miércoles, 6 de diciembre de 2017

Hacia 2018. Elecciones y encuestas

Dulce María Sauri Riancho
La realidad política hace años que no se refleja en el espejo de las encuestas electorales. En forma consistente, una y otra vez han fallado en sus pronósticos. Sus naufragios más notables ocurrieron hace poco más de un año, con el Brexit y el triunfo de Donald Trump. En nuestro país, este año no lograron capturar el triunfo de la coalición encabezada por el PRI en Coahuila y en el Estado de México. Aun así, cierto halo mágico continúa rodeando a los ejercicios demoscópicos que buscan indagar en las preferencias políticas de la ciudadanía.

Las encuestas han adquirido un nuevo protagonismo en el proceso electoral de 2018, entre los partidos políticos y en la opinión pública. Morena, partido debutante en la elección presidencial, las ha utilizado para definir candidaturas, como en Ciudad de México. El Frente Ciudadano pretende emplearlas para seleccionar a su candidato a la Presidencia de la República. En numerosos municipios los partidos, incluyendo el PRI, han acudido a ellas para ayudarse a resolver sobre sus abanderados. Para la opinión pública, ávida de certezas, las encuestas son una forma de moldear criterios sobre los contendientes y la capacidad de los partidos para ganar elecciones. Su importancia es tal en las elecciones, que las leyes y el Instituto Nacional Electoral (INE) norman sus alcances, incluyendo los plazos para difundir sus resultados.
 
Las encuestas, bien realizadas, son espejos que matizan y a la vez transforman la realidad que pretenden reflejar. Con estas consideraciones, decidí comentar sobre los resultados de dos encuestas cuyos resultados están siendo analizados en redes sociales. La primera fue elaborada por el equipo de investigación del periódico “Reforma” y dada a conocer en su edición del 30 de noviembre pasado. La segunda corresponde a la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) (www.gabinete.mx), presentada apenas el lunes pasado. Por hábito y disciplina, acostumbro leer la letra chiquita de casi todo, especialmente de las encuestas. Esto incluye el tamaño de la muestra (a cuántas personas se les preguntó), si se hizo el levantamiento en la calle, por teléfono (fijo, no celular), por internet o en los hogares; cuándo se aplicó el cuestionario, entre otros datos que permiten normar mi criterio sobre la información presentada.

“Pelean Anaya y Meade por el segundo lugar”, dice “Reforma”. No se necesita mucho conocimiento de la política para deducir que el primer sitio está ocupado por el virtual candidato de Morena, con el 31% de las preferencias, en tanto que los dos primeros solo obtuvieron 19% y 17% respectivamente. ¡Menudo balde de agua fría para el PRI, en pleno proceso de postulación de su precandidato! Alegría desbocada para sus adversarios, que presumen la inminencia de su triunfo. Resulta que los datos de la encuesta de “Reforma” fueron obtenidos en 1,200 entrevistas realizadas en hogares, pero la levantaron antes de que José Antonio Meade se separara de su cargo en Hacienda para registrarse como aspirante externo del PRI. Tan solo López Obrador estaba claramente definido cuando se inquirió sobre las preferencias, lo cual representa una limitación en cuanto al alcance de sus conclusiones. Por su parte, GCE obtuvo sus datos de 600 entrevistas realizadas telefónicamente los días 27 de noviembre y 4 de diciembre. En ambas fechas aparece punteando López Obrador, seguido de José Antonio Meade y, muy atrás, aspirantes del PAN y PRD, incluyendo el jefe de gobierno de Ciudad de México. Pero, amig@s lector@s: lo más interesante proviene de la respuesta sobre el conocimiento de los encuestados sobre los distintos aspirantes. “Reforma” y GCE coinciden que el candidato de Morena es el más conocido: 87% y 95% respectivamente, aunque también concentra el porcentaje mayor de opiniones negativas sobre su persona (33% y 38.5%). No son buenas noticias para López Obrador, a pesar de puntear en las preferencias electorales. Significa que, aunque conocido, siete de cada 10 mexicanos no respaldan su proyecto y casi cuatro de 10 lo rechazan activamente. En cambio, José Antonio Meade solo es conocido por el 30%, según “Reforma”, y poco menos del 70%, de acuerdo con GCE. Quiere decir que Meade tendrá la oportunidad de darse a conocer y convencer a un amplio grupo de elector@s, con su característica de no militante del partido que lo postula.

