miércoles, 17 de enero de 2018

Mazacote electoral. Chihuahua, Tratado y otras

Dulce María Sauri Riancho
Tres apuntes del mazacote en que se han convertido las precampañas. Política hay en todos los actos y decisiones que toman los responsables de la conducción de los asuntos públicos del país. Y en tiempos electorales, todos sin excepción están imbuidos de intereses partidistas, abiertos o soterrados. No hay que olvidarlo ni por un momento.

Chihuahua y las represalias de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Ríos de tinta y cientos de imágenes han ilustrado el enfrentamiento entre el gobierno de esta entidad norteña y las autoridades hacendarias federales. Al igual que en otros estados de alternancia partidista, el gobernador Javier Corral emprendió una intensa investigación sobre la gestión de su antecesor en el cargo, el priista César Duarte. Necesario es recordar que en 2016, un año de malos resultados para el PRI, cambió el partido en el gobierno en 9 de los 12 estados con elecciones ordinarias: Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua. Se salvaron para el PRI, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo; y para el PAN, Puebla. En casi todos los estados en los que hubo alternancia se han abierto expedientes sobre la gestión inmediata anterior. En los casos de Quintana Roo y Veracruz, los exgobernadores han sido extraditados y puestos a disposición de la justicia, además de un elevado número de exfuncionarios. No todo es color de rosa en Chihuahua desde que comenzó el gobierno azul. Se puede constatar un grave deterioro de la situación de seguridad que, tras muchos esfuerzos y recursos, se había alcanzado en la entidad más extensa de la República. El asesinato de la periodista de “La Jornada” Miroslava Breach concentró el foco de atención nacional no sólo por el lamentable hecho, sino también por las revelaciones de presuntos nexos entre políticos panistas y los autores intelectuales del deleznable acto. De pronto, cuando parecía que la investigación alcanzaba cotas hasta entonces inalcanzables de la complicidad entre políticos y criminales, surgió con furia el tema del financiamiento de las campañas electorales del PRI con recursos transferidos por la SHCP. ¿Coincidencia o factor de distracción? Lo cierto es que la atención sobre el PAN y sus nexos criminales quedó relegada, para ser sustituida por una estrategia que pretende golpear al gobierno de Peña Nieto, pero especialmente al precandidato priista, José Antonio Meade. Bien se ha cuidado el gobernador Corral de reconocer que gracias a la intervención de la Policía Federal pudo ejecutarse una orden de aprehensión en Saltillo, Coahuila, para lograr el traslado del inculpado hasta Chihuahua. Poco se ha dicho sobre las relaciones aparentemente cordiales, durante año y medio, entre la Federación y el gobierno estatal no sólo en las cuestiones financieras, sino de seguridad, cuestiones fronterizas, desarrollo social, etcétera. Llama la atención que el lunes pasado hubiera salido publicada una carta suscrita por 11 exgobernadores del PAN solidarizándose con Corral, pero sin la firma de ninguno de los actuales gobernantes estatales del PAN o de partidos opositores al PRI. Y conste que los gobernantes que no son del PRI son la mayoría (17 a 15), sin que hasta el momento alguno de ellos hubiera respaldado las denuncias de su par de Chihuahua. En medio de las aguas revueltas, no debe resultar cómoda la posición de quienes se están jugando el pellejo político al proceder contra sus predecesores, como Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, o Carlos Joaquín Coldwell, de Quintana Roo. Tal parece que la enjundia de Javier Corral incluye tender sobre ellos la sombra de la sospecha, una especie de calificación de blandengues o quizá de cómplices, por no sufrir las mismas supuestas represalias que él. ¿Será el combate a la corrupción lo que lo anima? ¿O Javier Corral midió tiempos para ir en pos de la presa mayor, que es el precandidato del PRI a la Presidencia de la República?

Renegociación del Tlcan hasta después del 1 de julio. No puedo culpar a las autoridades canadienses por sugerir se posponga la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) hasta que se hayan efectuado las elecciones en México. Menos cuando el lunes pasado tuve oportunidad de escuchar el audio de un mitin de Andrés Manuel, donde expresaba su posición contraria a “todas” las reformas realizadas en este sexenio y lanzándose a descalificar el Tratado por el fácil camino de la bravuconada revestida de patriotismo. ¿Será esa la opinión definitiva de López Obrador sobre la más importante relación económica de México, de la que dependen millones de empleos, o se trata de un recurso mediático, uno más de sus exabruptos? Tenemos derecho a conocer los fundamentos de esa afirmación.

“Mazacote”. “Masa espesa y pegajosa”, así lo define la Real Academia Española en su acepción número 6. No encuentro palabra más adecuada para definir este periodo de supuestas precampañas de los aspirantes a figurar en las boletas.

