miércoles, 12 de julio de 2017

Casonas y árboles. Bien público, propiedad privada.

Dulce María Sauri Riancho
“Lo mejor que puede sucederles a las casas viejas en el centro de Mérida es que se derrumben. Claro que requieren ayuda para que esto ocurra. En temporada de lluvias, tápenle los desagües de los techos y así, la mampostería cederá. No hay que esperar demasiado”. Quien condenaba a las viejas casonas a la destrucción era precisamente uno de los altos funcionarios responsabilizados de las obras públicas estatales, que participaba en un grupo de trabajo conformado por representantes de diversas dependencias, entre los cuales me encontraba. Al comenzar 1980, debíamos entregar el primer programa de desarrollo urbano del Estado, una de cuyas partes principales era el desenvolvimiento de la ciudad de Mérida. No entendí entonces —ni tampoco ahora— cómo un servidor público podía poner los medios para condenar al patrimonio puesto bajo su cuidado.
Contra estas intenciones de destrucción de lo antiguo surgió el decreto de Centro Histórico de Mérida, que puso bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) los predios de valor arquitectónico, histórico y cultural. Se decidió entonces proteger construcciones de la ola mercantilista que nos invadió en varios rumbos de la ciudad. Aun así, establecimientos públicos y privados se edificaron sobre señoriales casonas del Paseo de Montejo, misteriosamente derruidas en una noche. Al paso de los años, lentamente fue cambiando la percepción colectiva sobre el valor de las antiguas edificaciones. Mirando otras partes del mundo y de México, se vio que éstas podían volverse un elemento de identidad, a la vez de buenos negocios para sus propietarios. La relación entre el INAH y los dueños o adquirientes de los predios catalogados como de valor histórico no ha sido fácil. Éstos acusan a la institución gubernamental de obstaculizar cualquier mejora que se pretenda realizar, más cuando implica alguna nueva construcción. Sin embargo, vale decir que si no fuera por la obstinación de un puñado de técnicos del INAH, el daño patrimonial a la ciudad sería todavía mayor.

Llegaron extranjeros e inmigrantes de otros estados del país, compraron casas de diversos rumbos tradicionales de la ciudad y las remodelaron respetando su entorno. Arquitectos yucatecos se han especializado en este tipo de rescates, que han revalorizado sensiblemente los predios otrora abandonados.

Sin embargo, las grandes casonas siguen sin recibir la debida atención de sus propietarios. Las razones pueden ser múltiples: inversiones cuantiosas, pleitos familiares por herencias, o simplemente, desidia para lidiar con los trámites que requiere la aventura de la restauración. Y viene la temporada de lluvias. La maligna receta de los caños tapados cobra sus víctimas anuales. La seguridad de vecinos y transeúntes es prioritaria. Se habla de demolición, parcial o total, de los predios más afectados. La administración municipal actual, en conjunto con el INAH, ha buscado soluciones que combinen la seguridad pública con la preservación del patrimonio. Y es aquí cuando surge la pregunta respecto a los límites de la propiedad privada; hasta dónde puede ser responsable el dueño de una vieja casona por su destino, que forma parte de un bien público, como es la memoria histórica de una sociedad.

Seguramente las autoridades tienen un catálogo actualizado de las propiedades amenazadas de destrucción en el Centro Histórico de Mérida. Sabrán quiénes son sus propietarios y la situación legal de los predios. En estas mismas páginas se ha planteado la pertinencia de la creación de un patronato o un fideicomiso, a semejanza del establecido en Ciudad de México, que tanto ha hecho para la preservación de la zona. Se trata de unir fuerzas, sociedad y gobierno, para rescatar, rehabilitar, mejorar, preservar el patrimonio material de los meridanos. No todos los predios tienen la suerte de la Casa de Montejo con Banamex o del Hospital Rendón Peniche, con la UNAM. Pero hay otras muchas alternativas para darles vida a los edificios rescatados. Algunos, muy pocos, serán museos; otros tendrán usos comerciales —tiendas, restaurantes, hoteles boutiques— y otros más, casas habitación para familias que quieran disfrutar de un Centro Histórico revitalizado.