Otro dato importante que trae la letra chiquita. “Reforma” da cuenta de la denominada “tasa de rechazo”, que asciende para esta encuesta al 28%. Significa que tres de cada 10 personas a quienes se les solicitó responder el cuestionario le dieron con la puerta en la nariz al encuestador. Simplemente se rehusaron a dejarlos entrar.

GCE no informa del número de llamadas telefónicas fallidas antes de lograr las 600 respuestas, aunque presumo que fueron numerosas las “colgadas” de bocina. Si le sumamos la tasa de “no respuesta” o “no sé” (alrededor del 13% en ambos casos), dimensionaremos mejor los alcances de estas preferencias y de otras que se presentarán en las semanas por venir.


A lo que voy, amig@s lector@s, es que no hay nada para nadie al iniciar estos siete meses electorales. Ni el PRI está condenado irremisiblemente a la derrota, ni Morena y su candidato están predestinados a llegar a Los Pinos. Falta conocer qué harán el PAN y el PRD, si habrá “frente ciudadano” integrado por partidos políticos: ¡vaya paradoja!; faltan los independientes. Mucha agua habrá de correr, numerosas encuestas buscarán incidir en nuestra decisión de voto. Por eso habremos de aprender a leerlas y a interpretarlas.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Carambola electoral. Partidos y coaliciones

Dulce María Sauri Riancho
Carambola a tres bandas, así parece jugarse la política en estos días. Una bola roja y dos blancas. La bola del jugador en turno debe tocar una de las bolas, ya sea la roja o la blanca del contrario, y tres bandas, antes de que toque la esfera restante. Suena tan complicado como las determinaciones que están asumiendo los partidos para aprestarse a la competencia electoral del 1 de julio.

Subrayo las fechas próximas. El 14 de diciembre los partidos iniciarán sus precampañas y las coaliciones tendrán que solicitar su registro. Si los partidos inscriben una precandidatura única ante el INE, no podrán hacer uso de los spots de radio y televisión con el nombre y rostro de quien será su abanderad@, aunque el partido político podrá usar sus tiempos en los medios electrónicos para lo que se conoce como “mensajes genéricos”. El 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, concluirán las actividades de ese primer tramo de proselitismo interno. Con sólo un paréntesis, para que los postulados rindan protesta, entrarán todos ellos en un periodo de silencio que se deberá de prolongar hasta el 30 de marzo. Ese día, Viernes Santo, darán inicio formal las campañas de proselitismo, que se prolongarán tres meses, hasta el 27 de junio.

Primera banda: candidatura presidencial. Hagamos un breve repaso a los procesos partidistas. Por Morena, Andrés Manuel López Obrador ya ha anunciado su inscripción como precandidato el 12 de diciembre, día consagrado a la Virgen de Guadalupe. No sé cómo procesará la mayoría católica el intento de capitalizar políticamente esa fecha tan significativa. Tal vez Morena decida inscribir un “sparring” para simular una competencia interna. De esa forma, AMLO podría utilizar sin restricción alguna los tiempos de radio y televisión que le corresponden a su partido, como lo ha hecho en los últimos seis años.