Confusión, burla y daño a la credibilidad de las autoridades electorales. En medio del espectáculo, Anaya y Andrés Manuel insisten y se empeñan en que el PRI cambie a su precandidato a la Presidencia de la República. No les gusta Meade, tal parece que quieren otro más a modo de sus intenciones de restarle apoyos a la sensatez y la experiencia que refleja el precandidato priista.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 10 de enero de 2018

Pobreza y elecciones. Emergentes clases medias

Dulce María Sauri Riancho
De acuerdo con los datos del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 80% de los mexicanos es pobre (44%) o es vulnerable (36%). Yucatán se encuentra levemente mejor que el promedio nacional, pues el porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza (42%) es casi igual que la población “vulnerable” (38%). Como en el resto del país, en Yucatán sólo dos de cada 10 habitantes forman parte del privilegiado grupo de población que no es pobre ni vulnerable. Podemos suponer que esta misma proporción registra el millón y medio de yucateco/as que tendrán derecho a votar en las elecciones del 1 de julio.

Con estos datos en la mano, imagino a algunos trastornados estrategas de los partidos políticos frotándose las manos para distribuir despensas masivamente, forma rupestre de garantizar el sufragio “de los pobres” a favor de sus abanderados. El razonamiento es simple: si la mayoría de los yucatecos es pobre, satisfacer de manera mínima una necesidad traería aparejado el agradecimiento y su voto. Los partidos políticos y sus operadores no han acabado de asumir que la dinámica social en Yucatán ha transformado valores y actitudes de sus habitantes, que cada vez se ven más a sí mismos como parte de una gran clase media. Los pobres no se reconocen ni asumen como tales, comparten valores y aspiraciones de este indefinido grupo social. El fracaso de las despensas así lo indica. Las reciben, sí, pero muy probablemente guardan su agravio para las urnas.

¿Qué significa compartir valores y actitudes de clase media? En primer término, se trata de la firme creencia en la movilidad social a través de la educación de los hijos. Conocemos y hemos sido testigos del esfuerzo de madres y padres que se privan de todo con tal de que la hija/o vaya a la universidad, y si no logra ingresar a una institución pública, se esmeran en pagar las colegiaturas en una escuela privada. Son las parejas que unen sus créditos para adquirir una casa de Infonavit o Fovissste; o quien consigue un coche de segunda mano para llegar más fácilmente a la escuela o al trabajo. Son los que compran en abonos los televisores, refrigeradores, lavadoras, para mejorar su calidad de vida. Son quienes se hacen de un teléfono “inteligente” para estar en continuo contacto con el mundo por las redes sociales. Son familias en que todos los adultos trabajan fuera de casa, para contribuir al gasto y para darse esos gustos de la modernidad, en que los aparatos celulares de última generación son de lo más importante. Son quienes llegan a fin de mes gracias a las transferencias monetarias de los programas gubernamentales, como Prospera o Procampo, en que los abuelos también disponen de un modesto ingreso. Son quienes reciben remesas de sus parientes en Estados Unidos o Canadá, que les sirven para vivir más holgadamente y en algunos casos, construir una casa mejor. Son las madres y los ancianos que permanecen en el pueblo junto con los menores, mientras los adultos se van a la Riviera Maya a trabajar de lunes a sábado. La televisión y el internet han acercado la vida de las ciudades hasta los más apartados rincones de Yucatán, por lo que los criterios tradicionales de clasificación urbano-rural para las poblaciones sólo se refieren al número de habitantes, no a sus actividades económicas y tal vez ni siquiera a sus formas de subsistencia. El acceso al consumo de los sectores más amplios de la sociedad ha transformado sus costumbres y sus aspiraciones, las cuales se asemejan cada vez más a los de ese rango de población que no es pobre ni es vulnerable, esto es, el 20% de los yucatecos.

Pero, ojo, la situación de este amplio sector es precaria. Es la población vulnerable al recrudecimiento de la inflación, a que aumente el precio del transporte, la gasolina y los alimentos. Son las familias que pierden su patrimonio para salvarle la vida a un ser querido, enfermo de una grave y cara enfermedad. Son quienes tiemblan ante la mera posibilidad de perder el programa gubernamental que hace la diferencia entre ser pobre e “irla jalando”. Son quienes aprecian las becas escolares que permiten transitar hacia la ansiada universidad. Esta clase media “aspiracional” se encuentra en todos los rincones de Yucatán. Es la que no se conforma con lo que tiene: quiere más y está dispuesta a movilizarse para lograrlo.

