miércoles, 15 de noviembre de 2017

Presupuesto 2018, aprobado. Ahora, lo que sigue.

Dulce María Sauri Riancho
Nunca como ahora se hallan entrelazados los tiempos políticos y los presupuestales. El largo camino de aprobación del “paquete económico” 2018, que comenzó desde el 8 de septiembre, concluyó antes de su fecha límite del 15 de noviembre. Nada y todo fue diferente este año. Fue igual el tiempo de presentación y el formato de discusión. Un terremoto cambió objetivos y cifras. Varios protagonistas de este complejo proceso son, por hoy, personajes de historias de suspenso, quizá figuras estelares, en las decisiones políticas por venir. Vayamos por partes.

Los tiempos. El Ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 (PEF), la que corresponde al cierre de su administración, desde principios de septiembre. Doce días después de presentarla sucedió el sismo que afectó extensas zonas del centro-sur del país y Ciudad de México. La aguda necesidad de miles de familias que perdieron casa y fuente de ingreso; las escuelas, hospitales y centros de salud destruidos o gravemente dañados obligaban a una reformulación de las prioridades presupuestales, tanto en las urgencias a atender en el resto del año, como en el proyecto para 2018.

Las cifras. Cinco billones 280 mil millones alcanza el total de los ingresos contemplados para el año próximo, el último de la presente administración. El Ejecutivo había estimado 43 mil millones menos, pero los legisladores lograron incrementar las estimaciones aumentando el precio del petróleo de 46 a 48.5 dólares y modificando la paridad peso-dólar, de 18.1 a 18.4 pesos por dólar. Fue la única vía que encontraron los diputados para disponer de recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por sismos y huracanes, así como solventar importantes disminuciones que consideraba la iniciativa presidencial, por ejemplo, en los programas destinados a pobladores del campo y sus actividades agrícolas. Las dos cámaras —diputados y senadores— aprobaron la Ley de Ingresos un día antes del plazo límite y los diputados pudieron comenzar las complejas negociaciones para distribuir los recursos a recaudar por impuestos y derechos.

La negociación de los ingresos. Junto con las iniciativas en materia económica llegan a ambas cámaras los gestores y los cabilderos. Cuando de ingresos se trata, agentes de grandes empresas tratan de “convencer” a los legisladores de no incrementar impuestos a tal o cual negocio. En esta materia, se cuenta con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, por el cual el Ejecutivo se comprometió a no proponer nuevos impuestos o a incrementar la tasa de los existentes. Tal parece que ha funcionado en los cuatro últimos años, después de la controvertida reforma fiscal de 2014. Este Acuerdo no incluye el incremento de los precios de las gasolinas, atribuido a la liberación de su mercado, que sigue representando una importante fuente de ingresos del sector público, sin que se haya encontrado forma de sustituirla.

La negociación del gasto. Mucho más difíciles son las negociaciones para la distribución del presupuesto. Más en este año que será el último para los gobiernos de nueve entidades federativas y para la inmensa mayoría de los ayuntamientos del país. Las romerías de gobernadores, presidentes municipales e incluso algunos funcionarios federales hacia la Cámara de Diputados forman parte del paisaje de estas semanas. También los diputados negocian entre sí. Cada una de las comisiones presenta las necesidades de recursos para su sector, y si son casi 50, ya podemos imaginarnos las maniobras que tiene que realizar la Comisión de Presupuesto, encargada de encontrarle la cuadratura al círculo. A esas tensiones habrá que sumar las gestiones especiales que cada grupo parlamentario realiza en favor de las administraciones estatales o municipales de su partido. Agréguense las obras o programas a atender en los distritos por intervención de la o el diputado federal.

Los resultados. Contra los pronósticos pesimistas que se alimentaban con los turbulentos inicios de septiembre, una amplia mayoría aprobó el dictamen en lo general sobre el PEF 2018, cinco días antes de la fecha fatal marcada en la Constitución. Durante más de 10 horas, decenas de diputados/as utilizaron la tribuna para discutir los artículos reservados. La votación final, bastante apretada, dejó ver los entretelones de una difícil negociación legislativa, finalmente exitosa.
 
Personajes en la encrucijada. En razón a su campo de responsabilidades, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, compareció varias veces ante el pleno de los diputados. Sin excepción, fueron eventos tranquilos y respetuosos, en los que el secretario se condujo con aplomo. No es común encontrar este ambiente en la mayoría de las comparecencias de funcionarios ante comisiones, menos aún cuando se trata de un serio aspirante a la candidatura presidencial. Otro personaje, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, logró lo que parecía imposible después del conflicto de inicios del periodo. Lo hizo sin estridencias, con un adecuado manejo de la asamblea y, seguramente, con una demandante negociación política.