El PRI emitió su convocatoria el pasado 23 de noviembre. En la Asamblea de agosto pasado se definió abrir las candidaturas priístas a la presidencia de la república no sólo a los militantes, sino también a los simpatizantes. Antes del jueves 30, el ciudadano que quiera participar por esta vía, tendrá que pedir la autorización de la Comisión Política Permanente del partido. De esta manera quedará en condiciones de inscribirse, mientras que los militantes interesados tendrán de plazo para el registro hasta el próximo domingo. La mazorca priísta ya comenzó a desgranarse, pues uno de los más serios aspirantes, José Antonio Meade, simpatizante ciudadano, el lunes se separó de su cargo de secretario de Hacienda para inscribirse.

Segunda banda: alianzas e independientes. En el Frente Ciudadano, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, todavía no le encuentran la cuadratura al círculo. Lograron registrar su “acta de intención matrimonial” ante el INE; incluso, en días pasados dieron a conocer su propuesta de programa conjunto. Pero han topado con pared cuando se trata de la definición de su candidato presidencial. El PAN considera que la candidatura le corresponde, por ser la mayor fuerza electoral de las tres. Y nadie mejor –según ellos- que Ricardo Anaya, su presidente. El PRD no está de acuerdo, en especial su principal activo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien ha señalado que si no se garantizan condiciones equitativas para la definición, no participará. No es la única amenaza que se cierne sobre esta coalición electoral. En Jalisco, principal bastión de Movimiento Ciudadano, su estrella, el alcalde de Guadalajara “ya pintó su raya”, al señalar que irá solo en la búsqueda de la gubernatura. En Yucatán y Morelos, ambas entidades con elección de gobernador, también hace agua el Frente. En nuestra tierra, porque el PRD local se niega a desdibujarse frente a un PAN que en otras ocasiones, como en 2001, les ofreció todo, pero llegado al gobierno, “si te vi, no me acuerdo”. En Morelos, los panistas no quieren apoyar al aspirante perredista, hijastro del gobernador, por considerarlo pésimo candidato. ¿Sobrevivirá el Frente? Antes del 14 de diciembre deben inscribir formalmente su convenio de coalición, que incluye el método que aplicarán para la selección de su candidato presidencial. Si no lo logran, irán por separado a la contienda.

Falta todavía observar las determinaciones de los partidos electoralmente más pequeños, respecto a las alianzas con otras fuerzas políticas. En tanto, los candidatos independientes de los tradicionales partidos políticos, continúan su labor de recolección de firmas de apoyo. Cuántos y quiénes lograrán culminar la colosal tarea, está por verse. Seguro sobrarán los dedos de una mano para contarlos.

Tercera banda. En el xtokoy-solar también se dan jugadas de carambola. El “destape” de Cecilia Patrón, arropada por funcionarios panistas del actual Ayuntamiento, deja ver que Mauricio Vila no irá por la reelección, sino que será candidato del PAN al gobierno del Estado. La silla de Mérida quedará vacante. Siendo la joya de la corona panista habrá sin duda una intensa disputa por ella; no bastará la simpatía del presidente municipal saliente para lograr la ansiada candidatura. Otros actores políticos del PAN se aprestan a defender lo que consideran “su” territorio. Mientras, el PRI sigue velando sus armas; en los próximos días, quizá horas, saldrá su convocatoria para el registro de aspirantes a gobernador, una vez que haya quedado definida la precandidatura presidencial. Con la salida de Vila se le abre al PRI una gran oportunidad en Mérida. En 2015 ganó las dos diputaciones federales y la mayoría de los distritos locales. Un buen precedente para lo que viene. Ojalá que así se entienda y se sepa aprovechar, a pesar de que el fantasma de 2010 aún ronda las urnas de la capital.