Como las antiguas casonas, los árboles son parte del patrimonio de la ciudad de Mérida y sus habitantes. El tema de la preservación del patrimonio arbolario a duras penas se abre paso en la conciencia social. Se avanza en los espacios públicos, pero todavía falta mucho para lograrlo en los jardines y patios de las casas. En una desgraciada similitud con las viejas casonas de los desagües tapados, a los árboles “estorbosos”, “sucios” por las hojas que sueltan, se les vierten líquidos venenosos para que mueran y así tener pretexto para cortarlos. O simplemente, se les tala para dejar espacio a una nueva construcción.


Las viejas casonas y los árboles de los patios tienen la común amenaza de ser considerados sólo propiedad privada, sujetos a necesidades individuales sin considerar el bienestar colectivo. Las casonas tienen al INAH y al INBA para su cuidado. Los árboles en las áreas públicas podrán estar protegidos por la nueva “Ley de conservación y desarrollo del arbolado urbano del estado de Yucatán”, expedida en mayo de este año. Las tensiones entre el bien público y la propiedad privada se resuelven con una buena e imaginativa regulación. Pero también con la conciencia de que todos somos por igual, habitantes de Mérida, con derecho al uso y disfrute de su patrimonio. Y la obligación de cuidarlo.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 5 de julio de 2017

Temporada política

Dulce María Sauri Riancho
En 365 días, el miércoles 4 de julio de 2018, se estará celebrando en todo el país el recuento de los votos emitidos el domingo anterior. Esa misma noche habrá ganador@ oficial de la presidencia de la república, de la gubernatura de Yucatán y de otros siete estados. En Yucatán tendremos nuev@ gobernador@ el 1 de octubre. En México, quien gane la Presidencia tomará las riendas del país el 1 de diciembre. ¿Es poco o mucho tiempo? Poco, para enmendar o reconsiderar actos de gobierno que los ciudadanos perciben como inadecuados, insuficientes o, lo que es peor, torcidos. Mucho tiempo será si consideramos que en las próximas semanas y meses la agenda política nacional estará dominada por las campañas. Y los ciudadanos, sujetos a una avalancha de propaganda por todos lados.
Foto: internet 
Este fin de semana tuvimos en Yucatán una probadita política de lo que viviremos en los meses por venir. Los tres principales partidos tuvieron presencia activa y masiva en la ciudad capital. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena y muy probable candidato presidencial; Margarita Zavala, en busca del apoyo del PAN para su postulación al cargo que hace cinco años concluyera su esposo. El PRI, con sus propias formas y tradiciones, realizó la asamblea estatal preparatoria de su asamblea nacional del próximo agosto. Vale la pena detenerse en analizar la información que los medios de comunicación nos brindaron sobre estos tres eventos, porque nos permitirá tener una visión más amplia sobre lo que se cocina en cada organización política y las distintas formas como se preparan para enfrentar la que ya se califica como la “madre de todas las elecciones”.

Comienzo con el partido en el gobierno. Con la razón y el pretexto de su próxima asamblea nacional de agosto, el PRI concentró a varios miles de militantes en las instalaciones de la Feria de Xmatkuil. El PRI optó por trasladarse al sur de la ciudad, para no generar en el Siglo XXI un caos por la salida masiva de vehículos a Progreso en el primer fin de semana de la temporada. La elección del lugar marca también un cambio de estrategia: cuidar hasta el mínimo detalle la percepción ciudadana sobre sus actos, en particular la de aquellos a los que en breve, tratará de convencer para que voten a su favor.

Asistieron todos los aspirantes a la gubernatura, quienes escucharon a Rolando Zapata marcar rumbo para su partido en los próximos meses. Al PRI le esperan tiempos complicados. Tendrá que decidir sobre la reelección en los 69 municipios que gobierna, al igual que sus 13 diputados locales. Tendrá también que lidiar con los cientos de aspirantes a integrar los 106 cabildos, más diputados locales, federales y senadores. Pero, a mi juicio, tendrá enfrente la trascendental tarea de convencer a un electorado escéptico de que el PRI representa la mejor opción de continuidad y cambio en el panorama político yucateco.

Será hasta después de su asamblea nacional, en agosto, cuando se den los primeros pasos del proceso interno priista hacia la candidatura presidencial y la forma como participarán sus militantes y simpatizantes en su definición.

Margarita Zavala confirmó con su presencia del sábado pasado los serios problemas que afronta el PAN para la definición de las candidaturas de 2018. La aspirante panista mejor posicionada no apoya la estrategia aliancista de su presidente nacional, pues considera que el PAN primero debe definir su candidat@ y, luego, solicitar que otras fuerzas políticas se sumen al proyecto político del partido albiazul. El “huevo de la serpiente” de la ambición anidó en la dirigencia nacional panista.