Menos de seis intensos meses nos separan del momento en que habremos de decidir en las urnas sobre el rumbo de México y de Yucatán. Nunca como ahora nuestra determinación de acudir o no a votar y hacerlo por uno y otro candidato/a tendrá un impacto real en nuestro entorno inmediato, en el futuro de nuestras familias y de la sociedad de la que formamos parte. Por eso es relevante enterarnos sobre sus propuestas. Por eso debemos exigirles que nos expliquen cómo pretenden lograrlas. Ya no se valen las generalidades y los buenos deseos. Quien mejor entienda esta nueva dinámica social de Yucatán y se comprometa a reforzarla seguramente captará la mayoría de votos sin necesidad de repartir despensas.

La emergente clase media yucateca, la que sale con dificultades de la pobreza ancestral y de la falta de esperanza, merece de sus políticos comprensión y compromiso con el futuro.


Sin concesiones graciosas, sin descanso ni complacencia.— Mérida, Yucatán

miércoles, 3 de enero de 2018

Elecciones 2018: Carta a los Reyes Magos

Dulce María Sauri Riancho

Queridos Reyes Magos:

Pocos niños les escriben cartas en estos tiempos de WhatsApp y Facebook. En realidad, queridos Reyes Magos, el recuerdo de ustedes se ha transformado en una deliciosa rosca, donde los muñequitos ocultos que recuerdan al niño-dios incluyen promesas de suculentos tamales para celebrar la Candelaria, el 2 de febrero.

Ustedes tres tuvieron hace más de dos mil años confianza y fe en las profecías, y tenacidad para alcanzar su propósito. ¡Y vaya déficit que tenemos en 2018 de esta tercia de virtudes! A fuerza de sentirnos defraudados una y otra vez, ya no creemos en nada ni en nadie, incluyéndolos a ustedes, sin ofender. Tiene que ver con la percepción generalizada de que muchas cosas no marchan a favor del país y de sus habitantes. Pobreza, violencia y desigualdad se combinan en varias regiones de México, dañan a las familias y afectan la convivencia social. Allende nuestras fronteras, se anuncia la deportación de miles de paisanos, familias enteras; se presentan además amenazas económicas y de seguridad. En el país vienen las campañas electorales, donde partidos y candidatos habrán de endulzar los oídos con promesas de todo tipo para cambiar la situación con la que estamos inconformes.
¿Por qué les escribo? Tal vez porque ahora que están menos ocupados tengo mayor posibilidad de que me presten atención y concedan mi deseo. Sólo les pido una cosa. Puede parecerles raro e impertinente, pero quiero un radar cuántico, una especie de moderna lámpara de Diógenes. Sí, la del filósofo de Sinope, conocido como El Cínico, quien se dedicó con su luz a buscar a un “hombre honrado”. Mi regalo tendría un uso muy concreto: buscar a la persona que pueda ser un buen presidente de México por seis años, ni un día más ni uno menos. Tal vez ustedes sepan que hemos tenido muy buenos candidatos, que ganan las elecciones pero que después, en el trayecto sexenal, se desvían e incumplen con las expectativas que despertaron cuando votamos por ellos.

Ya les anticipaba que era una solicitud extraña, pues hago depender el futuro de una nación y de sus cerca de 125 millones de habitantes, del desempeño de una persona en el Ejecutivo federal. Es que en este país la figura presidencial mantiene una relevancia singular. Es cierto que, a diferencia de un pasado cercano, el presidente de la república tiene ahora fuertes contrapesos en los otros dos poderes y una creciente fiscalización de la ciudadanía. Pero aún se conserva como el centro del sistema político, por lo que cualquier cambio profundo pasa necesariamente por su persona.

Con mi lámpara-radar buscaría en las siguientes frecuencias:

Integridad personal y trayectoria de vida que la acredite. Quiero que sus acciones pasadas sostengan sus compromisos presentes. Ser honorable, mostrarse como tal y ser percibid@ como persona merecedora de confianza.

Energía para cambiar lo necesario, pero también para defender lo que deba ser preservado. Mi radar se encargaría de detectar la diferencia entre la terquedad y la persistencia; entre la necedad y la constancia. Quien es persistente, mantiene el rumbo a pesar de las dificultades; quien es necio, hace prevalecer su opinión a pesar de que la realidad grite lo contrario.

Capacidad de formar equipos. Ni mujer ni hombre solos, sino con el conocimiento y la convicción de que deberá rodearse de las y los mejores; con la modestia para reconocerlos, con la capacidad para convencerlos de su proyecto y transformarlo con sus valiosas aportaciones. Muy posiblemente, el próximo Ejecutivo federal forme por primera vez un gobierno de coalición, haciendo uso de la reforma constitucional de 2013. Nunca como ahora será importante el trabajo colectivo en el gabinete presidencial.