Carambola política jugada con más de tres bolas. Pueden rebotar en la banda del Congreso de la Unión, si su presidente emprende viaje hacia la candidatura a gobernador de Yucatán. Puede proyectarse sobre la Secretaría de Educación Pública, si su aguerrido secretario se va, como se rumora, a coordinar la campaña presidencial del PRI. Puede extenderse a la ciudad de México, si el jefe de gobierno se separa de su cargo para ser candidato del PRD. Y si José Antonio Meade es candidato del PRI a la presidencia de la república sin ser militante del partido, será el más ciudadano de todos los que hasta ahora se han presentado. Suena bien.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Cincuenta años. Triunfo y derrota

Dulce María Sauri Riancho
Hace 50 años, el 26 de noviembre de 1967, el PRI sufrió una amarga derrota y el PAN, un sorprendente triunfo, al ganar por aplastante mayoría la presidencia municipal de Mérida. Por distintas razones, este hecho memorable para ambos partidos también debiera serlo para la sociedad yucateca, porque lo que ahora somos en términos de pluralismo y alternancia comenzó a fraguarse entonces.

El año 1966 había sido de grandes turbulencias políticas. Los ejidatarios henequeneros protagonizaron importantes movilizaciones en defensa de sus magros ingresos. Sus líderes, entre los cuales destacaba Víctor Cervera Pacheco, sufrieron cárcel. El nuevo complejo cordelero del norte de la ciudad que Cordemex comenzaba a construir, había significado el cierre de un buen número de cordelerías para sustituirlas por modernas instalaciones. Los bravos trabajadores cordeleros estaban inquietos, preocupados y muy activos en defensa de sus derechos. Las obras de introducción del agua potable en la capital y otras once poblaciones del interior del Estado estaban concluyéndose, después de haber perturbado la tranquila vida de sus habitantes durante varios años.

No fue menos difícil el primer semestre de 1967. Los problemas económicos ocasionados por la dependencia henequenera se agudizaron cuando el gobierno federal presionó para imponer altas tarifas al recién instalado servicio de agua potable. Con dedo flamígero, la federación señaló a Yucatán como “el Estado más subsidiado” de México. El Congreso cedió a las exigencias externas; el gobierno estatal quedó gravemente vulnerado ante los ojos y los intereses de un importante sector de la sociedad yucateca, especialmente la meridana, que quedó agraviado y resentido con sus autoridades.

Pese a estas delicadas circunstancias, el PRI inició sus actividades para postular a sus candidatos a las 106 alcaldías y a las 9 diputaciones locales de acuerdo con sus más rancias costumbres. Empezando octubre tenía completas sus planillas; la de Mérida, encabezada por el caballeroso secretario de Gobierno, Nicolás López Rivas, que había desempeñado altos cargos en las dos administraciones anteriores. El PAN no lograba definir a quien habría de ser candidato a la presidencia municipal meridana. A pesar de haber triunfado en la elección federal de diputados de 1958, después de ese “campanazo” el PAN parecía haberse apagado. El Dr. Francisco Solís Aznar, conocido como el “apóstol del agua potable” por su lucha incesante a favor de una obra salvadora de vidas infantiles, declaró incompatibles las exigencias administrativas de la alcaldía con su compromiso de pediatra, por lo que declinó el ofrecimiento. En medio de la incertidumbre y sin candidato, el PAN empezó su campaña el 24 de octubre, casi un mes antes de la elección. Al día siguiente, 25, hubo noticias de que Víctor M. Correa Rachó había aceptado la candidatura. El PAN inauguró en Mérida una estrategia que le había rendido buenos frutos en Nuevo León y Sonora, la llamada “Caravana por la Libertad”, que recorrió colonias y barrios de la ciudad, en un diálogo directo con la ciudadanía. En tanto, el PRI continuó con sus tradicionales mítines, tal vez ajeno a la tormenta que se cernía sobre sus aspiraciones de triunfo.
Foto: Víctor M. Correa Rachó, en caminata durante su campaña a la Alcaldía. Foto de a7.com.mx 
En otras latitudes del país, el PAN ya había ganado elecciones municipales. En San Pedro Garza García, Nuevo León, dos veces consecutivas (1964 y 1967); en Hermosillo y cinco municipios más de Sonora (1967). Tanto los gobiernos estatales como el federal de Gustavo Díaz Ordaz habían reconocido esos triunfos. En consecuencia, sus expectativas para Yucatán eran elevadas.