Nada hay peor para una organización política que su presidente sea juez y parte en el delicado proceso de la definición de la candidatura presidencial. Las tensiones de “arriba” tienen reflejo local. Un síntoma es el vacío que hicieron las dirigencias estatal y municipal de Mérida al evento sabatino de Margarita Zavala. Esta actitud puede haber causado una concurrencia menor a la esperada al Siglo XXI.

El Parque de la Paz, frente al Centenario, fue elegido por Andrés Manuel López Obrador para la firma del Acuerdo Político de Unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Los tres estados peninsulares fueron los últimos del calendario que Morena inició el 29 de enero en Michoacán, como una forma de promover la propuesta de “gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país”. A diferencia de otras entidades, en Mérida la asistencia estuvo integrada principalmente por simpatizantes o miembros de Morena. No se hizo patente que en Yucatán hubiera permeado la convocatoria a sumarse, en lo que corresponde a las clases medias o empresarios. En el evento dominguero destacó la participación de los vallisoletanos, encabezados por su alcaldesa, posible candidata de ese partido a la gubernatura del Estado. Morena dará mucho que hablar a nivel nacional en los próximos meses. No por la candidatura, que ya está virtualmente definida a favor de López Obrador, sino por la unidad de la izquierda. El resultado electoral del Estado de México debiera ser para Morena una dura lección sobre la necesidad de lograr acuerdos con otras fuerzas políticas no sólo con la ciudadanía.


Viene la asamblea nacional del PRI de agosto. Vienen los tiempos de inscribir coaliciones electorales, que habrán de estar conformadas antes de diciembre. Nerviosismo, desbordes, desfiguros habrán de acompañarnos en los próximos y muy políticos meses. ¡Arrancan motores! Vale la pena estar atentos.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 28 de junio de 2017

Nuevo sistema de justicia penal, señales de alerta

Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días, el Diario de Yucatán dio cuenta de dos robos cometidos en un exclusivo fraccionamiento del norte de la ciudad. Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los domicilios lograron captar imágenes de uno de los ladrones. Era el mismo personaje que, meses atrás, cometió un asalto similar en Quintana Roo. En esa ocasión fue detenido y llevado a juicio en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Admitió su culpa; aceptó reparar el daño y devolvió a la víctima del robo dos tantos más de lo que supuestamente había sustraído. Una vez conseguido el perdón por esta vía, salió a la calle para continuar sus actividades delictivas. La situación narrada es llamativa, pero no es excepcional. Tal parece que existe una puerta giratoria, una especie de rehilete, por el que más tardan los delincuentes en ser detenidos, que en lograr su libertad al amparo de los nuevos procedimientos judiciales.

Un breve repaso a las características del nuevo sistema de justicia penal puede ayudar a normar nuestro criterio sobre sus retos y posibilidades. Primer paso: la denuncia o detención inmediata, si la persona es sorprendida en flagrancia, tal como lamentablemente sucedió con el asesino de la joven mujer en Plaza Fiesta. Si esto último sucede, pasa de inmediato al juez. Segundo paso: la investigación. Corre a cargo de la policía especializada, que en el caso de Yucatán depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Con los elementos recabados, es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determina si se cuenta con suficientes evidencias para acudir al juez de control, que decide si se somete a juicio a la persona imputada. Si es el caso, el juez puede imponer medidas cautelares para asegurar su presencia. Tercer paso: el juez admite las pruebas que se revisarán durante el juicio y que son presentadas tanto por el imputado como por la víctima. En esta etapa del proceso es cuando se dan las llamadas “salidas alternativas”. Significa que el imputado acepte su culpa (como el ladrón de cajas fuertes) y repare el daño ocasionado a la víctima. Si el esfuerzo de mediación fracasa, se sigue juicio. Cuarto paso: el juicio oral. En el nuevo sistema de justicia, implica una audiencia pública en que el ministerio público, que actúa como acusador, y la defensa del imputado debaten ante el juez. Con estos argumentos, el juzgador decide sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado.
 
Desde mi perspectiva, son tres las novedades del recién implantado sistema penal.