Visión de largo plazo y gradualismo. Nos hemos cansado de repetir que México no se reinventa cada seis años. La continuidad y el cambio se conjugan, aún en los periodos de aparente trastrocamiento total del orden establecido, como sucedió en la Revolución de hace cien años. Nada debe permanecer sólo porque existe, como tampoco deberá ser sustituido automáticamente por provenir del pasado. Cambiar sin conocer el rumbo abona al caos. No será tarea fácil limpiar nuestros propios establos de Augías de la corrupción, ni se hará en un solo día, pero cuando iniciemos la tarea deberemos saber a dónde habremos de arribar.

Y por último, señores Reyes Magos, mi radar cuántico necesita detectar a quien sepa:

Dejar ir el poder presidencial. Con la convicción de que la única vía para transformar la vida política de México es fortalecer sus instituciones y promover la participación de la sociedad en la conducción de la vida colectiva. El peso de la figura presidencial hace que sólo desde su silla se pueda iniciar un cambio de esta magnitud. Pero de este asiento emana un encanto que provoca olvido de compromisos y buenos propósitos. Quiero en la presidencia a quien sepa tomar distancia y que al mismo tiempo respete la institución presidencial, lo que significa y asumir con dignidad la carga de responsabilidad que de ella emana. Pero que también tenga la energía y la visión de Estado para transformarla en forma definitiva, sin posibilidad de regresión autoritaria.


Posdata. Tienen, queridos Reyes Magos, hasta el 30 de junio para traerme mi regalo, pues el 1 de julio habré de utilizarlo para emitir mi voto.— Mérida, Yucatán

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Esperanza de vida. Mejor futuro para 2018

Dulce María Sauri Riancho
Mi última colaboración del año en el generoso espacio del Diario de Yucatán. En un abrir y cerrar de ojos las semanas se fueron volando y nos encontramos con la necesidad de realizar el balance que cierra un ciclo caracterizado por sus fuertes turbulencias. Es difícil encontrar algún elemento para perfilar el debate por venir entre la incertidumbre y las certezas de progreso. Elegí un indicador demográfico para intentar ilustrarlo. Es la esperanza de vida al nacer. Vivir más años que nuestros padres y abuelos ahora parece normal. Muy pocas veces pensamos en las razones y las causas del aumento de las expectativas de vida, en las que se mezclan mejores condiciones de salud, alimentación, agua limpia, entre otros. Lo tomamos como algo natural, sin que nos percatemos del enorme esfuerzo de organización social y de la administración pública para alcanzarlo. Veamos la situación actual en México. Por ejemplo, la niña y el niño que nacieron la pasada Nochebuena en esta ciudad tienen la esperanza de vivir al menos 75 años (la niña casi tres años más). Si ellos hubieran venido al mundo ese mismo día pero de 1930, su expectativa de vida hubiera sido sólo de 34 años. En esa década, cuando nacieron nuestros padres y abuelos, numerosas mujeres morían al dar a luz; los infantes eran presa de epidemias de difteria, tosferina y tétanos; la poliomielitis atacaba sin piedad y aún no había sido descubierta la penicilina para tratar infecciones. La desnutrición estaba presente en la mayoría de los hogares y la inexistencia de sistemas de agua potable cobraba anualmente una elevada cuota de víctimas de enfermedades hídricas, principalmente entre los menores. Cuando yo nací, hace 66 años, tenía la esperanza de vivir apenas 48. Para que yo alcanzara mi edad actual, en algunas partes de México y de Yucatán miles de niños murieron víctimas todavía de la falta de condiciones de salud. Sin embargo, cuando mi hija nació a mediados de la década de 1970, ella y los de su generación ya tenían la expectativa de vivir hasta los 63 años. Mis cinco nietas y un nieto, “generación Z”, así les llaman, tienen la posibilidad de llegar a más de 78 años. Las explicaciones para este dramático incremento de los años por vivir están en los extensos programas de vacunación, en la mejora de los servicios de atención médica y en una política social dedicada a atender las necesidades de los más vulnerables. Tal parece que México se dirige a alcanzar las expectativas de vida de los países desarrollados, entre los cuales Japón ocupa el primer lugar, con más de 80 años en promedio. Por cierto, de acuerdo con los datos de 2016, Yucatán se encuentra por arriba del promedio nacional por más de cuatro meses (75.6 años vs 75.2 años, respectivamente). Tal parece que todo tiende ineludiblemente al avance, tal vez con mayor lentitud que antes, pero nunca para atrás.