La segunda parte de noviembre podría ser definitoria para el futuro inmediato de los dos protagonistas del presupuesto. José Antonio Meade puede terminar el mes como gobernador del Banco de México… o como candidato externo del PRI a la Presidencia de la República. Jorge Carlos Ramírez puede ver cristalizado su anhelo de la candidatura al gobierno de Yucatán, o ser amablemente invitado a formar parte del equipo del próximo candidato presidencial del PRI. Ambos, Meade y Ramírez, han mostrado en estos días temple de negociador; han sabido escuchar y conciliar intereses para obtener resultados tangibles, en un ambiente caracterizado por la crispación política. Poco falta para conocer el desenlace de estas dos historias.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Recuentos municipales. Termómetro político

Dulce María Sauri Riancho
Aunque la atención pública se concentra en las candidaturas a la presidencia de la república y a la gubernatura del estado, las fiebres preelectorales más intensas se viven quizá en los 106 municipios. Grandes y pequeños en población, todos viven la agitación previa a las definiciones de los partidos en el ámbito municipal. El PRI fue la organización política que primero mostró sus cartas, pues el domingo 29 de octubre realizó un recuento en 19 municipios para definir a sus precandidatos. Sus adversarios se han encargado de denunciar la aplicación de este procedimiento de “usos y costumbres” como actos anticipados de campaña, pues como ya se sabe, será a finales de noviembre cuando se emitan las convocatorias para el registro de precandidatos y comenzar las actividades formales el 14 de diciembre.
Vale la pena considerar un antecedente respecto a los llamados “recuentos”. Consiste básicamente en “contar” a los partidarios de cada uno de los aspirantes, formados en fila en el sitio convenido previamente. Durante años fue el mecanismo preferido y aplicado, por el PRI, para definir candidatos en muchos municipios de la entidad. En esta ocasión, los “recuentos” priístas cambiaron sus formas para convertirse en una gran negociación, abierta, entre las y los candidatos y en la que participó la población interesada. Se trata de un acuerdo pactado, no puede tener mayor alcance, puesto que aún no transcurren los tiempos legales. Sin embargo, los resultados del sondeo priísta aplicado en poco menos del 20% de los municipios son muy interesantes para analizar dos de las cuestiones que dominan el actual proceso electoral municipal. Me refiero a la reelección consecutiva de los ayuntamientos y a la aplicación de la paridad de género.

Doce de esos 19 municipios tienen actualmente gobiernos del PRI. En cinco municipios las autoridades provienen del PAN, y del Verde y Nueva Alianza en los dos restantes. Respecto a los cabildos priístas, sólo en uno de los doce casos, Tahdziú, ganó el recuento el actual presidente municipal. Ignoro si hubo alguna pretensión de otros alcaldes en ejercicio de permanecer en el cargo, o cuántos hayan participado y perdido. ¿Por qué un número tan reducido de aspirantes a reelegirse? La ley abrió la puerta de la reelección, pero la costumbre de renovación trianual de las autoridades tiene todavía una extraordinaria fuerza entre la población municipal. “Si ya bailó, debe sentarse”, parece decir la conseja popular que prevalece ante la posibilidad de continuar una obra de gobierno. Mucho nos falta para conocer la percepción ciudadana sobre la reelección. No basta con la teoría del voto como “premio” o “castigo” al desempeño de quien aspira a reelegirse. Considero que, a nivel municipal, sigue siendo muy importante la rotación de los cargos, concretar la esperanza de la renovación, antes que votar por la permanencia de una autoridad en el ayuntamiento.