Hace 50 años existía un embrión del sistema electoral actual. La organización del proceso, incluyendo el registro de electores y la integración de las casillas, descansaba en el gobierno. Las reglas de las campañas eran simples, solo tenían que concluir tres días antes de la votación. Mérida tenía poco más de 200 mil habitantes y un padrón alrededor de 98 mil electores, distribuidos en 150 secciones electorales (casillas). La organización ciudadana descansaba sobre las cámaras empresariales y las agrupaciones de corte religioso. Los únicos partidos opositores al PRI eran el PAN y en alguna forma, el PPS (Partido Popular Socialista). En este escenario, Acción Nacional ganó la alcaldía de Mérida de manera contundente: 38,074 votos, frente a 13,220 del partido en el gobierno. De los nueve distritos locales, el PAN ganó en los dos en los que postuló candidatos. El PRI solo salvó el III distrito de Mérida, con Víctor Cervera, quien no tuvo adversario opositor. El 1 de enero de 1968 tomó posesión el primer ayuntamiento panista de Mérida y el Congreso local se integró, por primera ocasión en el país, con dos diputados opositores al PRI.

Tal parecía que el régimen político nacional iniciaba una incipiente apertura hacia las oposiciones. En julio de 1968, el presidente Díaz Ordaz mandó una iniciativa para reducir la edad ciudadana a los 18 años. Sucedió la matanza del 2 de octubre y la ventana se cerró. Hubieron de pasar 20 años para que el PAN repitiera su triunfo en un distrito de Mérida, y 23, para ganar de nuevo su ayuntamiento.

Desde 1991, Acción Nacional ha gobernado de manera continua la capital, con un breve paréntesis (2010-2012). Muy pronto se conocerán los candidatos y candidatas al Congreso y a los ayuntamientos, por primera vez, en forma paritaria. Mérida no es premio de consolación para aspirantes despechados de la gubernatura. No lo es por historia, por su importancia actual, por la oportunidad de reelección consecutiva, escúchenlo bien: Mauricio Vila, Renán Barrera, Joaquín Díaz. Háganlo también Jorge Carlos Ramírez, Felipe Cervera, Pablo Gamboa, Liborio Vidal, Roberto Rodríguez Assaf, Víctor Caballero y Mauricio Sahuí.


Un recuerdo personal. Hoy habría cumplido 63 años mi hermanita. María Rosa vive en la memoria y en el corazón de su familia, compañeros y amigos. Siempre te extrañamos, Rosi.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Presupuesto 2018, aprobado. Ahora, lo que sigue.

Dulce María Sauri Riancho
Nunca como ahora se hallan entrelazados los tiempos políticos y los presupuestales. El largo camino de aprobación del “paquete económico” 2018, que comenzó desde el 8 de septiembre, concluyó antes de su fecha límite del 15 de noviembre. Nada y todo fue diferente este año. Fue igual el tiempo de presentación y el formato de discusión. Un terremoto cambió objetivos y cifras. Varios protagonistas de este complejo proceso son, por hoy, personajes de historias de suspenso, quizá figuras estelares, en las decisiones políticas por venir. Vayamos por partes.

Los tiempos. El Ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 (PEF), la que corresponde al cierre de su administración, desde principios de septiembre. Doce días después de presentarla sucedió el sismo que afectó extensas zonas del centro-sur del país y Ciudad de México. La aguda necesidad de miles de familias que perdieron casa y fuente de ingreso; las escuelas, hospitales y centros de salud destruidos o gravemente dañados obligaban a una reformulación de las prioridades presupuestales, tanto en las urgencias a atender en el resto del año, como en el proyecto para 2018.