Malas noticias. Sí es posible retroceder, de hecho está sucediendo ni más ni menos que en los Estados Unidos. En este país vecino, por tercera ocasión desde 2015, la esperanza de vida de su población está disminuyendo. Sus autoridades lo atribuyen al aumento del consumo de drogas entre su población joven, entre las cuales destacan los nuevos productos sintéticos, letales en su mayoría. Rusia fue otra potencia que registró severos retrocesos en esta materia.

Al colapsarse la Unión Soviética también se cayeron sus servicios de salud, incluyendo vacunación. Veinticinco años después, aún no recuperan las cifras anteriores a 1991.

Vienen meses de campaña electoral, de promesas y compromisos de candidatos y partidos. Responder a la pregunta sobre cómo se proponen mantener e incrementar la esperanza de vida de la población no puede limitarse a las urgidas estrategias de prevención y atención a la salud. Trasciende hasta las políticas de desarrollo social, de iguales oportunidades para mujeres y hombres, del cese de la violencia que cobra crecientes cuotas de vidas jóvenes en varios estados del país. Tiene que ver con la garantía de acceso a la alimentación; a gozar de seguridad social en la vejez. Ningún presidente de la república ni gobernador de una entidad federativa puede presumir logros de su administración si retrocede la expectativa de vida de sus ciudadanos. No hay calificación mejor que el incremento anual de esperanza de vida, así sea solamente de pocos meses.


Nos asomamos a 2018 con miedo y esperanza. Por primera vez, tememos que el futuro no nos traiga inevitablemente “tiempos mejores”. Las amenazas del retroceso se ciernen sobre nuestras expectativas en la política, en la economía, en la organización social. Contaminación ambiental; violencia desatada en distintas partes del mundo y de nuestro país; guerras económicas y proteccionismo; violación a los derechos humanos fundamentales, son algunas de las preocupaciones que en distinto grado, acompañan la pérdida de las certezas que mantuvimos a lo largo de casi dos centurias. En su nombre, la esperanza de vida nos da alientos para esperar lo mejor. Ya habrá oportunidad de abordar los proyectos políticos que se confrontarán en las campañas de los meses por venir. Uno de futuro, con sus retos y expectativas. Otro, fincado en la memoria de un pasado al que es imposible e indeseable retornar. Pero hoy, en el presente, celebremos la vida que nos permite decir adiós a 2017.— Mérida, Yucatán

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Natural y previsible. Campañas de los Mau-Mau

Dulce María Sauri Riancho
“Natural” y “previsible” son dos adjetivos que propongo como guía para diseccionar la postulación de los candidatos a gobernador del PRI y del PAN. Nunca como ahora comenzó tan tempranamente la carrera partidista por el palacio de la 61. En las dos principales organizaciones políticas de Yucatán, después de julio de 2015 funcionarios recién nombrados y legisladores dieron inicio a una frenética actividad, bajo el manto del cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno y de trabajo legislativo. Por el PAN, al alcalde de Mérida se sumaron pronto los diputados federales y senadores de ese partido, además de su rehabilitado expresidente municipal, que pudo resistir los obuses internos que le lanzaron por el asunto de las luminarias. En el caso del PRI, los secretarios de Educación, Gobierno y Desarrollo Social compartieron reflectores con el delegado de la Semarnat y cuatro diputados federales yucatecos, todos ellos bajo la conducción política del gobernador Zapata Bello. La época de las definiciones los alcanzó en la tercera semana de Adviento. Primero fue el PRI, el jueves, y después, apenas el domingo pasado, el PAN. Se trata exclusivamente de los aspirantes a la candidatura de gobernador. A partir de esa “revelación” vendrán en las próximas semanas las otras candidaturas: senadores, diputados federales, locales y ayuntamientos en los municipios más poblados de Yucatán.

Después de la presidencia de la república, la gubernatura es la incógnita más intrigante de despejar para los ciudadanos yucatecos interesados en la política. Se da por sentado que todo lo demás girará en torno suyo. PRI y PAN optaron por el acuerdo. El PAN yucateco, otrora orgulloso de su activa vida interna, aceptó que fuera un reducido grupo de “líderes políticos” (senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Diario de Yucatán, p. 3, sección Local, lunes 18 de diciembre) el que tomara la trascendental decisión. Por su parte, el PRI abrió un intrincado proceso de negociación entre aspirantes que, por lo que trascendió a los medios de comunicación, no estuvo exento de tensiones y raspones, aun cuando en fotografías y vídeos imperaron las caras amables. En la recta final, el partido gobernante dio intransmisible a ocho interesados, en tanto que el PAN lo hizo con cinco.