La cosecha priísta fue magra respecto a la participación de las mujeres: sólo tres emergieron como triunfadoras. En Ixil, una mujer puede ser candidata y presidenta por primera vez en la historia municipal. En Teabo, también priísta, el ayuntamiento podrá tener jefatura femenina por tercera vez. En Kantunil, gobernado actualmente por el PAN, una mujer ganó el recuento; ella fue presidenta municipal en el periodo 2001-2004. De la docena de municipios priístas, sólo uno está gobernado por una mujer, Akil, donde un hombre se impuso en el recuento. Siete de los 19 municipios sometidos al sondeo priísta forman parte de la lista de 43 cabildos que nunca han tenido jefatura femenina. ¿Cómo le hará el PRI –y los otros partidos- para aplicar el principio de paridad? Ciertamente el ejercicio priísta refuerza las preocupaciones sobre el cabal cumplimiento de este revolucionario precepto. Un apunte es lo ocurrido en los recuentos de Telchac Puerto y Maní, donde el PRI tuvo candidatas a presidentas municipales en 2015 que perdieron frente al Verde y PAN, respectivamente. En esta ocasión, fueron hombres quienes se impusieron en los recuentos. Tal parece que la derrota se atribuyó al género de las candidatas en estos dos municipios, que tampoco han tenido mujeres alcaldesas.

Las resistencias más poderosas a las transformaciones democráticas provienen de la cultura política. Las reformas de ley son condición necesaria para modificar la realidad, pero nunca serán suficientes mientras prevalezcan las costumbres, prejuicios y hábitos arraigados en una tradición que se niega a morir. Pasa con la paridad, se expresa también en las actitudes de los “adelantados”. La norma no puede prever todas y cada una de las circunstancias concretas en que tiene que expresarse. ¿Quién puede impedir, por ejemplo, un acuerdo entre partidos aliados a nivel nacional o estatal para presentar mujer y hombre en las elecciones municipales? Así cada uno cumpliría formalmente con la paridad, pero a la vez, buscaría ganar la elección exacerbando las actitudes machistas todavía existentes. Lo mismo sucede con los actos anticipados de campaña electoral. Se practican porque no solamente carecen de sanción legal, sino porque la sociedad, las y los ciudadanos los toleran, consienten e incluso, hasta celebran como muestra de un supuesto “ingenio” para evadir la norma.


Domingo 7. Ese día de noviembre de 1999, hace 18 años, se celebró la elección interna del PRI para definir la candidatura presidencial. Participaron cuatro aspirantes; hubo más de 10 millones de votos de militantes y ciudadan@s de todo el país. La aplicación de este novedoso método fue necesario para competir, pero no fue suficiente para ganar la presidencia de la república. La energía y el dinero invertido y la división interna imposible de salvar, desdibujaron las posibilidades de triunfo. El método es sólo un camino, no un dios o un oráculo infalible para producir candidaturas ganadoras. Decirlo de otra manera es pretender engañar a la ciudadanía o buscar a costa de lo que sea, llevar agua al molino de los propios intereses.

miércoles, 25 de octubre de 2017

Campañas ¿cortas? Ocho meses agitados.

Dulce María Sauri Riancho
Ahora sí empezaron los partidos políticos a recorrer la ruta hacia 2018. El fin de semana pasado todos, sin excepción, definieron el método para elegir a sus candidato/as. De acuerdo con lo que marcan los estatutos de cada partido, los integrantes de sus consejos, comités y órganos electorales internos seleccionaron el procedimiento que consideraron más adecuado para abonar a un mejor desempeño electoral el próximo 1 de julio.

El PRI eligió la convención de delegados; el PAN, entremezcló dos procedimientos, la designación directa y la elección entre sus militantes; el PRD definió realizar su postulación mediante un “consejo electivo”; en Morena, hace tiempo se sabe quién es su candidato. Trataré de explicar en qué consisten estos procedimientos, porque de su aplicación surgirán las personas que los respectivos partidos postularán a los cargos de representación, significativamente a la Presidencia de la República.
Los estatutos del PRI consideran dos métodos para la postulación a la Presidencia. Uno es la consulta directa, que puede ser abierta a la ciudadanía o participar sólo sus militantes. Ese fue el procedimiento seleccionado en 1999, que llevó a un exitoso proceso interno, con la participación de más de 10 millones de personas de todo el país. Nadie puede echarle la culpa al método, pero ciertamente fue uno de los factores que influyó en la derrota del PRI de 2000, entre otras cosas, porque el partido quedó dividido y sin dinero.

Con estos antecedentes, se puede comprender la reticencia de un grupo grande de priistas a adoptar este método, que asocian, con razón o sin ella, al fracaso de ese año. En cambio, la convención de delegados garantiza la participación de miles de militantes en sus distintas etapas. Habrá asambleas desde los municipios, los distritos y los estados, para elegir a delegadas y delegados que tendrán la encomienda de votar a favor del precandidato/a de su preferencia cuando se realice la convención nacional.

