Con la “V” de valor
"Apretarse el cinturón"
(columna publicada el día 26 de agosto en el D. de Yucatán)
Dulce María.
En estos días por todas partes nos apabullan con información de la crisis económica: que el desempleo se disparó, que en vez de crecer decrecemos, que el gobierno tiene que recortar gastos, lo que significa menos inversión en obras públicas o reducción de programas sociales, pero ningún dato, ninguna cifra dirá más a las familias que utilizan el transporte público que el peso extra que pagan por su pasaje desde el pasado domingo.
¿Qué sucedió con el subsidio que se entregaba a los transportistas? ¿Por qué se autorizó el aumento ahora, una vez que pasaron las elecciones? El Foro del Diario ha abordado esta situación. Sin embargo, considero que el asunto de las tarifas, como muchos otros que tienen que ver con subsidios y apoyos que los gobiernos (federal, estatal o municipal) otorgan, nos lleva a preguntarnos de dónde va a obtener el gobierno el dinero que se requiere, además de cuestionar en qué y cómo lo va a gastar o en qué renglones va a recortar.
Yucatán es una entidad que, como otras en el país, depende de los recursos que provienen de la coordinación fiscal con el gobierno federal. Esto no debe ser en desdoro del estado, puesto que la coordinación estado-federación evita la duplicidad de impuestos y mejora, al menos en teoría, la eficiencia para recaudar.
El problema estriba en que de cada $100 que gastamos, sólo 5 son ingresos propios, dinero que recauda la tesorería yucateca. De los $95 que provienen de la Federación, sólo $28, los que corresponden a la “participación de ingresos federales”, los puede gastar el gobierno del Estado con cierta libertad; los restantes $67 nos llegan como “ingresos etiquetados”, es decir que desde la Cámara de Diputados federal se define cuánto y en qué gastarlo y el gobierno del Estado se limita a pagar.
“Apretarse el cinturón” en el gobierno estatal significa revisar los subsidios y eliminarlos cuando no se puedan sostener. Éste parece haber sido el caso del apoyo de $2,000 por autobús que el gobierno estatal entregó puntualmente a los concesionarios desde el año pasado, a cambio de mantener en $5 el precio del boleto.
Se habla otra vez de ponerle IVA a los alimentos y a las medicinas, como una manera de incrementar con rapidez los ingresos gubernamentales. Quienes recomiendan esta medida argumentan la conveniencia de extender y hacer parejos los llamados “impuestos al consumo”, tal y como sucede en los países más desarrollados. Lo que no dicen es que los europeos, el propio Estados Unidos, primero consolidaron el cobro de los impuestos sobre la renta —ingresos de las personas y de las empresas— y después perfeccionaron el IVA.
Por otra parte, si bien es cierto que el IVA en alimentos y medicinas afectaría a todas las familias, resulta más gravoso para las más pobres que destinan casi el 60% de su ingreso a comprar comida y medicinas. Así que por allá no está el camino de salida.
En los impuestos directos está la tela que puede y debe cortar el fisco. No se trata de hostigar de nuevo a los pequeños y medianos empresarios, al trabajador o a la empleada que es causante cautiva, sino de hacer que las grandes corporaciones financieras y los mayores capitales paguen los impuestos que deben pagar y que ahora evaden gracias a la “consolidación fiscal”. El Auditor Superior de la Federación nos ofrece un apunte de esa gigantesca evasión: “... En 2005, 50 'grandes contribuyentes' pagaron sólo 74 pesos (de impuesto sobre la renta, DMS) en promedio y otros 50... pagaron de IVA, en promedio, 67 pesos...”. ¡Sí, leyó usted bien esa ridícula suma! (Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación, 17 julio 2008).
El diagnóstico es conocido. La solución está en manos de legisladores y de funcionarios: falta voluntad política y hay un déficit de valor. Es impostergable una verdadera reforma hacendaria (de ingreso, de gasto, de deuda pública), que elimine privilegios y tratos de excepción, y que provea al gobierno de ingresos suficientes para financiar el desarrollo colectivo. Y, ojo, ¡mucho ojo!: la deuda pública, así se llame “bursatilización”, “Pidiregas” o “PPS”, hay que tomarla con reservas y con prudencia.— Dulce María Sauri, Mérida, Yucatán.