Jorge Carlos Ramírez Marín (JCRM) se presentaba como el candidato natural del PRI. Político forjado localmente, con una larga trayectoria partidista y legislativa, había conocido la derrota y había sabido continuar hacia adelante. Siempre de buen talante, hábil negociador y excelente orador, parecía que el presidente del Congreso de la Unión iba en caballo de hacienda hacia la ansiada candidatura. Decían los conocedores de los vericuetos del PRI, que sólo una encomienda presidencial o del precandidato Meade podrían apartarlo de su propósito de gobernar Yucatán.

Era previsible, señalaban los expertos, que la candidatura recayera en quien aparecía como el más competitivo. “Natural y previsible”, así se percibía su postulación de JCRM apenas el miércoles. Pero el jueves todo cambió. Confieso a l@s lector@s que, a una semana de distancia, no logro entender qué situaciones o qué razones pudieron orillar al PRI a seguir un camino distinto al que parecía más accesible y seguro. El hecho es que, sorpresivamente, Mauricio Sahuí Rivero emergió como el aspirante de consenso para obtener la candidatura a gobernador por el PRI. La trayectoria del funcionario de 41 años está sólidamente relacionada con la del gobernador Zapata Bello. Baste recordar que con apenas 24 años, en el año 2000, fue el coordinador general de la fallida campaña a diputado federal del actual mandatario. Mauricio Sahuí ganó un distrito local de Mérida, el VII, en 2010, y en 2012, el III distrito federal, feudo del PAN que precisamente el actual gobernador se encargó de romper en 2009. Dio resultados como secretario de Desarrollo Social en los programas de combate a la pobreza, justamente cuando José Antonio Meade era el titular federal. Acción Nacional puede equivocarse seriamente si olvida la estructura electoral que mantiene el PRI, bien aceitada, o si menosprecia la experiencia y habilidad de Sahuí para ganar elecciones.

En cambio, el PAN optó por el aspirante “natural y previsible”: Mauricio Vila. El alcalde de Mérida se mantuvo siempre adelante en las preferencias panistas. Una vez desvelada la candidatura priista, quedó despejado el camino para buscar “la grande”, a cambio de dejar vacante la presidencia municipal. Las sonrisas de las fotografías en los periódicos del lunes pasado presagian un acuerdo que abra paso al triunfo de Vila y, de encima, al retorno de Renán al palacio de la 62. Otras piezas panistas, entre ellas la fórmula al Senado, tendrán que ser acomodadas para que el conjunto azul avance como equipo en la próxima contienda. Mal haría el PRI si pretende ignorar la penetración del aspirante panista más allá de las fronteras meridanas.
Imagen: poderycritica.com 

Dicen que los ganadores de una elección son quienes cometen la menor cantidad de errores. Los perfiles de los Mauricios, Sahuí y Vila, auguran una campaña fincada en el debate y en las propuestas. Compartir nombre es un buen comienzo. Si tomamos sus primeras tres letras, tendremos a los Mau Mau, que fue una organización tribal de guerreros bravos y cohesionados, que obtuvieron la libertad para su pueblo, Kenia, tras años de luchar contra el imperio británico. Ojalá que los mau-mau yucatecos reivindiquen la política de altura y compitan entre sí poniendo por delante los intereses de quienes vivimos en esta tierra.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Debates en campaña. Agitar el avispero

Dulce María Sauri Riancho
¡Menudo alboroto armó López Obrador con su propuesta de “amnistiar” a los capos del narco! Si bien se trata de un planteamiento polémico, considero que debe analizarse; no puede ser desestimado sin mayor reflexión, tildado de disparate. Menos aún, cuando proviene del precandidato a la presidencia de la república que continúa encabezando las encuestas electorales.

Dos cuestiones podemos extraer de este episodio que, por sus posibles repercusiones, me gustaría comentar con ustedes, amig@s lector@s. Una tiene que ver con la forma y los procedimientos a seguir en las campañas políticas que tenemos por delante. En la segunda atenderé el fondo de la iniciativa lópez-obradorista y su posibilidad para convertirse en alternativa real de solución al grave problema de inseguridad y violencia que azota al país en su conjunto.

La forma. Hemos señalado en numerosas ocasiones que la ciudadanía está harta de diagnósticos y promesas de qué hacer, sin que ninguno de los candidatos arriesgue el “cómo”, es decir, la forma concreta de enfrentar el problema y aplicar la solución. Las y los demagogos se ocultan tras una enorme cantidad de promesas, en muchos casos a sabiendas que les será imposible cumplirlas. “Resolveré Chiapas en 15 minutos”; “Creceremos al 6% anual”, son algunas de las “perlas” sembradas en campañas anteriores, en tanto que en la edición 2018 escucharemos hasta la saciedad que basta con el arribo de alguno de los candidatos a la silla presidencial para que ipso facto se elimine la corrupción que asuela a la economía y la política del país. Por eso resulta relevante que en el tema de la inseguridad López Obrador hubiera adelantado una respuesta al “cómo” pretende enfrentarla. Si en lugar de “batearla” los otros candidatos se avocaran a discutirla, le inyectarían al proceso electoral un contenido que, hasta el día de hoy, las campañas anteriores no han tenido.