El PAN definió para elegir a su candidato a la Presidencia de la República la vía de la elección de su militancia que, según el INE, asciende a 220,573 personas en todo el país (los registrados en Yucatán son alrededor de 6,900). Sin embargo, la mayoría de las candidaturas del PAN en los estados y en las posiciones federales se resolverán por “designación”, entre los cuales están incluidos los futuros candidatos de Yucatán. Esto significa que un reducido grupo de la dirigencia panista definirá las candidaturas, decisión que deberá ser acatada por todos. El método es estatutario, aunque no parezca muy democrático. Los panistas tienen sus propios fantasmas en cuanto al método directo, al que le achacan divisiones internas y descalabros electorales por esa situación. ¿Cómo, entonces, eligieron la vía de la participación de toda su militancia para elegir a su candidato a la Presidencia?

Muy probablemente porque sus líderes nacionales albergan la esperanza de que la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano eliminará la obligación de aplicar ese método. La factibilidad del frente electoral se finca en la posibilidad de lograr un acuerdo entre las dirigencias de los tres partidos para postular un candidato “de unidad”, un candidato que satisfaga las expectativas de los tres partidos.

El PRD también definió su método, por si la constitución del Frente Ciudadano falla. Se denomina “consejo electivo” y está integrado exclusivamente por los consejeros nacionales, “quienes tomarán en cuenta sondeos, encuestas y acuerdos entre precandidatos”.

Tanto en el PRI como en el PAN hay voces que exigen una elección “abierta”. Rafael Moreno Valle, aspirante panista, logró que el Consejo adoptara la resolución que él había venido impulsando. A ver cuánto le dura el gusto, pues la coalición barrería con las determinaciones adoptadas apenas el viernes pasado. En cuanto al PRI, la insistencia ha provenido de la ex gobernadora de Yucatán, quien ya expresó que intentará obtener la candidatura con el método que fue establecido por el Consejo Nacional.

Los partidos ya notificaron al INE, el pasado fin de semana, sobre el procedimiento de postulación que definieron sus órganos internos. El siguiente paso será la emisión de las respectivas convocatorias. A finales de noviembre, todos los partidos tendrán que expedirlas, para que los aspirantes conozcan tiempos y condiciones, y evalúen si llenan los requisitos de la Ley y de sus propios partidos para calificar.

Los partidos, después de inscribir a sus precandidatos, deberán comunicar sus nombres al INE, que llevará puntual registro de esta relación y fiscalizará las campañas internas. Todos los inscritos como precandidatos, ellas y ellos, comenzarán la campaña interna, conocida también como precampaña, el 14 de diciembre, para concluirla casi dos meses después, el 11 de febrero.


Muchos años la larga duración de las campañas electorales fue motivo de reclamo social. El IFE y los institutos estatales se dieron a la tarea de reducir los tiempos oficiales de campaña y de imponer una normatividad sumamente compleja para controlarlas. En Yucatán se llegó a reducir el tiempo a 60 días. Pero con la llegada del INE y de las OPLES, el prurito de normar y de vigilar llevó a homologar fechas y plazos, dando como resultado que ahora México entero estará en campaña permanente, desde el 14 de diciembre al 27 de junio, día de cierre del largo y seguramente, agitado ciclo. Y ¡al fin!: elección, el 1 de julio.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Zona especial de Progreso. Castigar buenos resultados

Dulce María Sauri Riancho
“No hay mal que por bien no venga”, dice el refrán. Así sucedió con las declaraciones del presidente nacional de la Asoociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) de días pasados, en las que afirmó que Yucatán no contaría con una Zona Económica Especial (ZEE), tal como se estableció desde junio del 2016. Enseguida vinieron los desmentidos del responsable nacional de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien enfáticamente señaló lo contrario. Tal parecía que habría sido un “malentendido” del dirigente de la ANEFAC pero, como otro refrán expresa: “cuando el río suena, agua lleva”. Y en el caso yucateco, lo que trae este embrollo declarativo tiene alguna base de realidad. Sí habrá zona económica especial para Yucatán, pero no tendrá los mismos incentivos fiscales de las de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Y la razón expresada por Gutiérrez Candiani es que el estado “ya salió de la pobreza extrema”, de acuerdo a los índices de CONEVAL.