Las cifras. Cinco billones 280 mil millones alcanza el total de los ingresos contemplados para el año próximo, el último de la presente administración. El Ejecutivo había estimado 43 mil millones menos, pero los legisladores lograron incrementar las estimaciones aumentando el precio del petróleo de 46 a 48.5 dólares y modificando la paridad peso-dólar, de 18.1 a 18.4 pesos por dólar. Fue la única vía que encontraron los diputados para disponer de recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por sismos y huracanes, así como solventar importantes disminuciones que consideraba la iniciativa presidencial, por ejemplo, en los programas destinados a pobladores del campo y sus actividades agrícolas. Las dos cámaras —diputados y senadores— aprobaron la Ley de Ingresos un día antes del plazo límite y los diputados pudieron comenzar las complejas negociaciones para distribuir los recursos a recaudar por impuestos y derechos.

La negociación de los ingresos. Junto con las iniciativas en materia económica llegan a ambas cámaras los gestores y los cabilderos. Cuando de ingresos se trata, agentes de grandes empresas tratan de “convencer” a los legisladores de no incrementar impuestos a tal o cual negocio. En esta materia, se cuenta con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, por el cual el Ejecutivo se comprometió a no proponer nuevos impuestos o a incrementar la tasa de los existentes. Tal parece que ha funcionado en los cuatro últimos años, después de la controvertida reforma fiscal de 2014. Este Acuerdo no incluye el incremento de los precios de las gasolinas, atribuido a la liberación de su mercado, que sigue representando una importante fuente de ingresos del sector público, sin que se haya encontrado forma de sustituirla.

La negociación del gasto. Mucho más difíciles son las negociaciones para la distribución del presupuesto. Más en este año que será el último para los gobiernos de nueve entidades federativas y para la inmensa mayoría de los ayuntamientos del país. Las romerías de gobernadores, presidentes municipales e incluso algunos funcionarios federales hacia la Cámara de Diputados forman parte del paisaje de estas semanas. También los diputados negocian entre sí. Cada una de las comisiones presenta las necesidades de recursos para su sector, y si son casi 50, ya podemos imaginarnos las maniobras que tiene que realizar la Comisión de Presupuesto, encargada de encontrarle la cuadratura al círculo. A esas tensiones habrá que sumar las gestiones especiales que cada grupo parlamentario realiza en favor de las administraciones estatales o municipales de su partido. Agréguense las obras o programas a atender en los distritos por intervención de la o el diputado federal.

Los resultados. Contra los pronósticos pesimistas que se alimentaban con los turbulentos inicios de septiembre, una amplia mayoría aprobó el dictamen en lo general sobre el PEF 2018, cinco días antes de la fecha fatal marcada en la Constitución. Durante más de 10 horas, decenas de diputados/as utilizaron la tribuna para discutir los artículos reservados. La votación final, bastante apretada, dejó ver los entretelones de una difícil negociación legislativa, finalmente exitosa.
 
Personajes en la encrucijada. En razón a su campo de responsabilidades, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, compareció varias veces ante el pleno de los diputados. Sin excepción, fueron eventos tranquilos y respetuosos, en los que el secretario se condujo con aplomo. No es común encontrar este ambiente en la mayoría de las comparecencias de funcionarios ante comisiones, menos aún cuando se trata de un serio aspirante a la candidatura presidencial. Otro personaje, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, logró lo que parecía imposible después del conflicto de inicios del periodo. Lo hizo sin estridencias, con un adecuado manejo de la asamblea y, seguramente, con una demandante negociación política.


La segunda parte de noviembre podría ser definitoria para el futuro inmediato de los dos protagonistas del presupuesto. José Antonio Meade puede terminar el mes como gobernador del Banco de México… o como candidato externo del PRI a la Presidencia de la República. Jorge Carlos Ramírez puede ver cristalizado su anhelo de la candidatura al gobierno de Yucatán, o ser amablemente invitado a formar parte del equipo del próximo candidato presidencial del PRI. Ambos, Meade y Ramírez, han mostrado en estos días temple de negociador; han sabido escuchar y conciliar intereses para obtener resultados tangibles, en un ambiente caracterizado por la crispación política. Poco falta para conocer el desenlace de estas dos historias.— Mérida, Yucatán.