El fondo. Andrés Manuel López Obrador propuso una amnistía para integrantes del crimen organizado y narcotraficantes, porque —dijo— “ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país”. A diferencia del indulto, que es un perdón ante las faltas o delitos cometidos y procesados, la amnistía quiere decir “olvido”, borrón y cuenta nueva, como si nunca se hubiera transgredido la ley, aún en sus manifestaciones más violentas. La relevancia de la amnistía es tal, que sólo mediante un decreto del Congreso de la Unión es posible concederla, a diferencia del indulto, que es una potestad del Ejecutivo federal o estatal. En México hubo una amnistía en 1978 que benefició a cientos de jóvenes recluidos en diversas cárceles del país por haberse involucrado en diversos delitos violentos, incluyendo robo, asalto y homicidio, en su intento de cambiar al régimen. ¿Por qué entonces funcionó la amnistía y surtió efecto el “olvido” institucional ante los delitos cometidos? En primer término, porque previamente hubo una reforma política, en 1977, que eliminó las razones para actuar en la clandestinidad al abrir las puertas de la participación política a las fuerzas de izquierda. Esta reforma se debió al talento y oficio político de Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación del gabinete de José López Portillo. El Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, recuperó su registro, perdido desde principios de la década de 1940. También de izquierda, se fundaron el PT, el PMT, el PST y de derecha, el PDM. Se consagró por primera vez la representación proporcional, para asegurar la presencia de las minorías en los congresos. Desde el gobierno se inició el largo camino hacia la ciudadanización de los órganos electorales. Los jóvenes recién liberados de las cárceles pudieron canalizar sus energías hacia los nuevos espacios abiertos por esta reforma. La causa fundamental que los impulsó a tomar las armas había desaparecido. Fueron éstas las condiciones que prevalecían cuando el Congreso de la Unión expidió la Ley de Amnistía: primero se pusieron las bases para resolver las causas y después, se planteó el olvido.

En cambio, la propuesta de López Obrador presupone que, al ser amnistiados, los narcotraficantes y agentes del crimen organizado abandonarán su ilícita actividad, entregarán sus armas y se dedicarán a una actividad legal. No sería así, mientras las causas de la producción y tráfico de drogas y enervantes sigan presentes, en la medida que el incentivo de surtir un mercado —nacional, extranjero— se mantenga. Un “olvido” de esta naturaleza estaría muy lejos de resolver el problema de la violencia; por el contrario, sería como echar gasolina al fuego. Entonces, si este no es el camino, ¿cuál será? Los candidatos presidenciales tienen que ensayar una respuesta viable, que convenza al electorado de su pertinencia y posibilidad de ayudar a resolver el grave problema de inseguridad. En este y en otros temas, no hay soluciones mágicas, lo sabemos.


Hay asuntos de interés público en que tendremos que exigir a los protagonistas de la próxima campaña que “den color”. La corrupción, las pensiones, el crecimiento económico, entre otras cuestiones que demandan mucho más que generalidades. Sólo así serían de utilidad los tres debates presidenciales que el INE se propone organizar, el último de ellos en Mérida. Podremos normar criterio, conocer la seriedad de sus compromisos, calar si saben qué tienen por delante ellos… y también nosotros. López Obrador agitó el avispero de la discusión en un tema muy sensible y difícil. También tenemos que destapar las ideas y las propuestas, no sólo quitarles el capuchón a los candidatos. Aunque les piquen las avispas.— Mérida, Yucatán

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Hacia 2018. Elecciones y encuestas

Dulce María Sauri Riancho
La realidad política hace años que no se refleja en el espejo de las encuestas electorales. En forma consistente, una y otra vez han fallado en sus pronósticos. Sus naufragios más notables ocurrieron hace poco más de un año, con el Brexit y el triunfo de Donald Trump. En nuestro país, este año no lograron capturar el triunfo de la coalición encabezada por el PRI en Coahuila y en el Estado de México. Aun así, cierto halo mágico continúa rodeando a los ejercicios demoscópicos que buscan indagar en las preferencias políticas de la ciudadanía.