1.- La cárcel. En el sistema anterior, cualquier acusado tenía en los hechos que demostrar su inocencia, las más de las veces, desde la cárcel. Si la media de prisión por los delitos presuntamente cometidos era inferior a cinco años, podía enfrentar el proceso en libertad, previo pago de una fianza. Esto hacía que solamente aquellos que contaran con recursos económicos, además de un buen abogado, pudieran evadir la prisión preventiva. Ahora, casi todos los “imputados” pueden hacerlo en libertad, portando un “brazalete”, que permite ubicar al procesado donde quiera que se encuentre; o el convencional sistema de presentarse a firmar con cierta periodicidad.

2.-Soluciones alternativas al juicio. Evitan que la gente vaya a la cárcel por robar desde una gallina hasta una caja fuerte. Sólo funcionan en los delitos que no son considerados “graves”, como son homicidio, secuestro, violación. Tampoco existe mediación para la violencia doméstica, que pone frente a frente a víctima y victimario, aunque muchas veces las mujeres otorgan el perdón a los cónyuges o parejas agresoras. “De lo perdido, lo que aparezca”, “más vale un buen arreglo a un mal pleito”, etc., refranes de la sabiduría popular que abonan a la mediación para evitar ir a juicio.

3.-El juicio. Es público y oral. Todo se graba en video-, para cualquier consulta posterior. De esta manera se pueden conocer con claridad los argumentos de las partes y las razones del juez para condenar o liberar al imputado.

No son pocas las voces de la sociedad que critican severamente los resultados de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. En algunos casos, como sucede en la ciudad de México, sus mismas autoridades atribuyen el aumento de los robos y asaltos a los nuevos mecanismos que, supuestamente, hacen nulos los esfuerzos de la policía y de los ministerios públicos para contener las actividades criminales. Y cuando nos enteramos de sucesos como los de los ladrones de cajas fuertes, también se los atribuimos al nuevo sistema, que no dejó bajo resguardo a los delincuentes.


Desconocemos el porcentaje de personas sujetas a proceso que respetan las nuevas medidas cautelares. Parece que sólo uno de cada diez lo hace, en tanto que los demás aprovechan la opción de libertad para poner pies en polvorosa, con todo y brazaletes electrónicos. Los acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército (metralletas, “cuernos de chivo”, morteros, etc.), también pueden rápidamente volver a la calle, porque no es delito grave. Estas aberraciones legales serán seguramente corregidas en breve tiempo. Pero falta el cambio verdadero, que se manifiesta en el terreno de la cultura y las prácticas sociales. ¿Por qué no huyen los acusados en Estados Unidos y aquí sí? Porque conocen el elevado costo que representa hacerlo. Reaprehendidos, los mandan a prisión sin alternativa alguna. La reincidencia delictiva se castiga duramente. Por eso la sociedad confía en un sistema que da oportunidad de rectificación. Pero si la persona no la aprovecha, entonces cae sobre ella el “duro peso de la ley”. Es el siguiente paso que debemos dar. En tanto, démosle oportunidad de madurar al nuevo sistema de justicia penal. Arreglémoslo, mejorémoslo, pero no lo desdibujemos y sobre todo, no caigamos en la nostalgia de extrañar el pasado. dulcesauri@gmail.com

miércoles, 21 de junio de 2017

Continuidad o cambio, dilema político.

Dulce María Sauri Riancho
El ambiente político trae vientos de cambio. En vísperas electorales, el partido en el gobierno -sea PRI, PAN o cualquier otro- insiste en remarcar logros. Las oposiciones de cualquier signo, machacan sobre los errores, deficiencias y vicios de la gestión pública saliente. Unos, los del gobierno, prometen continuar; otros, desde la oposición, dar paso a una nueva etapa. Habrá tiempo para discutir sobre las propuestas de cambio que, supongo, habrán de presentar los partidos y sus candidatos en cuanto sean definidos por las distintas organizaciones. Enfrascados en la barahúnda política, poco se habla sobre lo que se quiere preservar, no por parte del gobierno o de los candidatos, sino por exigencia de la sociedad. Por eso, amigos lectores, quisiera iniciar con ustedes un análisis sobre aquellas políticas y acciones de los actuales gobiernos estatal y municipal que debieran ser mantenidas por quien resulte triunfador@ en la contienda electoral del 1º de julio del año próximo.