Pretender desarrollar regiones rezagadas mediante ZEE no es una novedad, ni en México ni en el mundo. El régimen de las maquiladoras de exportación implantado en la década de 1960, permitió el desarrollo económico de la frontera norte de México, en forma destacada Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros y Reinosa, entre otras ciudades. Esta política fue tan exitosa que fue tomada como modelo por el presidente Deng Xiaoping, quien la impulsó en la región pacífico-sur de China, hasta transformarla en motor del despegue económico del gigante asiático. No son una panacea para combatir la pobreza y la desigualdad, basta recordar que más de la mitad de los intentos en el mundo (1,700), han terminado en fracaso. Esta elevada tasa se debe a que no sólo se trata de aplicar medidas de naturaleza fiscal o arancelaria, sino también de considerar las políticas públicas que las deben acompañar y muy particularmente, entender el tejido social en que se insertan.

Las ZEE aspiran a cerrar las brechas regionales entre la región norte y sur-sureste de México, creando nuevos polos de desarrollo industrial que “atraigan inversiones, generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y otorguen beneficios a la población”. Fueron creadas mediante una ley expedida por el Congreso de la Unión en abril de 2016, en la cual se incluyó a Yucatán, ubicado en el décimo lugar de los indicadores de pobreza entonces vigentes. El régimen de zona económica no es extensivo a todo el territorio estatal sino a un municipio y una superficie delimitada en la declaratoria expedida por el Ejecutivo federal con ese objeto.

En materia de ZEE, nada ha sido fácil para el gobierno del estado, empresarios y legisladores federales yucatecos. Estamos en la región sur-sureste, la más deprimida del país; sin embargo, los tres estados peninsulares gozamos de una situación un poco mejor que el conjunto. En este sexenio, Yucatán comenzó a mostrar cambios favorables en los indicadores de combate a la pobreza, crecimiento económico y de empleos formales. Hubo resistencias en la ciudad de México para incluir a Yucatán, que fueron vencidas mediante una eficaz gestión de los legisladores federales. Pero hubo una condición establecida sólo para nuestro estado: la ZEE de Progreso podrá albergar exclusivamente a empresas dedicadas a las telecomunicaciones, información (TIC) o de base tecnológica avanzada. Esta limitación, lejos de perjudicar, permitirá concentrar los esfuerzos en dotar a Yucatán de un espacio en la economía del conocimiento. Las actividades manufactureras seguirán atendiéndose en el resto del estado y no tendrán cabida en este régimen especial.

Las autoridades se aplicaron en la tarea de cubrir todos los requisitos para que el presidente Peña Nieto y su gabinete firmaran la declaratoria de ZEE. Tenemos Ley de Coordinación de ZEE (12 diciembre de 2016); el Congreso autorizó al Ejecutivo estatal para donar a la federación 18 predios de su propiedad en el municipio de Progreso, con el objeto de conformar el territorio de la ZEE yucateca (20 febrero de 2017). Fuimos los primeros en “palomear” la lista completa. Pero el pasado 29 de septiembre, cuando se dieron a conocer tres declaratorias de ZEE, no vino Progreso. Se dijo que atendían prioritariamente a las entidades afectadas por sismos y huracanes en este fatídico septiembre. Que vendríamos incluidos en el “segundo paquete”. Esperar unas semanas no parece el fin del mundo, menos tratándose del proyecto de ZEE. Sí lo lastimaría seriamente si se establece un tratamiento fiscal distinto para Progreso, dado que este año dejamos de estar entre los 10 estados más pobres de México. ¿Castigar el éxito relativo y los buenos resultados que se van alcanzando? Si así fuera, ya no serían 10 años de no pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas que operen dentro de la ZEE de Progreso, sino solamente 8 años y al 50%. ¿Y el IVA? ¿Tampoco será deducible 100%? ¿Y el régimen aduanero sería menos favorable?

La ZEE de Yucatán es pieza de una estrategia integral de modernización en un mundo global. Nos aprestamos a competir en las grandes ligas de las empresas líderes en las TIC, a las cuales buscamos atraer y arraigar. Miles de jóvenes mujeres y hombres yucatecos se están preparando en ingeniería y ciencias exactas. No es quimera apuntar hacia el “Silicon Valley” de México, radicado en el Mayab. El gobierno federal no puede actuar como el cangrejo con Yucatán: tirarlo hacia abajo porque va saliendo del cubo. No nos conformaremos con menos incentivos que los contenidos en las primeras tres declaratorias de ZEE.


A nuestros legisladores federales: ¡abusados con el paquete económico! En las próximas semanas tendrán cerquita a quienes firmarán la declaratoria. Aquí sí podrá venir el presidente de la república el 30 de noviembre de 2018 a inaugurar la ZEE de Progreso como postrer evento de su administración.