(columna publicada el día 26 de agosto en el D. de Yucatán)
Dulce María.
En estos días por todas partes nos apabullan con información de la crisis económica: que el desempleo se disparó, que en vez de crecer decrecemos, que el gobierno tiene que recortar gastos, lo que significa menos inversión en obras públicas o reducción de programas sociales, pero ningún dato, ninguna cifra dirá más a las familias que utilizan el transporte público que el peso extra que pagan por su pasaje desde el pasado domingo.
¿Qué sucedió con el subsidio que se entregaba a los transportistas? ¿Por qué se autorizó el aumento ahora, una vez que pasaron las elecciones? El Foro del Diario ha abordado esta situación. Sin embargo, considero que el asunto de las tarifas, como muchos otros que tienen que ver con subsidios y apoyos que los gobiernos (federal, estatal o municipal) otorgan, nos lleva a preguntarnos de dónde va a obtener el gobierno el dinero que se requiere, además de cuestionar en qué y cómo lo va a gastar o en qué renglones va a recortar.
Yucatán es una entidad que, como otras en el país, depende de los recursos que provienen de la coordinación fiscal con el gobierno federal. Esto no debe ser en desdoro del estado, puesto que la coordinación estado-federación evita la duplicidad de impuestos y mejora, al menos en teoría, la eficiencia para recaudar.
El problema estriba en que de cada $100 que gastamos, sólo 5 son ingresos propios, dinero que recauda la tesorería yucateca. De los $95 que provienen de la Federación, sólo $28, los que corresponden a la “participación de ingresos federales”, los puede gastar el gobierno del Estado con cierta libertad; los restantes $67 nos llegan como “ingresos etiquetados”, es decir que desde la Cámara de Diputados federal se define cuánto y en qué gastarlo y el gobierno del Estado se limita a pagar.
“Apretarse el cinturón” en el gobierno estatal significa revisar los subsidios y eliminarlos cuando no se puedan sostener. Éste parece haber sido el caso del apoyo de $2,000 por autobús que el gobierno estatal entregó puntualmente a los concesionarios desde el año pasado, a cambio de mantener en $5 el precio del boleto.
Se habla otra vez de ponerle IVA a los alimentos y a las medicinas, como una manera de incrementar con rapidez los ingresos gubernamentales. Quienes recomiendan esta medida argumentan la conveniencia de extender y hacer parejos los llamados “impuestos al consumo”, tal y como sucede en los países más desarrollados. Lo que no dicen es que los europeos, el propio Estados Unidos, primero consolidaron el cobro de los impuestos sobre la renta —ingresos de las personas y de las empresas— y después perfeccionaron el IVA.
Por otra parte, si bien es cierto que el IVA en alimentos y medicinas afectaría a todas las familias, resulta más gravoso para las más pobres que destinan casi el 60% de su ingreso a comprar comida y medicinas. Así que por allá no está el camino de salida.
En los impuestos directos está la tela que puede y debe cortar el fisco. No se trata de hostigar de nuevo a los pequeños y medianos empresarios, al trabajador o a la empleada que es causante cautiva, sino de hacer que las grandes corporaciones financieras y los mayores capitales paguen los impuestos que deben pagar y que ahora evaden gracias a la “consolidación fiscal”. El Auditor Superior de la Federación nos ofrece un apunte de esa gigantesca evasión: “... En 2005, 50 'grandes contribuyentes' pagaron sólo 74 pesos (de impuesto sobre la renta, DMS) en promedio y otros 50... pagaron de IVA, en promedio, 67 pesos...”. ¡Sí, leyó usted bien esa ridícula suma! (Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación, 17 julio 2008).
El diagnóstico es conocido. La solución está en manos de legisladores y de funcionarios: falta voluntad política y hay un déficit de valor. Es impostergable una verdadera reforma hacendaria (de ingreso, de gasto, de deuda pública), que elimine privilegios y tratos de excepción, y que provea al gobierno de ingresos suficientes para financiar el desarrollo colectivo. Y, ojo, ¡mucho ojo!: la deuda pública, así se llame “bursatilización”, “Pidiregas” o “PPS”, hay que tomarla con reservas y con prudencia.— Dulce María Sauri, Mérida, Yucatán.