (en el caso de la gobernadora, el 18 de octubre de este año): sólo siete días antes y cinco días después de su presentación. Estos días no se pueden fragmentar, dividir o acumular como si fueran las vacaciones del trabajo, o acomodar de acuerdo con el interés particular de cada funcionario.
¡Qué quisquillosa!, quizá piense algún lector. Cómo no serlo si lo que se desvirtúa, lo que se desdibuja y confunde con este trastrocamiento de fechas es el principio de la división de Poderes y una de las dos funciones fundamentales del Poder Legislativo: fiscalizar la actuación del Ejecutivo. En octubre, los diputados —todos y todas, incluyendo a la oposición— tienen la facultad de enviar preguntas a la gobernadora que habrán de ser respondidas puntualmente; pueden citar a comparecer a los funcionarios de la administración estatal para profundizar en las cuestiones de su interés. Ahora los legisladores carecen de facultades para interpelar a la gobernadora o cuestionar a alguno de sus funcionarios. Se quedaron congelados en pleno verano y así continuarán hasta octubre, ante la indiferencia y el desinterés ciudadano.
Vigilancia ciudadana También hay otro tipo de vigilancia sobre el Ejecutivo: es la que ejercen los ciudadanos a través del acceso a la información pública gubernamental.
Para que esto sea posible, se necesita transparencia y oportunidad. Si la información se brinda a cuentagotas, si no está accesible en internet, si las pocas cifras que incluyen los anuncios promocionales se pierden tras las fotografías de la gobernadora, difícilmente se puede hablar de una verdadera contraloría social sobre los gobernantes.
Es cierto que nuestras leyes no reconocen poder a la sociedad para aplicar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas a los servidores públicos.
Es tal vez éste el mayor déficit democrático que ahora enfrentamos. Los festejos alejan y confunden aún más a la ciudadanía del ejercicio del derecho fundamental a la información.
En septiembre de 2004, siendo senadora, presenté una iniciativa de reforma a la Constitución con el propósito de que el informe presidencial recuperase su carácter de rendición de cuentas al Poder Legislativo, más allá de las ceremonias fastuosas que acompañaron por muchos años al régimen presidencialista que nos gobernó. Los cambios hacia una más efectiva fiscalización del Poder Ejecutivo los realizó la actual legislatura federal.
Diferentes Si queremos consolidar el 1 de agosto como fiesta popular, ¡hagámoslo! Que el Gobierno del Estado establezca, por decreto, el “Día de la Vaquería Yucateca”, que, a semejanza de la Guelaguetza —“los Lunes del Cerro”—, presente ante propios y extraños lo mejor de nuestras tradiciones y se constituya en un atractivo turístico. Pero, ¡por favor!, no permitamos que se confunda interesadamente con el Informe que la gobernadora debe rendir al Congreso del Estado y a la sociedad yucateca.— Mérida, Yucatán
Dulce María Sauri
(Editorial publicada el día 5 de agosto en el Diario de Yucatán)
Hace un año recibí una invitación como ex gobernadora para asistir, el 1 de agosto, al “informe ciudadano” del primer año de gestión de Ivonne Ortega. Aunque me extrañó la anticipación de la fecha, puesto que el Informe institucional tendría que ser en octubre, entendí la razón política de la convocatoria para celebrar los primeros 12 meses del regreso del PRI al gobierno, habiendo vencido con la fuerza de los votos al PAN ensoberbecido.
Fue sin duda una bonita fiesta en la que se recuperó uno de los aspectos más sobresalientes de la cultura popular yucateca: la vaquería y la jarana bailada por miles de yucatecos de todas las edades.
Llegó el domingo 17 de octubre. Sin pena ni gloria la gobernadora cumplió el ritual de enviar por escrito el I Informe de Gobierno al Congreso del Estado.
Genera confusión Para los ciudadanos que se enteraron hubo más confusión que interés en lo que tendría que informar la Titular del Ejecutivo, menos aún en lo que expresarían los diputados como resultado del análisis de un año de trabajo ya que, para la mayoría de los ciudadanos, el Informe “ya había pasado”.
Otra vez llegó agosto. Ahora a la palabra “Informe” se le antepuso un II romano, lo que significa que habrá cinco hasta 2012. La fiesta fue mayor que la del año anterior; los invitados de fuera, más numerosos; la propaganda y la publicidad con la voz e imagen de la gobernadora, más intensa que nunca; el gasto público, ostensiblemente más cuantioso.
No abundaré en la presunta violación al artículo 134 Constitucional ni en lo que permite el Cofipe (artículo 228) a los servidores públicos para publicitar sus informes de gestión (en el caso de la gobernadora, el 18 de octubre de este año): sólo siete días antes y cinco días después de su presentación. Estos días no se pueden fragmentar, dividir o acumular como si fueran las vacaciones del trabajo, o acomodar de acuerdo con el interés particular de cada funcionario.
¡Qué quisquillosa!, quizá piense algún lector. Cómo no serlo si lo que se desvirtúa, lo que se desdibuja y confunde con este trastrocamiento de fechas es el principio de la división de Poderes y una de las dos funciones fundamentales del Poder Legislativo: fiscalizar la actuación del Ejecutivo. En octubre, los diputados —todos y todas, incluyendo a la oposición— tienen la facultad de enviar preguntas a la gobernadora que habrán de ser respondidas puntualmente; pueden citar a comparecer a los funcionarios de la administración estatal para profundizar en las cuestiones de su interés. Ahora los legisladores carecen de facultades para interpelar a la gobernadora o cuestionar a alguno de sus funcionarios. Se quedaron congelados en pleno verano y así continuarán hasta octubre, ante la indiferencia y el desinterés ciudadano.
Vigilancia ciudadana También hay otro tipo de vigilancia sobre el Ejecutivo: es la que ejercen los ciudadanos a través del acceso a la información pública gubernamental.
Para que esto sea posible, se necesita transparencia y oportunidad. Si la información se brinda a cuentagotas, si no está accesible en internet, si las pocas cifras que incluyen los anuncios promocionales se pierden tras las fotografías de la gobernadora, difícilmente se puede hablar de una verdadera contraloría social sobre los gobernantes.
Es cierto que nuestras leyes no reconocen poder a la sociedad para aplicar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas a los servidores públicos.
Es tal vez éste el mayor déficit democrático que ahora enfrentamos. Los festejos alejan y confunden aún más a la ciudadanía del ejercicio del derecho fundamental a la información.
En septiembre de 2004, siendo senadora, presenté una iniciativa de reforma a la Constitución con el propósito de que el informe presidencial recuperase su carácter de rendición de cuentas al Poder Legislativo, más allá de las ceremonias fastuosas que acompañaron por muchos años al régimen presidencialista que nos gobernó. Los cambios hacia una más efectiva fiscalización del Poder Ejecutivo los realizó la actual legislatura federal.
Diferentes Si queremos consolidar el 1 de agosto como fiesta popular, ¡hagámoslo! Que el Gobierno del Estado establezca, por decreto, el “Día de la Vaquería Yucateca”, que, a semejanza de la Guelaguetza —“los Lunes del Cerro”—, presente ante propios y extraños lo mejor de nuestras tradiciones y se constituya en un atractivo turístico. Pero, ¡por favor!, no permitamos que se confunda interesadamente con el Informe que la gobernadora debe rendir al Congreso del Estado y a la sociedad yucateca.— Mérida, Yucatán