No es fácil distinguir lo que vale la pena preservar de la actuación de un gobierno cuando llega su final. Es más fácil prestar atención a los errores, vicios y deficiencias que a los aciertos. En esa estrategia de “cambiar por cambiar”, se han desechado proyectos cuya maduración rebasa los límites de una administración; se han modificado estrategias de largo plazo, sin debatir sobre ellas, simplemente porque correspondían al anterior gobierno. Algunas veces sucede entre militantes de un mismo partido, aunque este fenómeno se ha observado principalmente cuando viene la alternancia.

Considero que hay consenso entre la sociedad yucateca sobre la importancia de mantener la seguridad pública y el ritmo de crecimiento económico. Son los dos temas más visibles, que aún los críticos más acendrados reconocen como logros del actual gobierno. Sin embargo, poco se habla de la cultura como una estrategia fundamental para mejorar y consolidar la calidad de vida de dos millones de yucatecos. Menos aún, de considerar a las políticas públicas y a los programas culturales asociados a la seguridad y al bienestar colectivo. Incluso, periódicamente hay intentos de descalificación sobre la inversión en proyectos vinculados a las artes y al desarrollo de los talentos de la niñez y juventud en estas ramas. El futuro “Palacio de la Música”, erigido en la emblemática esquina de la 58 con 59, parece desdecir esta indiferencia. Sin embargo, necesita tiempo para pasar de ser una construcción a un verdadero centro de desarrollo artístico.

En cinco años, esta administración ha impulsado mucho más que obras materiales en la cultura y las artes de Yucatán. Argumento mi dicho con tres experiencias personales que, a mi juicio, demuestra que vamos en dirección correcta.

El martes 13, tuve ocasión de asistir a un concierto de música de cámara cuyos ejecutantes son alumnos de la Escuela Superior de Música de Yucatán. Piano, flauta, cello, violín, viola, se entremezclaron en un programa que muestra la alta calidad académica que alcanzan los estudiantes que se forman en sus aulas. La ESAY, por formar parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, responde a una estrategia de largo aliento para consolidar a nuestro estado como centro regional de excelencia en investigación y desarrollo científico, en el cual las artes tienen un destacado papel.

El domingo anterior acudí a la representación de la ópera “Pagliacci” de R. Leoncavallo. Fue el cierre de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, después de trece magníficos conciertos. El esfuerzo desplegado en el escenario, no sólo fue de las figuras principales y la orquesta, sino también del Taller de Ópera de Yucatán dependiente de la Secretaría de Cultura, cuyos integrantes formaron los excepcionales coros de esta producción.

Este lunes acudí a la presentación de resultados del Taller de composición musical de la ESAY. Con el provocador título de “Clásicos del Futuro”, tres jóvenes estudiantes presentaron sus obras ejecutadas por músicos titulares de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que pusieron su virtuosismo a las órdenes de los noveles compositores. Si formar intérpretes de excelencia es un enorme reto, generar condiciones para el desarrollo de la creatividad que implica la composición musical, es todavía más complejo. Y está sucediendo en Yucatán, quizá sin que muchos de nosotros nos demos por enterados.

El denominador común de estas tres manifestaciones artísticas es la Continuidad. Arraigar una orquesta sinfónica en la sociedad yucateca ha tomado más de trece años, mismo periodo ´que lleva el Taller de Ópera. Coincidentemente, la ESAY fue fundada también en 2004. En ese emblemático año para las instituciones culturales yucatecas, gobernaba el PAN. Se desarrollaron en una administración priísta y están dando frutos en otra del mismo partido. Ha sido posible por las mujeres y los hombres que han dedicado su energía, su tiempo y su voluntad a librar toda clase de obstáculos para salir adelante. También porque el gobierno les ha brindado apoyo. Un fideicomiso garantiza una aportación anual gubernamental a la Sinfónica, que se combina con las donaciones de cientos de personas. Las secretarías de Cultura y de Investigación, Innovación y Educación Superior tienen un destacado papel en la formación de creadores, ejecutantes, críticos y docentes especializados en todas las disciplinas relacionadas con la actividad artística.


En el dilema de “continuidad o cambio”, bien vale luchar por las instituciones culturales de nuestro estado. Que se profundice el compromiso gubernamental con sus programas y acciones. Que los funcionarios sepan que la sociedad así se los exige. Y que los candidatos, ¡lo pongan en sus radares políticos!. dulcesauri@gmail.com