Las encuestas han adquirido un nuevo protagonismo en el proceso electoral de 2018, entre los partidos políticos y en la opinión pública. Morena, partido debutante en la elección presidencial, las ha utilizado para definir candidaturas, como en Ciudad de México. El Frente Ciudadano pretende emplearlas para seleccionar a su candidato a la Presidencia de la República. En numerosos municipios los partidos, incluyendo el PRI, han acudido a ellas para ayudarse a resolver sobre sus abanderados. Para la opinión pública, ávida de certezas, las encuestas son una forma de moldear criterios sobre los contendientes y la capacidad de los partidos para ganar elecciones. Su importancia es tal en las elecciones, que las leyes y el Instituto Nacional Electoral (INE) norman sus alcances, incluyendo los plazos para difundir sus resultados.
 
Las encuestas, bien realizadas, son espejos que matizan y a la vez transforman la realidad que pretenden reflejar. Con estas consideraciones, decidí comentar sobre los resultados de dos encuestas cuyos resultados están siendo analizados en redes sociales. La primera fue elaborada por el equipo de investigación del periódico “Reforma” y dada a conocer en su edición del 30 de noviembre pasado. La segunda corresponde a la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) (www.gabinete.mx), presentada apenas el lunes pasado. Por hábito y disciplina, acostumbro leer la letra chiquita de casi todo, especialmente de las encuestas. Esto incluye el tamaño de la muestra (a cuántas personas se les preguntó), si se hizo el levantamiento en la calle, por teléfono (fijo, no celular), por internet o en los hogares; cuándo se aplicó el cuestionario, entre otros datos que permiten normar mi criterio sobre la información presentada.

“Pelean Anaya y Meade por el segundo lugar”, dice “Reforma”. No se necesita mucho conocimiento de la política para deducir que el primer sitio está ocupado por el virtual candidato de Morena, con el 31% de las preferencias, en tanto que los dos primeros solo obtuvieron 19% y 17% respectivamente. ¡Menudo balde de agua fría para el PRI, en pleno proceso de postulación de su precandidato! Alegría desbocada para sus adversarios, que presumen la inminencia de su triunfo. Resulta que los datos de la encuesta de “Reforma” fueron obtenidos en 1,200 entrevistas realizadas en hogares, pero la levantaron antes de que José Antonio Meade se separara de su cargo en Hacienda para registrarse como aspirante externo del PRI. Tan solo López Obrador estaba claramente definido cuando se inquirió sobre las preferencias, lo cual representa una limitación en cuanto al alcance de sus conclusiones. Por su parte, GCE obtuvo sus datos de 600 entrevistas realizadas telefónicamente los días 27 de noviembre y 4 de diciembre. En ambas fechas aparece punteando López Obrador, seguido de José Antonio Meade y, muy atrás, aspirantes del PAN y PRD, incluyendo el jefe de gobierno de Ciudad de México. Pero, amig@s lector@s: lo más interesante proviene de la respuesta sobre el conocimiento de los encuestados sobre los distintos aspirantes. “Reforma” y GCE coinciden que el candidato de Morena es el más conocido: 87% y 95% respectivamente, aunque también concentra el porcentaje mayor de opiniones negativas sobre su persona (33% y 38.5%). No son buenas noticias para López Obrador, a pesar de puntear en las preferencias electorales. Significa que, aunque conocido, siete de cada 10 mexicanos no respaldan su proyecto y casi cuatro de 10 lo rechazan activamente. En cambio, José Antonio Meade solo es conocido por el 30%, según “Reforma”, y poco menos del 70%, de acuerdo con GCE. Quiere decir que Meade tendrá la oportunidad de darse a conocer y convencer a un amplio grupo de elector@s, con su característica de no militante del partido que lo postula.

Otro dato importante que trae la letra chiquita. “Reforma” da cuenta de la denominada “tasa de rechazo”, que asciende para esta encuesta al 28%. Significa que tres de cada 10 personas a quienes se les solicitó responder el cuestionario le dieron con la puerta en la nariz al encuestador. Simplemente se rehusaron a dejarlos entrar.

GCE no informa del número de llamadas telefónicas fallidas antes de lograr las 600 respuestas, aunque presumo que fueron numerosas las “colgadas” de bocina. Si le sumamos la tasa de “no respuesta” o “no sé” (alrededor del 13% en ambos casos), dimensionaremos mejor los alcances de estas preferencias y de otras que se presentarán en las semanas por venir.


A lo que voy, amig@s lector@s, es que no hay nada para nadie al iniciar estos siete meses electorales. Ni el PRI está condenado irremisiblemente a la derrota, ni Morena y su candidato están predestinados a llegar a Los Pinos. Falta conocer qué harán el PAN y el PRD, si habrá “frente ciudadano” integrado por partidos políticos: ¡vaya paradoja!; faltan los independientes. Mucha agua habrá de correr, numerosas encuestas buscarán incidir en nuestra decisión de voto. Por eso habremos de aprender a leerlas y a interpretarlas.— Mérida, Yucatán.